El presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, denunció que el fallo de la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal desconoce las facultades constitucionales del Congreso al negarle el auxilio de la fuerza pública en la investigación del caso $LIBRA. El legislador advirtió que la resolución afecta la división de poderes y compromete el ejercicio del control republicano.
El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro, publicó un duro pronunciamiento en la red social X luego de que la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal rechazara el auxilio de la fuerza pública solicitado por la Comisión Investigadora del Congreso en el marco del caso conocido como $LIBRA. Según Ferraro, la resolución “limita injustificadamente” las facultades del Poder Legislativo y constituye un precedente grave que puede debilitar el control republicano sobre actos de corrupción o irregularidades de funcionarios públicos y empresarios vinculados a operaciones financieras.
El caso $LIBRA —una trama que ya había puesto en tensión a distintos sectores del poder político y económico— ahora vuelve a situarse en el centro del debate institucional. La decisión judicial no sólo desató una controversia jurídica sobre competencias y atribuciones, sino también un conflicto político de fondo entre el Congreso, que reclama ejercer su potestad de investigación, y un Poder Judicial que, en palabras de Ferraro, “desatiende la naturaleza institucional del requerimiento y actúa como si se tratara de un proceso penal ordinario”. El legislador fue categórico al advertir que la Cámara desconoce el artículo 75 inciso 32 de la Constitución Nacional, que confiere al Congreso la facultad de realizar investigaciones y requerir informes a otros poderes del Estado.
El fallo, según lo difundido por Ferraro, sostiene que “excede la competencia del magistrado disponer medidas que se sitúan por fuera del ámbito propio de su actuación jurisdiccional” y que la intervención judicial debe limitarse “al estricto marco de un proceso penal en el que se investigue la presunta comisión de un delito de acción pública debidamente denunciado y sometido al conocimiento de un magistrado competente”. Para el diputado, esa interpretación desconoce los antecedentes y el contexto del caso, ya que la Comisión Investigadora no es un órgano judicial sino parlamentario, con funciones expresamente otorgadas por la Constitución. “No se trata de una investigación penal, sino de una investigación llevada adelante por el Congreso de la Nación en ejercicio de sus facultades constitucionales de control”, remarcó.
Desde esta perspectiva, el reclamo de Ferraro trasciende la coyuntura procesal y apunta al corazón del sistema republicano: quién garantiza el cumplimiento efectivo de las funciones del Congreso cuando otro poder del Estado obstaculiza sus decisiones. En su comunicado, el diputado lanzó una pregunta que resuena con fuerza institucional: “Si no es la Justicia quien debe garantizar ese cumplimiento, ¿Quién lo hace entonces?”. Con esta frase, Ferraro puso en evidencia la paradoja de un Estado en el que el Poder Judicial, llamado a resguardar la Constitución, termina —según él— restringiendo las atribuciones de otro poder legítimo y elegido por el voto popular.
La controversia se produce en un contexto político marcado por el avance de investigaciones parlamentarias sobre presuntas irregularidades financieras, algunas de ellas vinculadas a la operatoria del token $LIBRA, en la que habrían participado funcionarios y empresarios con fuertes intereses en el mercado de criptoactivos. La Comisión Investigadora, integrada por legisladores de distintos bloques, había solicitado el auxilio de la fuerza pública para obtener documentación y testimonios que, según sus miembros, resultan esenciales para esclarecer los hechos. El rechazo judicial impide ahora la ejecución de esas medidas, dejando en suspenso la posibilidad de acceder a información que podría comprometer a figuras del entorno político y económico del gobierno.
Ferraro, referente de un espacio que históricamente se reivindica como garante de la transparencia y la rendición de cuentas, expresó que la Cámara incurre en una “interpretación restrictiva” que vulnera la independencia funcional del Congreso. Recordó además que la Comisión Investigadora actúa conforme a reglamentos internos aprobados por ambas cámaras y que su trabajo no requiere autorización judicial para citar personas, solicitar documentos o disponer la intervención de la fuerza pública cuando sea necesario garantizar el cumplimiento de sus mandatos. “La decisión de la Sala I sienta un precedente peligroso: convierte al Poder Judicial en filtro del control parlamentario”, afirmó una fuente cercana al diputado.
El comunicado de Ferraro también alude a un debate más profundo sobre los límites del poder y la vigencia efectiva del principio de división de poderes. En los últimos años, varios sectores políticos han denunciado un creciente intervencionismo judicial en áreas tradicionalmente reservadas al ámbito legislativo o administrativo. En este caso, la resolución de la Cámara aparece como un ejemplo paradigmático de ese desplazamiento institucional: un tribunal penal dictaminando sobre el alcance de las funciones del Congreso, en un tema que no involucra delito alguno ni imputaciones personales, sino el ejercicio de una atribución de control.
La reacción del diputado se enmarca también en un momento en el que el funcionamiento del Congreso se encuentra bajo presión. Las mayorías circunstanciales, las tensiones entre oficialismo y oposición, y la subordinación de decisiones institucionales a intereses económicos o corporativos generan un clima de creciente desconfianza. En ese escenario, Ferraro advierte que debilitar las herramientas de control parlamentario equivale a renunciar a una de las pocas instancias de rendición de cuentas que aún subsisten en el sistema político argentino.
El caso $LIBRA, más allá de su complejidad técnica, se ha convertido en un símbolo de la disputa entre los poderes del Estado por el control de la información y la capacidad de investigar. La investigación legislativa busca esclarecer un entramado de operaciones financieras con activos digitales que, según distintas denuncias, habrían beneficiado a actores vinculados a la especulación y al uso político de instrumentos de inversión. La negativa judicial, sin embargo, limita la posibilidad de acceder a pruebas que podrían arrojar luz sobre la magnitud del fenómeno y sus implicancias institucionales.
En los pasillos del Congreso, la resolución fue interpretada de manera unánime como un obstáculo a las facultades de control. Algunos legisladores del oficialismo celebraron la medida, argumentando que “el Congreso no puede comportarse como un tribunal paralelo”, mientras que desde los bloques opositores se alertó sobre el riesgo de “una Justicia que actúa como barrera de contención del poder político”. Ferraro se alineó con esta última visión, señalando que “la independencia judicial no puede confundirse con impunidad institucional”. Su planteo busca reinstalar un debate de fondo: la subordinación o autonomía del Parlamento frente al poder de los jueces.
Más allá del caso concreto, el planteo de Ferraro refleja una preocupación creciente en la política argentina: la erosión de la autoridad institucional del Congreso frente al avance de decisiones judiciales que afectan su capacidad de control. Este fenómeno no es nuevo, pero adquiere especial relevancia en un contexto donde las investigaciones sobre operaciones financieras, deuda externa y relaciones con actores privados —como bancos, fondos de inversión y plataformas de criptoactivos— se han vuelto cada vez más sensibles. En ese entramado, el Congreso intenta reafirmar su rol de contralor, pero se enfrenta a un Poder Judicial que, en opinión de varios legisladores, asume competencias que no le corresponden.
La Coalición Cívica, históricamente asociada a la defensa de la transparencia y la ética pública, ve en este conflicto una oportunidad para reinstalar el debate sobre la calidad institucional. En palabras de Ferraro, la cuestión no es sólo jurídica sino política: “Si el Congreso no puede ejercer sus funciones de control sin depender de la voluntad judicial, el equilibrio de poderes queda seriamente comprometido”. Esta afirmación sintetiza la esencia de la disputa: la necesidad de preservar la autonomía de los poderes del Estado frente a cualquier intento de subordinación mutua.
Mientras la Comisión Investigadora prepara un recurso extraordinario federal para revertir la decisión, el caso promete seguir escalando. Ferraro confirmó que el cuerpo parlamentario insistirá en el cumplimiento de sus atribuciones y reclamará que la Corte Suprema intervenga para definir con claridad los límites y obligaciones entre los poderes. El diputado anticipó que no se trata de una cuestión menor: “Lo que está en juego no es un expediente, sino el respeto a la Constitución”.
En un país donde los conflictos institucionales suelen derivar en enfrentamientos políticos, el pronunciamiento de Ferraro reaviva una discusión esencial para la democracia argentina: quién controla al poder cuando el poder se mira a sí mismo. El Congreso reclama el derecho de investigar; la Justicia responde con límites que, en nombre de la legalidad, pueden terminar socavando la transparencia. Entre ambos, el ciudadano observa cómo las disputas de competencia se transforman en disputas de poder, mientras la verdad —esa que las investigaciones dicen buscar— se diluye entre interpretaciones jurídicas y maniobras políticas.
Ferraro, con su estilo mesurado pero firme, condensa en su posteo una advertencia institucional que trasciende su espacio partidario: la defensa del Congreso como órgano de control y no como actor subalterno del sistema judicial. El caso $LIBRA, más allá de su trama económica, se convierte así en un espejo de la fragilidad institucional argentina y en una prueba decisiva para la vigencia de la división de poderes. Si la Corte Suprema decide revisar la resolución, el desenlace podría marcar un precedente clave para el futuro del control republicano en el país.
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