Con la excusa de abrirlo al público, el gobierno porteño concesionó el Obelisco y el Centro de Monitoreo Urbano por cinco años. La empresa Andesmar podrá cobrar $20.000 por entrada y explotar comercialmente el monumento más emblemático de Buenos Aires.
La concesión incluye la venta de entradas, merchandising, actividades turísticas y hasta un área de recepción para visitantes. Todo esto a cambio de un canon mensual de 26,1 millones de pesos, una cifra que revela más la desesperación por tercerizar el espacio público que una estrategia de política cultural sustentable.
El Obelisco ya no será simplemente un símbolo. Ahora será también una fuente de ingresos para un privado. En una nueva muestra del modelo de ciudad que impulsa Jorge Macri, el gobierno porteño avanzó con la concesión por cinco años del uso y explotación del Obelisco y del Centro de Monitoreo Urbano a una empresa privada, a cambio de un canon mensual de 26,1 millones de pesos. ¿La beneficiaria? La UTE compuesta por la empresa de transporte mendocina Andesmar y Da Fre Obras Civiles. A partir de ahora, el monumento más reconocido del país funcionará como una atracción turística privatizada que cobrará entradas de $20.000 por persona, sin contar los extras que puedan sumarse por «servicios complementarios».
Bajo la lógica de la ciudad como negocio, el Ejecutivo porteño coronó el proceso licitatorio N° 0002-0614-LPU25 con la adjudicación a un consorcio que no sólo podrá lucrar con el acceso al mirador de 62 metros de altura, sino que también contará con la autorización para vender tickets digitales, ofrecer productos de merchandising, articular paquetes turísticos y disponer de una base de boleterías a medida. La decisión marca un cambio profundo y polémico en la relación entre el espacio público y el interés privado. No se trata ya de una restauración patrimonial ni de una reapertura simbólica al público. Se trata, sin rodeos, de convertir el Obelisco en una caja registradora.
El gobierno festeja haber logrado un canon que supera el mínimo base licitado, que era de 14,5 millones de pesos mensuales. Sin embargo, la cifra final –26,1 millones por mes– resulta irrisoria si se tiene en cuenta el volumen potencial de visitantes, la venta de entradas a precios dolarizados y las múltiples vías de ingresos habilitadas por la concesión. La empresa podrá vender entradas, explotar actividades anexas y hasta instalar una recepción para turistas. Todo dentro de un perímetro que antes era estrictamente estatal y simbólico. Ahora, es territorio de rentabilidad empresarial.
El camino hasta esta privatización simbólica comenzó con la instalación de un ascensor interno de capacidad reducida, apenas para cuatro personas, que llega a 55,5 metros de altura. Desde allí, una escalera de 35 peldaños permite alcanzar la sala de las cuatro ventanas. La obra, según las autoridades, no alteró la estructura del monumento. Pero el verdadero impacto no es físico: es ideológico. Con la excusa de permitir el acceso al público, lo que se ha hecho es abrir las puertas al lucro privado sobre un emblema nacional.
La licitación tuvo seis empresas oferentes, pero sólo la UTE liderada por Andesmar cumplió con los requisitos del pliego. Esto levanta otra bandera de alerta: ¿fue una licitación transparente o diseñada para un único ganador posible? La Comisión de Evaluación de Ofertas descartó al resto por no ajustarse a las exigencias del pliego, algo que también podría leerse como un indicio de direccionamiento. El resultado final –una empresa con antecedentes en transporte de larga distancia y vínculos con el poder político– no hace más que reforzar esa sospecha.
Andesmar no es una desconocida. La firma de la familia Badaloni no solo maneja el negocio del transporte de pasajeros y carga en Mendoza, sino que también es concesionaria de la terminal de ómnibus mendocina y, recientemente, encabezó la compra del diario Los Andes. Su desembarco en el Obelisco no es sólo una apuesta turística. Es una conquista simbólica del poder económico sobre los íconos del Estado.
El contraste entre el argumento oficial –“abrir al público una joya cerrada por décadas”– y la realidad del modelo de negocio implementado es tan brutal como el precio de la entrada: $20.000, una cifra inalcanzable para la mayoría de los argentinos en un contexto de crisis social y ajuste brutal. En lugar de democratizar el acceso, se lo segmenta aún más, transformando una visita simbólica en un lujo para unos pocos.
La concesión también obliga a la empresa a mantener el ascensor, las instalaciones eléctricas, la estructura edilicia, y ofrecer servicios de asistencia al visitante. Sin embargo, el negocio se amplía mucho más allá del simple mantenimiento. No solo se abre la puerta al turismo pago, sino también a un esquema de explotación integral: venta de entradas, promoción de actividades asociadas, y comercialización de productos. Es decir, el Obelisco dejará de ser un monumento para convertirse en una atracción de parque temático.
En este modelo de ciudad gestionado como si fuera una empresa, la lógica es simple: lo que no se puede rentabilizar, se descarta. Lo que puede generar ganancias, se concesiona. Así es como los símbolos se vacían de contenido. El Obelisco ya no será un espacio de encuentro, ni de protesta, ni de celebración popular sin mediaciones. Ahora será un negocio.
La medida va en línea con una serie de decisiones que transforman el patrimonio estatal en oportunidades de explotación privada. El Estado se corre, cede su rol rector y convierte la gestión del espacio público en una cadena de negocios. Bajo esta óptica, el Obelisco se transforma en una especie de “marca” susceptible de ser explotada como cualquier otro bien de consumo. La Ciudad, convertida en showroom.
Más allá de los montos y las condiciones, la pregunta que queda flotando es otra: ¿a quién pertenece realmente el Obelisco? ¿A los porteños y porteñas, que durante décadas lo hicieron propio como símbolo de unidad, identidad o protesta? ¿O a una empresa mendocina que pagó por su explotación como si fuera un lote más en subasta?
Frente a esta política de mercantilización del patrimonio urbano, se vuelve urgente discutir qué tipo de ciudad queremos. Una ciudad que preserve su memoria, que garantice el acceso popular a sus íconos, o una ciudad convertida en territorio de negocios donde todo –hasta lo más simbólico– tiene un precio.
Fuente:
- https://www.lanacion.com.ar/economia/obelisco-sociedad-anonima-a-cambio-de-26-millones-de-canon-el-gobierno-concesiono-un-icono-porteno-nid07082025/
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