El comunicado de Abuelas de Plaza de Mayo no deja lugar a dudas: lo que está en juego no es solo la suerte política de Cristina Fernández de Kirchner, sino la integridad misma del sistema democrático. La condena judicial, más que un fallo, parece una sentencia escrita por los titiriteros del poder real. Una operación quirúrgica para amputar a la oposición, silenciar al pueblo y consolidar un modelo de país excluyente, autoritario y peligrosamente regresivo.
Es un día oscuro para la democracia argentina. Las Abuelas de Plaza de Mayo, testigos y protagonistas de una de las luchas más nobles por la verdad, la memoria y la justicia, alzaron su voz con la autoridad moral que solo los años de coherencia pueden otorgar. Su reciente comunicado, tras la confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner, no es una simple nota institucional. Es un grito de alarma. Un llamado urgente a despertar, a mirar con ojos bien abiertos el abismo que se abre ante nuestros pies.
La Corte Suprema ha decidido confirmar una sentencia que, lejos de impartir justicia, se percibe como el brazo judicial de una maquinaria política que busca proscribir a quien encarna hoy la principal referencia del movimiento nacional y popular. Una decisión que hiere, que desgarra, que pone en jaque la pluralidad, el derecho a elegir, y sobre todo, la posibilidad de disputar el rumbo de un país que se quiere encerrado en la lógica del mercado y la exclusión.
Cuando las Abuelas afirman que “la justicia se utiliza para distorsionar de forma brutal el tablero político”, no hablan en abstracto. Hablan con la experiencia acumulada de quienes sobrevivieron a un Estado que secuestraba, torturaba y desaparecía. Hablan desde la memoria de haber visto cómo el poder judicial, muchas veces cómplice o indiferente, miraba para otro lado o ejecutaba sentencias al servicio de los intereses de turno. Por eso hoy, cuando ven que se pretende dejar fuera de juego a una figura política tan representativa como Cristina, no dudan en llamar a las cosas por su nombre: proscripción.
Es importante detenerse en esta palabra, tan cargada de historia. No es la primera vez que en Argentina se intenta disciplinar a líderes populares por vías no electorales. La historia reciente del continente está plagada de ejemplos donde el lawfare—esa guerra judicial con máscara de legalidad—ha sido la herramienta predilecta para desarmar gobiernos progresistas, impedir candidaturas y abrir el paso a proyectos neoliberales que solo benefician a una élite cada vez más concentrada.
La gravedad del comunicado no reside solo en la defensa de una persona, sino en la advertencia explícita sobre las consecuencias colectivas de esta estrategia. Cristina Fernández de Kirchner fue dos veces presidenta y es la dirigente más relevante del espacio opositor. Pretender eliminarla del juego democrático no es simplemente una jugada política. Es una irresponsabilidad histórica cuyas consecuencias no se limitan a su figura: el mensaje que se instala es que quien desafíe al poder real puede ser perseguido, condenado y silenciado.
Las Abuelas lo dicen con claridad: “Es un día aciago para la patria”. Una frase que condensa dolor, impotencia y la certeza de que estamos ante un hecho que no debe naturalizarse. Silenciar a una porción enorme de la ciudadanía, despojándola de su figura más emblemática, no solo es un acto de injusticia. Es una forma de violencia política que, como toda violencia, deja marcas profundas y duraderas.
Lo que se juega aquí no es el pasado de una dirigente, sino el futuro de la política como herramienta de transformación. Si la justicia se convierte en un campo minado, si las decisiones de los jueces responden a los intereses de sectores concentrados, si se criminaliza la militancia y se proscriben las voces disidentes, entonces estamos ante una democracia vaciada de contenido, una cáscara institucional sin alma popular.
No es casual que esta confirmación de condena llegue en un contexto político signado por el ajuste feroz del gobierno de Javier Milei. La motosierra no es solo económica: también apunta a destruir derechos, instituciones y figuras que simbolicen resistencia. No basta con cerrar ministerios, despedir trabajadores o destruir la educación pública. También hay que eliminar, simbólicamente o judicialmente, a quienes representan la posibilidad de un país diferente.
El gobierno actual, que se presenta como la encarnación de la libertad, avanza en realidad sobre las libertades más elementales. La libertad de elegir, la libertad de representación, la libertad de participar. La condena a Cristina no se explica sin entender este proyecto más amplio, que busca reducir el debate político a una simulación controlada, donde solo puedan competir quienes no cuestionen el orden establecido.
Abuelas de Plaza de Mayo apelan a la memoria colectiva para que la ciudadanía no caiga en la trampa. Para que entienda que esto no es una mera decisión judicial, sino una operación meticulosamente planificada para reconfigurar los márgenes del escenario político y social. Un intento por delimitar quiénes pueden hablar, quiénes pueden disputar poder, y quiénes deben ser barridos del mapa.
La historia argentina nos ha enseñado que los silencios son cómplices. Que la indiferencia, cuando se persigue a una figura política con herramientas ilegítimas, no es neutralidad sino adhesión encubierta. Por eso, el comunicado no es solo una denuncia: es una invitación a la acción, a la toma de conciencia, a la construcción de un frente amplio que impida que el país retroceda a los peores momentos de su historia.
No es tiempo de tibiezas. Es tiempo de señalar con el dedo a los responsables de esta maniobra. De preguntarse a quién beneficia que Cristina no pueda competir. De exigir transparencia, legalidad real (no formal), y una justicia que no funcione como apéndice de los poderes económicos. Porque si dejamos pasar este ataque, mañana será cualquier otra voz la que callen. Y cuando nos demos cuenta, ya no habrá nadie para hablar.
En definitiva, lo que las Abuelas denuncian no es solo una injusticia, sino una amenaza. Una advertencia clara de que si no defendemos la democracia ahora, mañana puede ser demasiado tarde. Que proscribir a Cristina es solo la punta del iceberg de un modelo autoritario que avanza con la máscara del republicanismo pero el alma de la dictadura.
El texto del comunicado
Repudiamos la confirmación de la injusta condena a Cristina Fernández de Kirchner, en un nuevo y triste episodio de persecución y proscripción, como ya hemos vivido otros en Argentina y en la región, decidida por una Corte Suprema que –como buena parte del poder judicial– responde a un sector de la política.
Cuando la justicia se utiliza para distorsionar de forma tan brutal el tablero político, la democracia está en peligro. Dejar fuera de juego a esta dirigente tan representativa para el país, dos veces presidenta de la Nación y líder del principal partido opositor, es una irresponsabilidad histórica cuyos costos terminará pagando toda la sociedad.
Es un día aciago para la patria. Quieren silenciar a una porción enorme de la ciudadanía, despojándola de su figura más emblemática, tras años y años de estigmatización y deshumanización.
Esperamos que el pueblo argentino entienda que no estamos frente a una mera disposición judicial, sino que se trata de una operación orquestada para reconfigurar, de manera completamente restrictiva y regresiva, los márgenes del escenario político y social.
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