En un país donde la corporación judicial opera como un poder autónomo, blindado y cada vez más deslegitimado ante la opinión pública, la denuncia que publicó este miércoles el diputado nacional Rodolfo Tailhade vuelve a exponer el corazón de un sistema que funciona más para garantizar impunidades que para esclarecer delitos.
Esta vez, el foco está puesto en la jueza María Eugenia Capuchetti, encargada de la causa por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, un episodio que marcó a fuego la política argentina y que, a más de dos años, sigue atrapado en una telaraña de encubrimientos, maniobras y silencios cómplices.
Tailhade fue contundente. En su posteo público acusó directamente a la magistrada de haber arruinado la principal prueba del expediente: el teléfono celular de Fernando Sabag Montiel, el atacante que gatilló a centímetros de la cabeza de Cristina. La denuncia no es nueva —Capuchetti ya había sido señalada por su negligencia y por la insólita decisión de entregar el dispositivo a una fuerza sin capacidad técnica para preservarlo—, pero lo que sí es nuevo es el avance formal de la investigación en el Consejo de la Magistratura, según confirmó el propio legislador.
La política, la justicia y los medios volvieron a cruzarse en un territorio espeso. Tailhade señaló que “los indignos escribas del poder, Hernán Capiello de La Nación y Daniel Sanchorro de Clarín, no te lo van a contar”. La frase no es una provocación aislada: es un diagnóstico de época. Los grandes medios que blindan a los jueces funcionales al oficialismo —los mismos que construyen relatos de “república” mientras callan frente a las tropelías de Comodoro Py— jamás cuestionaron el rol de Capuchetti, pese a que su manejo del expediente roza lo grotesco.
Tailhade detalló que durante meses la investigación estuvo bloqueada por chicanas procesales, presiones y maniobras de la corporación judicial para impedir que se profundizara en las conexiones políticas, económicas y organizativas detrás del atentado. Nada de eso apareció en las tapas de Clarín o La Nación, que desde el primer momento impulsaron la idea de un “lobo solitario”, un relato infantil que pretendía reducir un hecho político gravísimo a la locura de un marginal. La misma narrativa que Capuchetti contribuyó a consolidar cerrando líneas de investigación, limitando peritajes y dilatando decisiones clave.
La intervención del Consejo de la Magistratura llega, entonces, en un momento crítico. Según el diputado, lograron frustrar el intento de Capuchetti y de la corporación judicial por cerrar de inmediato la causa, lo que hubiera significado la consagración definitiva de una impunidad obscena. Que la jueza pretendiera clausurar el expediente sin investigar el borrado del teléfono, sin indagar los vínculos de los acusados con financistas, operadores políticos y estructuras paraestatales, y sin siquiera permitir pericias independientes, desnuda la precariedad moral de un poder judicial que opera más como guarida que como institución.
El trasfondo es evidente: el atentado contra Cristina nunca fue un hecho aislado. Estuvo rodeado de discursos de odio legitimados desde los grandes medios, de financiamiento opaco, de organizaciones de fachada y de operadores que hoy orbitan alrededor del gobierno libertario. Investigar ese entramado implica tocar intereses pesados. Y ahí es donde Capuchetti aparece como pieza funcional: una magistrada que, tal como denuncia Tailhade, intentó blindar a todo ese entramado para que nada saliera a la luz.
El avance de la investigación disciplinaria no resuelve el fondo del asunto, pero abre una grieta en el muro de impunidad. Expone, una vez más, que la independencia judicial es una ficción cuando los jueces están alineados con grupos de poder que operan por fuera de cualquier control democrático. Y muestra que, detrás del discurso libertario de “modernizar la justicia”, lo que opera realmente es un pacto de protección mutua entre funcionarios judiciales, medios concentrados y un oficialismo que necesita garantizar silencios.
Tailhade lo sintetizó con crudeza: “Esta mafia inmunda quiso cerrar la causa para siempre”. La frase, más que un exabrupto, es un diagnóstico político sobre un sistema que se autoprotege y que solo cede cuando es empujado desde afuera. Que la principal prueba del atentado haya sido destruida en la propia esfera judicial debería haber provocado un escándalo institucional de primer orden. En cambio, provocó silencio en las redacciones y complicidades en los tribunales.
Lo que pasó hoy en el Consejo de la Magistratura no es el final de la historia, pero sí un punto de inflexión: la confirmación de que, pese a las presiones y a la maquinaria de encubrimiento, hay sectores decididos a exponer la trama que rodeó uno de los hechos políticos más graves de los últimos años. Y también la constatación de que la “república” que algunos dicen defender es, en realidad, un refugio para proteger a los suyos.
Deja una respuesta