Ferraro, acompañado por Sabrina Selva, Mónica Frade y Juan Marino, presentó ante la Fiscalía N.º 3 un paquete de pruebas que profundiza la línea investigativa sobre la trazabilidad del dinero y las llamadas “cuevas cripto”, en un contexto donde crecen las sospechas por presuntos pagos indirectos a funcionarios nacionales.
El presidente de la Coalición Cívica ARI y diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Maxi Ferraro, volvió a encender las alarmas sobre un tema que incomoda al gobierno de Javier Milei: la presunta utilización de criptomonedas para realizar pagos indirectos a funcionarios públicos. No se trata de rumores sueltos ni de discusiones en redes sociales. Esta vez, Ferraro llevó información concreta a la Fiscalía N.º 3, donde el fiscal Taiano conduce una investigación que crece en volumen y sensibilidad política.
Ferraro explicó que la presentación incluyó datos vinculados a la trazabilidad del dinero en cuentas asociadas al ecosistema cripto $LIBRA, uno de los focos de sospecha dentro de la causa. Según el legislador, parte del material entregado podría ayudar a reconstruir movimientos financieros que, en la hipótesis judicial, serían compatibles con circuitos de pago indirecto hacia funcionarios del Gobierno. La gravedad de ese punto convierte este aporte en un paso de enorme relevancia institucional.
A Ferraro lo acompañaron las diputadas Sabrina Selva y Mónica Frade, así como Juan Marino, integrante del Frente Patria Grande. El grupo subrayó que hubiera preferido reunirse antes con el fiscal, pero que la entrega del informe final —que venían preparando desde hace semanas— hacía indispensable acercar toda la información en este momento. Esa aclaración deja traslucir una mezcla de responsabilidad, urgencia y frustración: saben que están frente a un mecanismo complejo, difuso y plagado de opacidades, pero también entienden que la Justicia necesita cada pieza del rompecabezas.
La mención explícita a una posible “cueva cripto” dentro de la línea investigativa agrega una dimensión inquietante. El término suele usarse para describir espacios donde los controles bancarios y las regulaciones del Banco Central prácticamente no existen, un terreno fértil para operaciones irregulares. Que esos circuitos aparezcan vinculados, aunque sea indirectamente, a funcionarios del Gobierno de Javier Milei no es un dato menor, especialmente en una administración que insiste en predicar transparencia mientras opera con niveles de centralización y discrecionalidad que ya han generado numerosas polémicas.
En su mensaje público, Ferraro marcó una diferencia importante: los diputados tienen sus propias competencias y límites, y la tarea de avanzar judicialmente sobre los hechos corresponde exclusivamente a la Fiscalía. Sin embargo, el hecho mismo de que legisladores de distintos espacios se hayan puesto de acuerdo para entregar evidencia demuestra la gravedad del tema y el nivel de preocupación que despierta. No es una denuncia improvisada; es un aporte articulado, con documentación concreta, en un momento en el que la sociedad exige claridad sobre la circulación del dinero en la política.
El trasfondo político también es inevitable. En un país golpeado por la pérdida de poder adquisitivo, el ajuste brutal y el desmantelamiento de organismos estatales, la idea de que funcionarios del propio Gobierno podrían estar vinculados a canales financieros opacos resulta intolerable. La narrativa oficial que promueve la “lucha contra la casta” pierde fuerza cuando aparecen indicios que apuntan a un manejo irregular de fondos en estructuras de criptomonedas, lejos del control público y sin rendición de cuentas.
Aun así, Ferraro reconoce la complejidad del escenario. La trazabilidad cripto no es lineal ni sencilla, y menos cuando se mueve a través de operadores que buscan, precisamente, borrar huellas. En este terreno, cada dato cuenta. Cada captura, cada dirección, cada transferencia puede conectar un punto con otro. Por eso el aporte realizado ayer puede convertirse en una pieza clave, si la Justicia logra avanzar. Aunque todavía falta mucho por esclarecer, la presentación marca un antes y un después en una causa que, de confirmarse las hipótesis, podría convertirse en uno de los mayores escándalos financieros del gobierno de Javier Milei.
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