El desembarco de Diego Santilli en el Ministerio del Interior estuvo marcado por una fuerte disputa interna: el traspaso de áreas estratégicas como el Renaper y Migraciones a las órbitas de Patricia Bullrich y Karina Milei revela la creciente concentración de poder en el núcleo libertario y la pérdida de autonomía del PRO dentro del Gobierno.
La reorganización del Gabinete dispuesta por Javier Milei a través del DNU 793/2025 no fue un simple ajuste administrativo. Detrás de la fachada de “eficiencia” se esconde un movimiento político que consolida el control de Karina Milei, Patricia Bullrich y Manuel Adorni sobre las principales “cajas” del Estado, debilitando a Diego Santilli y marcando un punto de inflexión en la frágil alianza entre libertarios y macristas.
El flamante ministro del Interior, Diego “el Colorado” Santilli, asumió el cargo el 11 de noviembre con el respaldo formal de Javier Milei y el visto bueno del PRO, pero con el terreno minado. El Decreto de Necesidad y Urgencia 793/2025, publicado apenas horas antes de su jura, modificó la Ley de Ministerios y redefinió el mapa del poder dentro del Ejecutivo. La letra chica del decreto reveló una maniobra política quirúrgica: el desguace parcial del Ministerio del Interior y la reasignación de áreas estratégicas hacia los despachos controlados por el círculo más íntimo del Presidente.
El caso más resonante fue el del Registro Nacional de las Personas (Renaper), que maneja los datos sensibles de más de 47 millones de argentinos. En la versión inicial del decreto, el organismo pasaba al Ministerio de Seguridad, bajo el mando de Patricia Bullrich. El traslado implicaba que Bullrich, además de controlar la seguridad interna, tendría acceso directo a la base de datos de identidad nacional y a la emisión de pasaportes y documentos. Una concentración peligrosa desde el punto de vista institucional, pero coherente con la lógica del mileísmo: fortalecer los polos de control y subordinar los equilibrios de poder tradicionales.
Horas después de la publicación del DNU, el Gobierno dio marcha atrás y anunció que el Renaper “volvería” al Ministerio del Interior. El argumento oficial fue un supuesto “error de redacción”, aunque en la práctica fue una concesión forzada a Santilli. En la reunión de la llamada “mesa política”, integrada por Milei, Karina Milei, Bullrich, Adorni y Caputo, se definió el retroceso. El hecho fue leído por analistas y periodistas como una muestra de las tensiones internas del gobierno y del escaso margen que tendrá el PRO para disputar espacios reales de decisión.
Patricia Bullrich salió fortalecida. Su ministerio no solo retuvo la Dirección Nacional de Migraciones, sino que avanza en la creación de una Policía de Frontera bajo su control directo. En paralelo, prepara su salida formal del Senado, dejando su banca a Alejandra Monteoliva, una figura leal a su línea. La ministra, que ya había ganado centralidad con los operativos de seguridad en protestas sociales, se consolida ahora como un vértice del poder libertario.
El otro eje de acumulación es Karina Milei. Desde la Secretaría General de la Presidencia, la hermana del Presidente amplió su influencia a través de Manuel Adorni, que pasó de vocero a un superfuncionario con control de la Jefatura de Gabinete, la Secretaría de Comunicación y Medios, y las áreas de Turismo, Ambiente y Deportes. En los hechos, Adorni es la pieza operativa de Karina, quien articula con la Secretaría Legal y Técnica y las áreas de inteligencia y cultura, dibujando una estructura de poder que deja al PRO en los márgenes del esquema.
La explicación oficial habla de “eficiencia administrativa” y “optimización de recursos”. Pero detrás del tecnicismo, el DNU 793/2025 deja ver una lógica de recentralización autoritaria. Los libertarios desconfían de sus socios del PRO, los ven como “parte de la casta” y limitan su capacidad de gestión a tareas simbólicas o negociaciones territoriales. Santilli, según fuentes de su entorno, resistió el traspaso del Renaper y reclamó “no ser un convidado de piedra”. Su desafío inmediato será negociar con los gobernadores, muchos de los cuales ya firmaron el Pacto de Mayo, para sostener la estructura política del oficialismo en las provincias.
La reacción en redes sociales no tardó en llegar. La cuenta @LaEstamosViendo, conocida por su tono irónico y su crítica frontal al gobierno, publicó un mensaje que sintetiza el clima político: “A Santilli le vaciaron el ministerio antes de dárselo. Le sacaron el Renaper, Migraciones y otras áreas que se repartieron entre Bullrich y Karina Milei. La casta libertaria se quedó con todas las cajas y dejaron al PRO con las manos vacías.” La publicación, acompañada de un video de un minuto con tono acusatorio, superó las 6.700 reproducciones y fue replicada por periodistas como Manu Jove (TN), quien confirmó las idas y vueltas del decreto.
La expresión “cajas” no es casual. En el lenguaje político argentino, remite al control presupuestario y a las fuentes de financiamiento político dentro del Estado. Que esas “cajas” queden bajo la órbita de los libertarios implica que el PRO pierde capacidad para proyectar poder propio. Ya no se trata solo de ministerios, sino del acceso al dinero, los contratos y las estructuras administrativas que permiten articular influencia territorial.
Los medios de comunicación reflejaron esta lectura con matices. Infobae tituló: “Bullrich, la gran ganadora… Santilli con cartera reducida.” A24 habló de “vaciamiento” y de posibles inconstitucionalidades. ElDiarioAR enfatizó que “Milei le quita atribuciones a Santilli”, mientras Diario Registrado fue más directo: “Lo pelaron políticamente.” En cambio, portales oficialistas como Zona Norte Hoy defendieron el decreto con el argumento de que la medida “evita superposiciones y mejora la eficiencia del Estado”.
Lo cierto es que el gobierno de Milei atraviesa una nueva fase de concentración institucional. Los organismos públicos se reordenan no en función de la eficacia, sino de la lealtad política. Karina Milei se perfila como la figura más poderosa del oficialismo después del propio presidente. Bullrich refuerza su peso en el ala dura, y Adorni emerge como un gestor con control comunicacional total. Santilli, en cambio, enfrenta el desafío de no convertirse en un ministro testimonial, limitado a funciones protocolares mientras las decisiones reales se toman en otros despachos.
El conflicto con el PRO es más que un ruido interno: es la fractura de una alianza de conveniencia. El macrismo había apostado a Milei como vehículo para sostener poder en un contexto adverso, pero el experimento empieza a volverse en su contra. Las “cajas” son ahora libertarias, las decisiones también. El caso Santilli expone el dilema de los aliados de Milei: acompañar sin poder o romper sin estructura.
El DNU 793/2025, que se presentó como un acto de reorganización técnica, se convirtió en un símbolo de la forma en que Javier Milei ejerce el poder. Verticalismo, concentración, desprecio por la negociación y una convicción casi mesiánica de que su núcleo íntimo es el único confiable. La política se reemplaza por la obediencia, y los equilibrios se sacrifican en nombre de la “pureza libertaria”. En ese esquema, el PRO es un invitado incómodo, útil mientras sirva para dar volumen parlamentario, prescindible cuando deje de ser funcional.
El episodio deja una enseñanza clara sobre la dinámica del poder en la Argentina actual. Las instituciones se redibujan por decreto, las áreas sensibles cambian de manos según la conveniencia del momento y la transparencia cede ante la lógica del control. Detrás del ruido mediático y de los hashtags como #BatallaCultural, se esconde un proceso más profundo: el corrimiento de los límites republicanos y la consolidación de un gobierno que no negocia, sino que impone.
Milei ha convertido su cruzada contra la “casta” en una maquinaria de concentración que excluye incluso a sus propios aliados. El “vaciamiento” del Ministerio del Interior no es un error ni una torpeza administrativa. Es la confirmación de una estrategia: aislar, dividir y controlar. Lo demás, como suele decir el propio presidente, “es relato”.
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