El presidente presentó un insólito escrito judicial para defender un posteo contra un niño con autismo, argumentando que en sus redes “no es el Presidente” y que se trató de una “crítica privada” amparada en la libertad de expresión.
Javier Milei se niega a borrar un mensaje contra Ian Moche y asegura que su cuenta de X es personal, pese a que la Justicia ya dictaminó que lo representa como mandatario. La defensa intenta desligarlo de toda responsabilidad y desestima que haya existido un ataque al niño.
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En una maniobra que raya el absurdo y vuelve a desnudar su desprecio por los límites institucionales, Javier Milei decidió enfrentarse a la Justicia antes que reconocer un error. El Presidente, denunciado por un posteo en el que descalificó a Ian Moche, un niño con autismo que lo acusó de insultarlo, se negó a borrar la publicación y presentó un escrito judicial que parece más un ejercicio de escapismo político que una defensa seria.
En su presentación, Milei apeló a un viejo truco ya utilizado en otras causas: afirmar que sus redes sociales son de uso personal y que lo que escribe allí no lo representa como jefe de Estado. Según el mandatario, lo que se publica en su cuenta de X @JMilei es una suerte de territorio privado, inmune a las responsabilidades del cargo que ocupa. El problema es que este argumento ya fue rechazado por la Justicia en un caso anterior —el escándalo por la criptomoneda $LIBRA—, cuando el fiscal Oscar Julio Gutiérrez Eguía dictaminó que la cuenta sí lo representa como Presidente.
A pesar de ese antecedente, Milei volvió a la carga con la “doble personalidad” digital, como si pudiera alternar entre ser el líder de un país y un simple usuario cualquiera a gusto y conveniencia. Sus abogados calificaron la demanda presentada por la familia de Ian como “carente de sustento jurídico” y procedieron a negar, uno por uno, aspectos que para la opinión pública resultan evidentes.
En la lista de negaciones, la defensa rechazó que la cuenta en cuestión sea oficial del Poder Ejecutivo Nacional, que sus publicaciones constituyan una agresión al honor o integridad del niño, que un reposteo implique avalar agravios y que se haya producido un daño irreparable. También descartó que el interés superior del niño —un principio consagrado en tratados internacionales— justifique restringir la libertad de expresión política.
Milei insistió en que su tuit no fue un ataque a Ian, sino una “expresión crítica” dirigida a un periodista, Paulino Rodríguez, a quien vincula con la “agenda subyacente” que, según él, motivó la denuncia. El Presidente plantea, así, que la acusación de Ian no responde a un hecho objetivo, sino a un trasfondo ideológico.
Esta defensa, sin embargo, no hace más que reforzar el patrón de conducta que Milei ha mostrado desde que asumió: una negación sistemática de cualquier límite legal o ético a su accionar, acompañado de una tendencia a victimizarse y desviar el foco hacia conspiraciones o enemigos inventados. La estrategia es clara: desplazar el debate de la conducta presidencial hacia un supuesto ataque coordinado en su contra.
El argumento de que un mandatario puede comportarse como un ciudadano privado en redes sociales es, además de ingenuo, peligrosamente funcional a la impunidad. Las cuentas de los presidentes, en todo el mundo, son canales de comunicación oficial, incluso cuando no estén formalmente administradas por el Estado. La propia investidura convierte cada palabra en un mensaje político con impacto institucional. Pretender lo contrario no solo desafía la lógica, sino que erosiona la noción misma de responsabilidad pública.
En este caso, lo que Milei busca es blindarse detrás de la libertad de expresión, una bandera legítima pero que no puede ser utilizada para justificar la agresión o la desinformación. Ampararse en ese derecho mientras se minimiza el efecto que un ataque público —realizado por la máxima autoridad de un país— puede tener sobre un niño con autismo, es de una insensibilidad que roza la crueldad.
La defensa, al negar cualquier daño, desconoce no solo la dimensión simbólica de la palabra presidencial, sino también el impacto emocional y social que estas declaraciones tienen en personas y familias que enfrentan la discriminación a diario. Ian Moche no es una figura de poder, no es un adversario político, ni un periodista de alto perfil. Es un niño que decidió alzar la voz y terminó recibiendo, como respuesta, una embestida desde la tribuna más alta de la política argentina.
Lo más inquietante es que el Presidente no parece entender, o no quiere entender, que su condición de jefe de Estado no se apaga cuando cierra una sesión de X. Cada vez que publica, no es solo Javier Milei el economista mediático o el militante libertario; es el Presidente de la Nación, y sus palabras llevan el peso de ese rol. Negarlo es un acto de escapismo institucional que, de consolidarse como práctica, abriría la puerta a una peligrosa zona gris en la que los mandatarios podrían decir cualquier cosa sin consecuencias.
En lugar de ofrecer una disculpa o, al menos, retirar la publicación cuestionada, Milei opta por atrincherarse en un formalismo artificial y en un desprecio absoluto hacia los estándares más básicos de respeto y responsabilidad. La pregunta que queda flotando es qué clase de democracia puede sostenerse cuando quien la encabeza se siente por encima de las reglas que deberían regir su conducta.
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