La causa que involucra a Miguel Calvete, las droguerías, los retornos ilegales y las conexiones con el corazón político y mediático del gobierno de Javier Milei sigue creciendo como una bola de fuego que amenaza con devorar a buena parte del aparato libertario. Y cuando parecía que el gobierno había logrado encapsular el escándalo, el diputado nacional Rodolfo Tailhade volvió a dinamitar la escena pública. Lo hizo en X, donde desplegó un hilo demoledor con diez preguntas que —más que dudas— funcionan como un mapa de conexiones, encubrimientos y complicidades que van desde operadores mediáticos hasta funcionarios de la Oficina Anticorrupción, pasando por valijeros, repartidores de sobres y lavadores de dinero que ya integran la mitología negra del mileísmo.
Tailhade no se limitó a denunciar; expuso punto por punto el detrás de escena que el oficialismo intenta tapar, especialmente la ruta del presunto “3% para Karina”, la hermana presidencial y figura clave de La Libertad Avanza. El disparador es transparente: los cuadernos de Calvete —que registran un circuito de coimas, retornos y presiones a laboratorios— permanecen sospechosamente fuera del radar de ciertos medios dominantes, mientras Infobae dedica horas y horas a “la otra causa de los cuadernos”, aquella que ya fue denunciada como una operación aberrante de extorsión política montada por el fallecido Claudio Bonadío y el ex fiscal plantadroga Carlos Stornelli.
La primera pregunta de Tailhade ya golpea a uno de los corazones del ecosistema mediático del poder: ¿el Patricio Acosta que aparece en los cuadernos de Calvete es el mismo que actúa como valijero de Daniel Hadad? Porque si así fuera, la ausencia del caso en Infobae dejaría de ser un misterio para convertirse en un ejemplo obsceno de blindaje mediático, un clásico de la prensa “independiente” que protege amigos y castiga opositores según la billetera de turno.
La segunda arista que Tailhade apunta es el silencio del secretario de Niñez y Familia, Pablo Lavigne, y del inefable Luis “Timba” Caputo. La renuncia masiva de los implicados —incluyendo la esposa, la hija y el yerno del propio Calvete— no despeja nada. Sólo confirma que la red existía y que operaba bajo la sombra de funcionarios con poder real. Milei prometió dinamitar la casta, pero dentro del Estado que conduce floreció un circuito paralelo que recaudaba a costa de personas con discapacidad.
El hilo también se mete de lleno en la Oficina Anticorrupción, una institución supuestamente encargada de velar por la integridad pública. Tailhade señala que Camilo Cordero Fabbri, funcionario de la OA, habría cobrado 50 mil dólares para defender a Calvete. Si esto se confirma, no sólo estaríamos frente a una contradicción institucional grotesca sino frente a un mecanismo de impunidad aceitado desde el propio organismo que debería combatirla. Una burla histórica al concepto de ética pública.
Otro eje explosivo es la posible trama de sobres repartidos a periodistas. Tailhade menciona nombres concretos: Gabriel Levinas, Horacio Caride —jefe del servicio informativo de Radio Mitre—, Luis “Napkin” Gasulla y hasta el hijo de Mauro Viale. El modus operandi recuerda inevitablemente al que protagonizaron Marcelo D’Alessio y la banda mediático-judicial que integraban Daniel Santoro y Carlos Savoia, una estructura que usaba expedientes, carpetas y amenazas para disciplinar al mundo empresarial. Si Calvete hacía algo similar, la pregunta ya no es quién recibía los sobres, sino quién los encargaba.
La trama llega a un punto todavía más turbio cuando aparece el nombre de Sergio Daniel Mastropietro, señalado como lavador de las coimas y figura con un pasado pesado. Según el hilo de Tailhade, Mastropietro ya operaba durante el macrismo, cuando estuvo al frente de Avian para facilitar negocios aeronáuticos, y su nombre aparece vinculado al narco Fred Machado, al punto de haber tenido cédula azul de una camioneta prestada por este último a José Luis Espert. El cruce entre negocios turbios, narcotráfico, política y aviación comercial hace estallar cualquier intento de narrativa oficialista sobre transparencia y “nueva política”. Para completar el cuadro, el diputado afirma que Mastropietro habría recibido el aviso de que le secuestrarían el celular y que una alta funcionaria del Ministerio de Seguridad intervino para que la PSA lo dejara descartar el aparato. El detalle final, casi tragicómico, es que el marido de esa funcionaria hoy se dedica al teatro de revistas, como si se tratara de una metáfora involuntaria del grotesco en que se convirtió el Estado libertario.
Tailhade también pregunta qué hacen los nombres de Fred y Karen Machado en los cuadernos de Calvete. Y qué hace ahí el “ruffiano” Martiniano Molina. La lista de nombres propios que orbitan la causa no sólo es extensa: es reveladora. Habla de un sistema, no de un individuo. Habla de una red política, empresarial y mediática aceitada. Habla de plata que entraba, plata que salía y plata que alguien decidía destinar al presunto “3% para Karina”.
La pregunta final del diputado resume la principal preocupación que recorre todo el escándalo: ¿quiénes son KM, SC y ML, las siglas que figuran al final del circuito de coimas? Las opciones que Tailhade plantea son un tiro directo al corazón del oficialismo y del Poder Judicial: ¿Karlos Mahiques, Sebastián Casanello y Mariano Llorens? ¿Karina Mazocco, Sofía Castiglione y Mirtha Legrand? ¿O —la más explosiva de todas— Karina Milei, Santiago Caputo y Mario Lugones? Las siglas funcionan como el punto ciego de un entramado donde todos parecen saber algo pero nadie lo dice en voz alta.
Lo que Tailhade hizo, en definitiva, fue destruir el cerco de silencio que el gobierno intenta imponer alrededor de la causa. Puso nombres, roles, fechas y vínculos que el Estado no puede seguir ocultando. Y expuso un patrón: cada vez que un expediente toca a los poderosos, la Justicia congela, los medios callan, los funcionarios huyen y la impunidad avanza. Los cuadernos de Calvete no son un caso aislado: son el espejo más crudo del proyecto de poder que Milei construyó con empresarios, lobistas, intermediarios y operadores que hoy se pelean por borrar sus huellas.
La diferencia ahora es que el escándalo ya no se puede tapar. Y que las preguntas que Tailhade lanzó no sólo incomodan: delimitan el campo de batalla donde se define cuánta verdad puede soportar un gobierno sostenido por la mentira, la violencia y el blindaje mediático.
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