La Corte Suprema de Justicia cerró de un portazo la causa que investigaba el espionaje ilegal cometido mientras Santiago Maldonado estaba desaparecido, una denuncia impulsada por Myriam Bregman (PTS–Frente de Izquierda), abogada de derechos humanos y defensora de las libertades democráticas. El máximo tribunal recurrió nuevamente al controvertido artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, una herramienta que le permite desechar recursos sin explicaciones y que, en los hechos, opera como un mecanismo de impunidad exprés.
Según denunció Bregman, el fallo constituye una auténtica “ofrenda a Patricia Bullrich”, quien en aquel momento comandaba el Ministerio de Seguridad y estuvo al frente del operativo represivo en la Patagonia. La Corte no solo se desentiende de la investigación, sino que avala de hecho las maniobras ilegales que se desplegaron sobre familiares, organismos de derechos humanos y comunidades originarias durante los días en que Maldonado estaba desaparecido.
La decisión se inscribe en una secuencia inquietante: hace apenas unos días, el mismo tribunal había cerrado la causa por espionaje sobre los familiares del ARA San Juan, beneficiando nuevamente a Bullrich y a su estructura de inteligencia clandestina.
El mensaje político es claro y alarmante: el espionaje estatal en contextos de violaciones gravísimas de derechos humanos queda convalidado. La Corte elige mirar hacia otro lado, desentenderse y dejar sin justicia a quienes fueron víctimas del aparato de inteligencia ilegal del Estado. Un nuevo capítulo en la construcción de impunidad para los responsables de prácticas que deberían ser impensables en democracia.
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