El fallo del Tribunal Oral Federal N.º 8 dejó al descubierto una red de inteligencia ilegal, presiones mediáticas y vínculos directos con el poder político y judicial. El engranaje que operó entre 2016 y 2019 muestra hasta qué punto las instituciones fueron corroídas desde adentro.
La sentencia contra Marcelo D’Alessio no es solo un hecho judicial: es la radiografía de un modelo político que utilizó la extorsión, el espionaje y la manipulación informativa como herramientas de control. El caso involucra a fiscales, jueces, periodistas y exfuncionarios, y salpica directamente a Patricia Bullrich, quien mantenía comunicación con el falso abogado mientras ejercía como ministra de Seguridad.
La condena a Marcelo Sebastián D’Alessio por liderar una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal y la extorsión desnuda el lado más oscuro del aparato estatal. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 8 demostró con pruebas abrumadoras cómo funcionó, entre 2016 y 2019, una red criminal que no solo operaba en los márgenes de la ley, sino también en los pasillos del poder.
No se trató de un lobo solitario. La investigación acreditó la existencia de dos organizaciones ilícitas: una enfocada en obtener información personal a través de bases de datos restringidas y contactos estatales para extorsionar a empresarios y funcionarios; y otra, conocida como “Grupo Buenos Aires”, destinada a planificar operaciones internacionales de lavado de dinero por millones de dólares. Una maquinaria perfectamente aceitada donde la extorsión judicial y la presión mediática eran moneda corriente.
El modus operandi no deja dudas. D’Alessio obtenía datos mediante escuchas ilegales, seguimientos y accesos a bases oficiales. Luego, se acercaba a sus víctimas con amenazas directas: pagar sumas millonarias o enfrentar imputaciones judiciales acompañadas de campañas mediáticas devastadoras. Casos como los de Pedro Etchebest y Mario Cifuentes revelan hasta qué punto la extorsión se camuflaba bajo un barniz de legalidad, con fiscales y periodistas como engranajes de una misma maquinaria.
La condena también expone un capítulo clave en la llamada causa GNL. Allí, D’Alessio actuó como intermediario entre fiscales, arrepentidos y periodistas, armando declaraciones, organizando entrevistas y manipulando testimonios. Gonzalo Brusa Dovat, exdirectivo de PDVSA Argentina, fue forzado a declarar en condiciones que, según el tribunal, comprometieron la legalidad del proceso. Todo bajo un guion escrito desde la inteligencia paralela y amplificado en los medios.
Pero el punto más inquietante del fallo es la confirmación de los vínculos de D’Alessio con Patricia Bullrich, entonces ministra de Seguridad. Los mensajes de WhatsApp muestran un canal directo, donde el falso abogado le ofrecía escuchas y testigos arrepentidos como si fueran mercancía disponible para su uso político. El tribunal no dejó lugar a dudas: estas comunicaciones revelan una “permeabilidad institucional” que permitió que información obtenida ilegalmente se convirtiera en insumo operativo del propio Estado.
Lo que emerge de esta sentencia no es solo la responsabilidad penal de un personaje turbio. Es la demostración de un entramado político-judicial-mediático que degradó la democracia y utilizó el miedo, la difamación y la manipulación como instrumentos de gobierno. El fallo deja abiertas varias líneas de investigación sobre actores que, aunque no fueron juzgados en esta instancia, aparecen mencionados en las pruebas.
En un país donde la confianza en las instituciones ya estaba erosionada, el caso D’Alessio confirma lo que muchos sospechaban: que el Estado, en lugar de proteger a los ciudadanos, se usó como arma de extorsión al servicio de intereses políticos y personales. El mensaje es claro y brutal: la podredumbre del sistema no se limita a individuos aislados, sino que alcanza a quienes desde el poder habilitaron, ampararon o se beneficiaron de estas prácticas mafiosas.
Fuente:
.https://www.ambito.com/politica/condena-historica-marcelo-dalessio-el-fallo-que-revela-una-red-espionaje-extorsion-y-vinculos-el-poder-politico-y-judicial-n6192716
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