El caso estalló en redes luego de un posteo viral que exhibió parte de las filmaciones obtenidas por una investigación judicial. Mientras miles de usuarios cuestionan el silencio oficial, la Municipalidad confirmó la cesantía de Norma Watson y presentó una denuncia penal, aunque no despejó dudas sobre la responsabilidad política en un esquema de robo sostenido durante meses.
El escándalo que sacude a Pinamar no es un episodio aislado ni una anécdota menor. Es la radiografía de cómo se vacía un Estado cuando quienes deben custodiar los fondos públicos actúan impunemente, amparados por la inacción política y una lógica de «sálvese quien pueda» que se profundizó bajo la gestión libertaria, alineada con el clima nacional impuesto por el gobierno de Javier Milei. En este caso, la chispa se encendió en las redes un video donde se ve a Norma Beatriz Watson, jefa de Tesorería municipal desde hace más de tres décadas, doblando fajos de billetes y guardándolos en su cartera como si fuera lo más normal del mundo.
La escena, de apenas 25 segundos, es parte de un conjunto mucho más amplio: 11 videos de cámaras ocultas, instaladas por orden judicial y administrativa tras sospechas de desvío de fondos. Esos clips, de baja calidad pero lapidarios, registran —sin lugar a segundas lecturas— un «robo hormiga» que terminó siendo mucho más que un goteo. Los investigadores estiman un faltante mínimo de 7 millones de pesos en una sola semana, pero una auditoría interna elevó el número a 67 millones en apenas tres meses, una cifra que por sí sola deja sin aire a cualquier intento de minimización.
La cronología del caso revela una pasmosa permisividad. En febrero de 2025 ya existían sospechas concretas; sin embargo, la funcionaria continuó en su puesto, manejando dinero público con total libertad. En julio, el concejal opositor Leonardo Nápoli exigió una auditoría formal, pero el municipio respondió con el clásico “secreto de sumario”, una fórmula útil para ganar tiempo y frenar el costo político. Recién en noviembre, cuando el material fílmico se filtró y explotó en las redes, el municipio aceleró los tiempos: Watson fue echada —con efecto retroactivo— y se presentó una denuncia penal ante la Justicia de Dolores. También se envió el expediente al Tribunal de Cuentas provincial.
La defensa de Watson, por su parte, intentó un argumento tan endeble como insólito: que el dinero era suyo y que lo manipulaba por “inseguridad”. La explicación cae por su propio peso. Ningún empleado público guarda sus ahorros personales en la oficina municipal, ni mucho menos aparece doblando fajos de billetes de manera clandestina ante cámaras de seguridad. La abogada de la tesorera también cuestionó la cadena de custodia de los videos, pero tanto la Municipalidad como la fiscalía desestimaron esa hipótesis. La Justicia avanza con cargos por defraudación al Estado, aunque por el momento no hay detenciones.
La reacción política es parte del problema. El intendente Juan Ibarguren aún no habló públicamente, pese a que el caso generó más de dos mil seiscientos likes, mil cien reposts y decenas de hilos de discusión en X. Usuarios de todos los signos políticos exigen explicaciones que no llegan. La oposición lo acusa de haber sostenido a Watson en el cargo incluso después de los primeros indicios. Otras voces van más lejos y sugieren que la funcionaria podría haber sido protegida para evitar que trascendieran irregularidades aún mayores, aunque no existen pruebas firmes de esa hipótesis. Lo que sí hay es un patrón: en 2021, Pinamar vivió un caso similar vinculado al desvío de tarjetas Alimentar en el área de Desarrollo Social. El municipio, otra vez, quedó en el centro de la polémica.
El silencio de Ibarguren, lejos de apaciguar el clima, lo enciende. En momentos en que el discurso oficial a nivel nacional —inspirado por el gobierno de Milei— promueve la demonización del Estado y la idea de que “lo público es un lastre”, la corrupción municipal adquiere un matiz aún más grave. Porque expone lo que ocurre cuando se desfinancia, se vacía y se desprecia a la estructura estatal: florecen los negocios opacos, se profundiza la falta de control y se multiplican los abusos de poder. En este contexto, la ausencia de una rendición de cuentas clara se vuelve casi una confesión política.
La ciudadanía merece algo mejor que una denuncia apurada y un comunicado escueto. Necesita saber —sin vueltas ni tecnicismos— cómo fue posible que una tesorera con sanciones previas siguiera manejando grandes sumas de dinero pese a múltiples alertas; quién supervisó sus movimientos; por qué se demoró tanto la cesantía; y qué medidas se tomarán para evitar que el Estado municipal siga siendo un botín accesible para quien se anime a estirar la mano.
La indignación que explotó en redes no responde a un espíritu inquisidor sino a una demanda elemental: transparencia. Y, en un país donde el ajuste del gobierno nacional golpea a los sectores más vulnerables con dureza, el robo de fondos públicos no solo es corrupción: es crueldad. Si 67 millones de pesos pueden evaporarse sin que nadie toque el freno, la pregunta deja de ser cómo pudo suceder y pasa a ser quién permitió que sucediera.
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