La comisión investigadora en Diputados responsabiliza a Javier y Karina Milei por la estafa de $LIBRA

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Tras casi tres meses de trabajo, los diputados opositores presentarán un informe que cuestiona duramente a la Casa Rosada y a la Justicia. El documento revela vínculos, retiros sospechosos y fallas deliberadas de control en la criptomoneda promovida públicamente por Javier Milei.

La historia de la criptomoneda $LIBRA, lejos de desinflarse con el paso del tiempo, vuelve a sacudir la escena política argentina. Y esta vez lo hace con un golpe directo al corazón del gobierno de Javier Milei. Mañana, después de casi tres meses de investigación parlamentaria bajo fuego constante del oficialismo, los diputados opositores darán a conocer un informe que señala con nombre y apellido a los máximos responsables políticos de la maniobra: Javier y Karina Milei.

La acusación es clara y contundente. No se los imputa como autores directos del delito, pero sí como responsables políticos de una cadena de negligencias y omisiones que habilitaron lo que la comisión entiende como una presunta estafa. Y en un país donde el presidente se autopercibe guardián del libre mercado, del orden y de la transparencia, esta imputación política golpea justo donde más duele: en su discurso moralizador.

La oposición sostiene que el Gobierno no solo falló en los controles básicos, sino que tampoco actuó a tiempo para prevenir ni investigar lo que terminó siendo una maniobra monumental. No fue un error técnico ni un accidente bursátil. Fue una estafa que se disparó el mismo día en que el propio Milei posteó su recomendación de invertir en $LIBRA, provocando una suba exponencial del valor que se desplomó al poco tiempo. Y ese derrumbe, según constataron los diputados, ocurrió luego de que un reducido grupo de billeteras retirara cerca de 90 millones de dólares, más del 80% del dinero circulante.

La mecánica es conocida, pero los detalles agregan una capa de gravedad difícil de ignorar. La comisión investigadora detectó, a través de informes de billeteras virtuales, transferencias millonarias que involucran a figuras cercanas al proyecto: Julian Peh, CEO de KIP Protocol; Hayden Davis, de Kelsier Ventures; y los lobistas argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Todos ellos, según la pesquisa, tuvieron reuniones previas con el presidente y su hermana Karina. Todo, antes de que Milei decidiera promocionar la moneda desde su cuenta en X, generando un impacto inmediato en el mercado.

La “ruta del dinero”, como ya se anticipa en el Congreso, será el capítulo más explosivo del informe. Allí figuran transferencias como la que Binance confirmó: una billetera vinculada a Novelli recibió 300.000 dólares en noviembre de 2024 y 250.000 dólares en enero de 2025. Fechas clave, movimientos rápidos, y un patrón que, según advierten los legisladores, encaja a la perfección con maniobras de vaciamiento coordinadas.

Lo más indignante —y aquí el tono emocional es inevitable— es que la propia Justicia no hizo avanzar la investigación en tiempo y forma. Por el contrario, según la oposición, obstaculizó el trabajo de la comisión con “restricciones indebidas”, demoras injustificadas y decisiones inexplicables. El juez Marcelo Martínez De Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano quedan expuestos en el documento por haber entorpecido el acceso a evidencias, ralentizado la entrega de información y, en definitiva, por haber contribuido al manto de impunidad que rodeó al caso desde el primer día.

El oficialismo, previsible y rígido, se mantendrá en su libreto. Dirán que todo es un “ataque político”, repetirán que la maniobra fue entre privados y que la presunta estafa no está probada. Pero lo que sí está probado —y el informe lo deja muy claro— es que el Gobierno no activó mecanismos básicos de control institucional. Y eso, en términos de responsabilidad política, no es una anécdota: es un hecho gravísimo.

La comisión, encabezada por Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, llegó a conclusiones en tiempo récord, contrastando documentos, testimonios, datos técnicos y movimientos financieros. Todo esto pese a los reiterados intentos del oficialismo por impedir su funcionamiento. No fue sino hasta el 25 de agosto que la comisión pudo comenzar a trabajar, luego de semanas de maniobras para bloquear su conformación.

La ausencia de los funcionarios citados es otro síntoma del problema. Karina Milei, Alejandro Melik de la Oficina Anticorrupción y Florencia Zicavo, exresponsable de la Unidad de Investigación de $LIBRA, se negaron a presentarse. La oposición pidió que se los convocara por la fuerza pública, algo que la Justicia —otra vez— les negó. La sensación es clara: demasiados puntos ciegos, demasiadas puertas cerradas, demasiada protección para quienes estuvieron en el centro de una operación financiera que terminó perjudicando al público.

El informe será político, sí, pero fundamentado en evidencia técnica. Y será remitido a una Justicia que hasta ahora evitó profundizar. El contraste no puede ser más evidente: mientras los legisladores avanzaron en tres meses, los tribunales quedaron paralizados en su propia inacción.

Esta investigación vuelve a dejar expuesta la fragilidad institucional que rodea al gobierno libertario. Un presidente que promueve una criptomoneda sin controles adecuados, una hermana con poder de veto dentro de la Casa Rosada, lobistas con acceso permanente y una Justicia que parece mirar para otro lado. Todo esto ocurre en un país donde el discurso oficial grita “libertad”, pero donde la opacidad, la desregulación irresponsable y la negligencia terminan perjudicando a los mismos ciudadanos que Milei dice defender.

La dimensión del escándalo aún no tiene techo. Pero mañana, con la publicación del informe, se abrirá una etapa distinta: la etapa en la que el oficialismo ya no podrá esconderse detrás del relato, ni detrás de acusaciones de “operetas”. Porque lo que se revelará no es una interpretación. Es un conjunto de hechos documentados que comprometen directamente la responsabilidad política de la más alta autoridad del país.

En un clima social atravesado por el ajuste, la recesión y el deterioro de derechos básicos, el caso $LIBRA se suma a la lista de promesas rotas del gobierno de Javier Milei. Un presidente que prometió transparencia terminó promocionando una criptomoneda envuelta en un esquema que, según la oposición, se parece demasiado a una estafa. Y una hermana que maneja la Casa Rosada quedó señalada como responsable política de una maniobra que dejó un tendal de damnificados y un agujero institucional difícil de reparar.

La pregunta, inevitable, es hasta dónde llegará la Justicia esta vez. Y si la sociedad, golpeada pero cada vez más atenta, permitirá que este escándalo quede sepultado bajo el ruido de la política.

Fuente

.https://www.lanacion.com.ar/politica/comision-investigadora-libra-la-oposicion-apuntara-contra-javier-y-karina-milei-y-los-senalara-como-nid17112025/

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