El expresidente Mauricio Macri vuelve a estar en el centro de un escándalo que mezcla poder político, negocios millonarios y un entramado de favores cruzados. Su nombre aparece ligado a Jonathan Kovalivker, empresario de la salud y viejo conocido de Macri desde su paso por la Jefatura de Gobierno porteña, hoy señalado por la justicia por presuntas irregularidades en la provisión de medicamentos al Estado. Kovalivker no es un actor menor en esta historia: dueño de la droguería Suizo Argentina, investigada por contratos sospechosos con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), fue además el encargado de acercar a Macri a La Libertad Avanza y de manejar la fiscalización del balotaje presidencial de 2023.
La investigación que destapó esta trama comenzó con la denuncia de Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, quien puso sobre la mesa un esquema de coimas y retornos indebidos en la compra de medicamentos. Allí aparecen los hilos que unen a Macri con los Kovalivker y, a través de ellos, con la familia Menem. Nada de esto sorprende si se repasa la historia: los vínculos empresariales entre Macri y Kovalivker se remontan a la gestión porteña, donde ambos ya habrían operado como socios en negocios vinculados al sistema de salud.
Lo que está en juego no es un asunto menor. El negocio de los medicamentos, un sector estratégico por su volumen de facturación y por el impacto directo que tiene en la vida de millones de personas, quedó bajo sospecha de corrupción. Los contratos firmados por Suizo Argentina con el Estado muestran un crecimiento exponencial que ahora despierta todas las alarmas judiciales. No se trata solo de un posible delito económico: estamos frente a un mecanismo que condiciona el acceso a tratamientos y recursos esenciales, afectando a los sectores más vulnerables.
El gobierno de Javier Milei aparece aquí como escenario y cómplice. Mientras se desmantelan programas sociales, se recortan presupuestos en salud y se ataca sistemáticamente a la universidad pública, florecen negocios que favorecen a viejos conocidos del macrismo. La fiscalización electoral de LLA, que en teoría debía ser un procedimiento transparente y democrático, terminó siendo la puerta de entrada para que un empresario investigado por corrupción quedara en posición de privilegio frente al Estado.
La justicia ya intervino con allanamientos, secuestro de dinero y congelamiento de cajas de seguridad. Sin embargo, la pregunta central sigue abierta: ¿qué tan profundo llega esta red y hasta dónde se extienden sus ramificaciones en el poder político actual? Lo que queda claro es que no hablamos de hechos aislados, sino de un esquema que combina negocios privados, estructuras partidarias y vínculos familiares con un único objetivo: capturar recursos públicos.
El discurso de austeridad y “fin de los privilegios” que pregona el gobierno libertario se derrumba frente a estas revelaciones. La doble vara es evidente: se ajusta brutalmente a la sociedad, pero se habilita la multiplicación de contratos sospechosos en beneficio de un puñado de empresarios amigos. Macri, los Kovalivker y los Menem se colocan en el centro de la escena, y la causa promete nuevos capítulos que seguirán desnudando la verdadera cara de un poder que, lejos de ser nuevo, reproduce las viejas prácticas de corrupción enquistadas en la política argentina.
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