La soberanía energética vuelve a estar bajo amenaza, esta vez con un presidente que aplaude desde el borde. Mientras una jueza de Nueva York ordena entregar el 51% de YPF a los fondos buitre, el presidente argentino opta por burlarse en un streaming en lugar de defender los recursos estratégicos del país. Axel Kicillof responde con dureza y denuncia una alianza peligrosa entre el gobierno de Milei y los intereses financieros foráneos.
La escena no podría ser más reveladora ni más obscena: una jueza estadounidense, heredera del tristemente célebre Thomas Griesa, firma desde Nueva York una sentencia que ordena nada menos que entregar el 51% de YPF a los fondos buitre. Mientras tanto, el presidente argentino, Javier Milei, se disfraza con un mameluco de la petrolera y pasa horas en un canal de streaming, entre bromas y performance digital. La república arde, y él hace memes. Axel Kicillof lo dijo sin rodeos: “Un disparate jurídico y una intolerable intromisión sobre nuestra soberanía”.
No se trata simplemente de un nuevo traspié legal en el litigio por la expropiación de YPF. Es mucho más grave. El núcleo del problema es que, por primera vez en la historia democrática reciente, la máxima autoridad del país no solo no rechaza el avance extranjero sobre un activo estratégico, sino que lo celebra, lo legitima, lo reproduce en forma de show. La figura presidencial se ha transformado en vocero y facilitador de las finanzas internacionales más voraces, un verdadero “topo en la Casa Rosada”, como lo describió Kicillof.
Pero no es sólo una frase ingeniosa o una denuncia retórica. La evidencia es abrumadora. El fallo de Loretta Preska, que exige ceder la mitad del control de YPF a fondos especulativos, no cae en el vacío: aterriza en una Argentina gobernada por un presidente cuya “pasión norteamericana” —como la define con ironía Kicillof— lo lleva a visitar con frecuencia Estados Unidos, tejer alianzas oscuras y esbozar un plan de privatización que ni siquiera se molesta en disimular. El precandidato oficialista en la provincia lo confesó sin tapujos: aspiran a vender YPF. La soberanía energética, pieza clave de cualquier proyecto de desarrollo, se ha vuelto una carga incómoda para esta administración.
¿De qué hablamos cuando hablamos de YPF? Hablamos de una empresa que, desde su recuperación por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, volvió a invertir, producir, crecer, generar empleo, y sobre todo, puso en marcha el proyecto de Vaca Muerta, una reserva energética de escala mundial. Esa decisión política, acompañada por amplios sectores del Congreso y respaldada por buena parte de la sociedad, fue una reivindicación de la soberanía en tiempos en que el capital financiero presionaba por el desguace total del Estado. Hoy, Milei y su equipo buscan revertirlo todo, bajo la excusa de una modernidad delirante que se resume en memes, eslóganes y una peligrosa ignorancia sobre los intereses estratégicos del país.
La gravedad institucional de este momento no puede ser subestimada. Kicillof lo deja claro: no es el fallo en sí lo que más escandaliza —aunque sea inaceptable jurídicamente y un atropello contra la autodeterminación de la Argentina—, sino la complicidad de un presidente que se ubica con entusiasmo del lado de los fondos buitres. “No hace falta una investigación muy profunda para advertir el vínculo entre la pasión norteamericana de nuestro presidente y esta noticia”, afirma el gobernador, marcando un punto crucial. Hay una matriz ideológica en el oficialismo que desprecia lo nacional, demoniza el Estado y celebra la entrega. Es esa lógica la que guía el repliegue brutal del aparato público y que, en este caso, podría costarnos YPF.
En su mensaje, Kicillof pone el dedo en la llaga: “Este Gobierno ‘Nacional’ no defiende a la Argentina: defiende los intereses de los Estados Unidos y de las finanzas y las empresas extranjeras”. No es solo una opinión: es una descripción política que se constata en cada viaje, en cada decreto, en cada veto presidencial que golpea al tejido productivo nacional mientras se aplauden desde Washington o Wall Street. El gobierno de Javier Milei ha resignado el rol de defensor del interés público para transformarse en un facilitador del saqueo organizado.
La reacción de Kicillof no es una más. Es la voz de un ex ministro de Economía que conoce a fondo el proceso de recuperación de YPF y que entiende mejor que nadie lo que está en juego. Su advertencia de que “YPF no se vende” no es nostalgia estatista: es un llamado urgente frente a una ofensiva política que busca desmantelar las herramientas básicas del desarrollo argentino. Su promesa de dar una conferencia de prensa para detallar las consecuencias de este fallo no es un acto protocolar: es una toma de posición que interpela a toda la dirigencia política que aún conserve un mínimo de dignidad patriótica.
Es difícil encontrar un episodio más elocuente para ilustrar el contraste entre dos modelos de país. Uno, representado por Kicillof y quienes defienden la soberanía energética como pilar del desarrollo. Otro, encarnado por Milei y sus aliados, que desprecian los recursos comunes y prefieren rendirse ante las corporaciones extranjeras, mientras banalizan la política en Twitch o YouTube. Es un drama con forma de comedia, un saqueo disfrazado de espectáculo.
Estamos ante una nueva ofensiva, no solo judicial, sino simbólica, económica y política. YPF no es una empresa más. Es la llave del futuro energético argentino. Lo supieron los gobiernos que la recuperaron. Lo saben los buitres que ahora la reclaman. Y parece saberlo, aunque prefiera hacerse el distraído, el propio presidente. La diferencia es que, en lugar de resistir, Milei pavonea su indiferencia entre likes y carcajadas, como si entregar el patrimonio nacional fuera un capítulo más de su reality show ideológico.
Frente a eso, no queda margen para la tibieza ni la neutralidad. O se está con la soberanía, o se está con los fondos buitres. O se defiende lo que es de todos, o se deja avanzar a los mismos intereses que hundieron a la Argentina en el pasado. Es hora de trazar esa línea. Porque YPF no se vende. Y porque hay presidentes que, por más que chillen en streamings, no lograrán borrar la memoria ni los derechos de un pueblo que todavía sabe lo que significa tener patria.
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