Con una frialdad quirúrgica y sin ofrecer alternativas, el presidente vetó leyes que garantizaban un ingreso digno a jubilados, personas con discapacidad y trabajadores sin aportes. El alegato del «déficit cero» se convierte, en los hechos, en una política de exclusión social deliberada, revestida de superioridad moral y tecnocrática.
Javier Milei ha tomado una decisión que lo deja, una vez más, del lado equivocado de la historia. Su gobierno vetó tres leyes aprobadas por el Congreso que ofrecían alivio económico a tres de los sectores más vulnerables del país: los jubilados, las personas con discapacidad y los trabajadores sin aportes. El argumento fue, previsiblemente, el de siempre: evitar “el déficit fiscal”. Pero cuando el ajuste cae, sistemáticamente, sobre los mismos cuerpos ya golpeados por la miseria y el abandono, el debate deja de ser técnico para pasar a ser profundamente ético y político.
En su cruzada contra el “Estado ladrón”, Milei volvió a blandir la motosierra. Esta vez, no para cortar privilegios, sino derechos. Según el propio decreto presidencial, el presidente vetó la ley que proponía una actualización adicional a los haberes jubilatorios con el argumento de que representaría un gasto “insostenible”. Lo mismo hizo con la norma que otorgaba un incremento del 70% a las asignaciones de personas con discapacidad, y con otra que buscaba otorgar una jubilación proporcional a aquellos trabajadores que, por haber trabajado en la informalidad o de manera discontinua, no llegaron a cumplir con los 30 años de aportes exigidos por la ley.
Resulta notable cómo, en medio de un país con más de un 55% de pobreza y una inflación que carcome los ingresos en tiempo real, el Gobierno encuentra razones para recortar a los más débiles y no a los sectores más concentrados. No hay veto presidencial contra las rebajas impositivas para los grandes exportadores. No hay preocupación por el costo fiscal de eliminar el impuesto a las Ganancias para los sueldos más altos. El ajuste tiene destinatarios fijos, y Milei lo deja claro en cada firma: la motosierra no roza a los poderosos.
En su defensa, el Ejecutivo sostiene que estas leyes “distorsionan” la fórmula de movilidad jubilatoria y generan un gasto que “pone en riesgo la sostenibilidad del sistema previsional”. Sin embargo, no ofrece alternativa alguna para los millones que ya están fuera del sistema, o que sobreviven con jubilaciones mínimas, a todas luces indignas. La respuesta es el silencio. Un silencio que duele. Que humilla. Que desprecia.
Especialmente grave es el veto a la ley que otorgaba una jubilación proporcional a trabajadores que no llegaron a cumplir con los 30 años de aportes. Esta iniciativa beneficiaba a quienes trabajaron toda su vida, muchas veces en negro, sin estabilidad laboral, sin obra social, sin vacaciones, sin aguinaldo. Milei no sólo les niega un ingreso, les niega el reconocimiento de su esfuerzo. Les niega ciudadanía. Les dice, en la cara, que si no entraron en el sistema formal, entonces no existen. Que no merecen nada. Es una violencia simbólica y material que desgarra.
Lo mismo ocurre con las personas con discapacidad. El veto a una suba del 70% en las asignaciones a este colectivo es tan obsceno que ni siquiera la lógica liberal más despiadada logra justificarlo sin recurrir a malabares semánticos. ¿Acaso hay algo más básico que garantizar un mínimo de dignidad a quienes enfrentan condiciones de vida más adversas? ¿Qué clase de administración puede sostener que un país se salva negándole una pensión a un niño con parálisis cerebral o a una mujer con discapacidad motriz severa?
La política de Milei no es sólo de ajuste: es una ética de la exclusión. Se construye sobre una idea de merecimiento meritocrático que, aplicada a rajatabla, termina castigando a quien no pudo, no supo o no le permitieron llegar. El que no llega, no vale. El que no aporta, no cobra. El que no encaja, sobra. Bajo esta lógica, el Estado deja de ser garante de derechos para convertirse en verdugo con sello oficial.
Este modelo de crueldad también se enmascara detrás de una supuesta “racionalidad económica”. Se afirma que no hay plata, pero se gasta en publicidad oficial. Se recortan pensiones, pero se duplica el presupuesto de inteligencia. Se niegan aumentos para jubilados, pero se otorgan subas de sueldo por decreto a las fuerzas de seguridad. ¿No hay plata o no hay voluntad de distribuirla con justicia?
Frente a estas decisiones, la reacción social no puede ser el silencio. Los vetos de Milei no son tecnicismos administrativos. Son decisiones políticas con consecuencias concretas, que afectan a millones de argentinos. Cada ley que se veta es una oportunidad de reparación que se desecha. Cada firma estampada en esos decretos es un mensaje que dice: “Ustedes no importan”.
El Congreso, al aprobar estas leyes, reconoció que el sistema previsional argentino necesita corregir injusticias acumuladas. Que no se puede dejar afuera a quienes lo dieron todo, aún sin aportes formales. Que las personas con discapacidad no pueden seguir esperando. Que los jubilados no pueden sobrevivir con haberes que pierden contra la inflación todos los meses. El presidente, con su veto, dio la espalda a esa necesidad urgente.
No se trata de populismo, ni de “casta”. Se trata de humanidad. De sentido común. De ética. La misma ética que debería regir toda política pública. Una ética que el gobierno de Javier Milei parece haber perdido en su afán de mostrar resultados fiscales a costa de vidas humanas. Porque de eso se trata: de vidas. De personas que hoy comen una vez al día. Que no tienen medicamentos. Que no pueden calefaccionarse. Que caminan kilómetros para atenderse en hospitales sin insumos.
Los vetos no son números. Son rostros. Son historias truncadas por un presidente que, obsesionado con su narrativa de “salvador”, se niega a mirar a los ojos a quienes deja afuera. El ajuste, como política deliberada, puede discutirse. Pero cuando ese ajuste se convierte en castigo, en desprecio, en crueldad sistemática, entonces ya no hablamos de economía. Hablamos de otra cosa. De algo mucho más oscuro.
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