En una encendida intervención en la Cámara de Diputados, Hugo Yasky desmontó la ofensiva del gobierno de Javier Milei contra uno de los pilares de la Argentina moderna: el sistema universitario nacional. Frente al deterioro salarial, la fuga de docentes y el desprecio oficial por la igualdad, el diputado de Unión por la Patria defendió el acceso al conocimiento como derecho y motor de movilidad social.
En la sesión del 6 de agosto de 2025, Hugo Yasky no se limitó a hablar: lanzó una advertencia. Con un discurso que combinó la claridad argumentativa con una profunda carga emotiva, el diputado de Unión por la Patria desenmascaró el verdadero trasfondo del ajuste brutal que el gobierno de Javier Milei aplica sobre la universidad pública. “Forma parte del sedimento construido a lo largo de décadas como parte de una conquista social”, afirmó, apelando no sólo a la historia sino también a la memoria colectiva que enorgullece al pueblo argentino.
Yasky no habló en abstracto. Trajo a colación el legado de la Reforma Universitaria de 1918, como también la gratuidad consagrada por el peronismo en la segunda mitad del siglo XX, para exponer una línea de continuidad histórica que explica por qué el acceso a la universidad nunca fue un privilegio de élites, sino un derecho popular. Esa tradición, advirtió, está hoy bajo amenaza directa. Y lo está no sólo por la asfixia presupuestaria, sino por una decisión política deliberada que apunta a desmantelar el último gran bastión de la igualdad social en el país: la educación superior pública.
La contundencia del dato que aportó el diputado resulta difícil de relativizar: los docentes universitarios, al igual que los empleados públicos nacionales, perdieron un 31% de su poder adquisitivo en lo que va del año y los escasos ocho meses de la administración Milei. Se trata de un recorte feroz, sin precedentes recientes, que no sólo golpea bolsillos: erosiona la calidad académica, empuja a los mejores docentes a buscar nuevos horizontes y debilita el rol estratégico de las universidades como motores del pensamiento crítico y la innovación científica.
Yasky hizo énfasis en ese punto. Lo que está en juego, explicó, no es un reclamo corporativo ni una pelea sectorial por salarios. Se trata de una defensa más amplia, estructural, del sistema educativo como generador de condiciones para la enseñanza, el aprendizaje y, por lo tanto, la transformación social. Dejar que los salarios de los docentes se pulvericen es condenar a la universidad a un estado vegetativo, es amputar la posibilidad misma de educar en condiciones dignas.
Pero el ataque no es sólo económico. Es también simbólico e ideológico. Porque al desfinanciar, al desatender, al despreciar abiertamente el rol de las universidades, el gobierno de Milei pretende construir una Argentina segmentada entre “aptos” e “inútiles”, entre los que pueden pagar y los que quedan condenados a la exclusión. La educación como privilegio, el conocimiento como mercancía, el mérito como excusa para profundizar la desigualdad. En ese modelo, la universidad pública sobra. Molesta. Estorba.
Por eso el discurso de Yasky no sólo apuntó a denunciar, sino a convocar. Convocar a la defensa activa, a la militancia cotidiana por una educación que no se rinde, a sostener el orgullo de lo construido colectivamente. “La universidad pública en la Argentina sigue siendo la escalera, el tramo principal del ascenso social”, sostuvo al cierre de su intervención, apelando a una imagen poderosa que sintetiza el sentido de pertenencia que millones de argentinos y argentinas sienten por estas instituciones.
La reacción no tardó en llegar. Aplausos. Reconocimiento. Complicidad silenciosa entre quienes, incluso desde bancas opositoras, no pueden negar la evidencia: lo que el gobierno está haciendo con las universidades es lisa y llanamente un crimen social. Y en un país donde la educación fue históricamente una bandera transversal, el experimento de Milei no sólo hiere derechos; también desafía identidades.
Porque lo que está en disputa no es sólo un presupuesto, ni una grilla salarial, ni una estructura administrativa. Lo que está en juego es el modelo de país. Uno donde la universidad siga siendo un espacio de democratización del saber, o uno donde se transforme en un coto cerrado para las élites. Uno donde los hijos de los trabajadores puedan llegar a ser científicos, médicos, ingenieros, o uno donde se les imponga desde la cuna el techo de sus posibilidades.
En este escenario, el gobierno no muestra ni el más mínimo interés por revertir la tendencia. Al contrario. Se jacta de su brutalidad presupuestaria, naturaliza el éxodo de docentes como si se tratara de una purga ideológica, y responde con sarcasmo y desprecio a los reclamos del sector. La universidad, para el oficialismo libertario, no es un bien a preservar sino un gasto a recortar.
Y ahí radica la gravedad. Porque si hay algo que atraviesa transversalmente a la historia argentina es la convicción de que el conocimiento salva, emancipa, transforma. Si algo define al país en el que queremos vivir —y no en el que nos quieren encerrar— es la certeza de que la educación no es negociable. Por eso el discurso de Hugo Yasky no fue uno más. Fue una advertencia, un llamado, una defensa apasionada de aquello que nos hace verdaderamente iguales.
Quizás por eso sus palabras resonaron tanto. Porque no se trató de un alegato partidario, sino de una interpelación directa a la conciencia colectiva. A la de quienes alguna vez vieron en la universidad la posibilidad de cambiar su destino. A la de quienes saben que sin universidad pública no hay futuro, ni república, ni dignidad.
El gobierno de Javier Milei podrá insistir en su cruzada destructiva. Podrá seguir ajustando, despreciando, negando. Pero lo que no podrá evitar es que haya voces como la de Yasky, que no se callan, que no transigen, que no claudican. Voces que, desde la trinchera parlamentaria, todavía recuerdan que el pueblo argentino no se resigna. Que la educación es una bandera que no se baja. Y que la universidad pública no se vende, no se achica, no se entrega. Se defiende.
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