Foto de unidad en Casa Rosada y la ofensiva del Gobierno contra derechos laborales

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El presidente Javier Milei convocó este jueves a 20 gobernadores en la Casa Rosada, logrando la imagen que Estados Unidos y los grandes acreedores esperaban. El encuentro da inicio a una serie de reformas —laboral, tributaria y penal— que prometen reducir derechos, flexibilizar despidos y acelerar el ajuste fiscal. Las provincias, con su urgencia financiera, cedieron … aunque el costo para la democracia social y los trabajadores empieza a dibujarse.

En un ambiente que pretendía mostrar moderación, diálogo y consenso, el presidente Javier Milei consiguió la postal que esperaba su equipo: una ronda en la Casa Rosada junto a 20 mandatarios provinciales, los ministros clave del gabinete, su hermana Karina y altos funcionarios del Banco Central y del Poder Legislativo. Esa imagen, calculada y estratégica, no es inocente: responde tanto al pedido del influyente Donald Trump —como interventor simbólico del rescate financiero tras las elecciones— como a la necesidad urgente del Gobierno de mostrar un frente sólido capaz de respaldar su ambiciosa agenda de reformas. Pero bajo esa foto se oculta una coalición en tensión, un acuerdo cargado de urgencias y una ofensiva de derechos que podría dar marcha atrás décadas de conquistas laborales —y eso lo convierte en un asunto que merece escrutinio crítico.

La reunión no solo fue simbólica: funcionó como el pistoletazo de largada hacia tres transformaciones que el gobierno empezará a impulsar apenas asuma el nuevo Congreso el 10 de diciembre. En palabras oficiales, se trata de reformas “tributaria”, para que el Estado recaude menos y el sector privado empuje; “laboral”, para reducir los derechos de los trabajadores y facilitar los despidos; y “penal”, para supuestamente “garantizar la propiedad privada” y sancionar “al que las haga las pague”. Además, el Presupuesto de 2026 aparece como piedra angular de esta ofensiva. Todo eso se habló, sin demasiados rodeos, en el salón Eva Perón del primer piso de Balcarce 50. El mensaje del Gobierno es claro: se acaba el populismo y empieza una nueva etapa de ajuste y reformas profundas.

Sin embargo, hay que deshacerse de la retórica presidencial y mirar de cerca lo que se traza. Milei, que en declaraciones recientes había fustigado a los gobernadores del Partido Justicialista —“Si usted repite el catecismo marxista … es difícil tener un diálogo razonable. No podemos juntarnos con gente que 2 más 2 no le da 4”– dejó claro que su cálculo no es el de convivir con todos: aquellos mandatarios que quedaron fuera de la foto representan alrededor del 40 % de la población argentina, y su exclusión no es accidental ni menor. Esa selección revela mucho sobre la forma de hacer política que se anuncia: la convocatoria es amplia, sí, pero selectiva; la idea de “dialogar” tiene letra chica. En ese sentido, la “foto” no sólo funciona como un gesto de unidad, sino también como señal política de quién entra y quién queda fuera.

Desde la óptica de los gobernadores invitados, la lógica es también de urgencia: necesitan obras, recursos de Nación, fondos para sueldos, coparticipación del combustible y la promesa de «equilibrio fiscal». No es que se sientan entusiasmados con recortes y pérdida de derechos: pero el escenario los apremia. En el intercambio, mostraron un apoyo genérico al equilibrio fiscal, aunque marcaron los viejos reclamos territoriales, como el reparto de la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos. Esa tensión revela el quid del sistema federal: las provincias están en sintonía con la idea de reducir el déficit, pero también tienen presupuestos que atender y pueblos que gobernar. Aquí no hay héroes ni villanos absolutos: hay gobernantes sometidos a dos presiones —la nacional y la local— y un gobierno nacional que aprovecha ese condicionamiento para avanzar su plan.

Ahora bien, ¿qué se juega en concreto para los trabajadores y los derechos sociales? En la hoja de ruta oficial figura la flexibilización laboral, que significa claramente menos protección para el empleo —menores indemnizaciones, despidos más fáciles, menor poder de negociación colectiva—. Se propone un cambio estructural que no se limita a ajustes menores: es un giro hacia un mercado laboral más precario. Es verdad que algunos argumentan que «el empleo se mueve mejor con menos rigideces», pero en Argentina esa excusa se usa desde hace décadas para reducir el costo de lo laboral, mientras los salarios reales se desploman y la inversión productiva no explota como prometían. En este caso, el Gobierno no sólo lo plantea: lo enmarca como parte de un “pacto” que incluye al sector privado como motor exclusivo del crecimiento. Y eso es grave: porque invita a relativizar derechos para que el capital fluya más libremente, mientras los trabajadores quedan expuestos a despidos, sin red y con menor negociación.

La reforma tributaria proyectada, por su parte, anuncia una “reducción del Estado” en cuanto a la recaudación. Más allá de la retórica liberal, lo que eso conlleva es menos recursos para políticas públicas, educación, salud, protocolos de empleo y protección social. En un país que arrastra desigualdades estructurales y donde muchos trabajadores ya están precarizados, ese recorte no es neutro: implica que el costo del ajuste recaerá otra vez sobre los de abajo. En la reunión se habló de “aumentar la inversión privada” y “proteger la propiedad”, frases que suenan muy bien en los foros de negocios pero que ocultan un ajuste para los que viven del salario.

En cuanto al endurecimiento del código penal que propone el Gobierno, el argumento oficial es “garantizar la propiedad privada” y «que el que la hace la pague». Pero cabe preguntarse: ¿por qué no garantizar primero la propiedad de los trabajadores, sus viviendas, su derecho a un salario digno y su sustento? La lógica punitivista aquí parece más un escudo ideológico que una política social real: se criminaliza más, se reprime más, mientras se blanquean recortes y ajustes por la puerta de atrás.

El cronograma es ajustado y funcional al calendario electoral: con bloques oficialistas más fortalecidos tras el triunfo reciente, el Gobierno aspira a que, apenas se instale la nueva composición parlamentaria, se convoquen sesiones extraordinarias y se aproben los proyectos durante el verano —tal cual lo hizo en 2024 con la llamada “Ley Bases”. Es decir: se busca que los cambios estructurales ingresen casi sin freno, en el clima de menor atención de la opinión pública. Una estrategia que llama la atención por su velocidad y por la falta de debate profundo visible.

Pero tampoco todo es automático. Uno de los gobernadores que participó sostuvo que el encuentro fue “muy bueno” pero “apenas sirvió para romper el hielo y poco más”. Esa frase, tan modesta, revela que la convocatoria tuvo brillo mediático pero poca concreción real hasta el momento. Las reformas todavía están en elaboración, y los criterios entre Nación y provincias aún no están unificados. Es decir: hay más humo que fuego, pero el horno está caliente. En política, la expectativa es la antesala de la ofensiva. Y en este caso, ese adelanto merece que se le ponga vigilancia.

La exclusión de gobernadores peronistas del pleno diálogo y la subordinación de las provincias a la lógica nacional de ajuste plantean un doble riesgo para la democracia social: menos representación, menos negociación, menos diversidad federal. Y un gobierno que, con mayoría parlamentaria asegurada, podría imponer su agenda sin opositores fuertes. En esas condiciones, los derechos laborales y sociales quedan a merced de la lógica del mercado y del capital. Es decir: aquel viejo pacto social que al menos permitía mínimas reglas de juego podría estar en jaque.

La emoción que genera este cambio no es de esperanza sino de alerta: cuando un gobierno dice que empieza “la segunda etapa”, como lo hizo el vocero presidencial tras la reunión, lo que está denunciando es que el ajuste fue la primera parte y ahora viene lo más duro. Ya no se trata de “transición” sino de consolidación de una nueva lógica: la que gobierna los recursos, no los ciudadanos; la que privilegia capital antes que trabajo; y la que ofrece “crecimiento” a cambio de menos derechos. En ese esquema, la pregunta que queda colgada en el aire es simple pero perturbadora: ¿Quién va a pagar el costo real de esta “Argentina mejor”?

Podemos aceptar que la complejidad del país y la urgencia de las provincias requieren acuerdos. Pero no podemos resignarnos a que esos acuerdos signifiquen que los derechos sociales y laborales se conviertan en moneda de cambio para la gobernabilidad. Si el Gobierno de Milei y sus aliados realmente desean “trabajar con todos”, como afirmaron, deberían hacerlo con inclusión, debate plural y transparencia —no con selecciones, circuitos cerrados ni alianzas que prometen ajuste por un plato de obra pública.

En definitiva, la reunión del jueves en la Casa Rosada muestra que el Gobierno está decidido a avanzar con su agenda sin demasiados remilgos. Los gobernadores cedieron al diálogo, pero en una mesa en la que las cartas estuvieron marcadas desde el principio. Para los trabajadores, para los pueblos, para las provincias menos poderosas, el riesgo es claro: perder derechos, ganar incertidumbre, ser espectador de un cambio de época que sí, puede traer crecimiento, pero cuya factura podría ser desproporcionadamente alta para los de siempre. Y eso es algo que vale la pena denunciar, analizar y seguir muy de cerca.