Espacio público versión premium: chico, caro y con sorpresas

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Una licitación por más de $4.180 millones promete un nuevo espacio verde en Villa Urquiza, pero el pliego técnico expone zonas grises: costos elevados, etapas fragmentadas y la posibilidad de usos comerciales encubiertos bajo el discurso de “recuperación urbana”.

El anuncio suena impecable: un nuevo pulmón verde de casi 6.000 metros cuadrados en el corazón de Villa Urquiza, allí donde antes funcionaban canchas de fútbol. La iniciativa, formalizada mediante la Licitación Pública N° 11/MEPHUGC/26 en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, se presenta como una conquista del espacio público. Pero cuando se atraviesa la superficie del relato y se ingresa al detalle técnico, la postal verde empieza a agrietarse.

El proyecto del Parque Ferroviario Urquiza, impulsado por el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, no es una simple obra paisajística. Es una intervención sobre suelo estratégico, en un nodo urbano de alto valor inmobiliario, a metros de la estación Estación Villa Urquiza y del subte en Estación Juan Manuel de Rosas. Y como toda intervención en este tipo de enclaves, el interrogante no es qué se construye, sino qué se habilita.

El número central del expediente —$4.180.073.116,54— no admite eufemismos. Para una primera etapa de apenas 4.100 m², el costo por metro cuadrado se dispara y obliga a preguntarse qué incluye realmente la obra. ¿Se trata de un parque o de una infraestructura compleja con componentes que no figuran en la narrativa oficial? La falta de desagregación detallada en el resumen público es, en este punto, más que una omisión: es una señal.

El plazo de ejecución, fijado en 10 meses, con apertura de sobres el 22 de abril de 2026 y finalización estimada para el primer trimestre de 2027, ordena el calendario pero también delimita una estrategia. No hay urgencia social que explique los tiempos, pero sí hay una lógica política: inaugurar sin terminar, mostrar avance sin rendir cuentas completas, y dejar siempre una etapa pendiente. Porque eso es, en definitiva, lo que revela el pliego: el parque no es uno, sino varios.

La fragmentación en etapas —4.100 m² ahora, casi 6.000 en total después— no es un detalle técnico sino una herramienta de gestión. Permite dividir presupuestos, recalcular costos y, sobre todo, redefinir el destino del suelo restante sin necesidad de rehacer todo el proceso licitatorio. Es la arquitectura clásica de los proyectos abiertos: lo que hoy se presenta como espacio verde puede mutar mañana en otra cosa, siempre dentro del marco legal.

Pero es en el pliego técnico donde aparecen las claves más inquietantes. Bajo categorías aparentemente neutras como “equipamiento urbano” o “servicios al usuario”, se habilitan usos que exceden lo estrictamente público. Módulos gastronómicos, instalaciones desmontables, espacios de eventos: la puerta a la explotación comercial no está cerrada, apenas disimulada. Y cuando esa puerta existe, la historia reciente de la Ciudad indica que tarde o temprano se abre.

El capítulo de mantenimiento tampoco es inocente. La inclusión de obligaciones a cargo del adjudicatario puede transformarse en una presencia extendida en el territorio, una suerte de concesión de hecho que antecede a posibles explotaciones futuras. No es una novedad: es un mecanismo probado en otras intervenciones urbanas donde lo público y lo privado terminan entrelazados de manera opaca.

El contexto en el que se inscribe la obra tampoco ayuda a despejar dudas. El desalojo de las canchas de fútbol a principios de marzo, tras el vencimiento de la concesión, no fue un hecho aislado sino el paso previo necesario para liberar el terreno. Lo que desaparece es un uso social concreto, accesible, de cercanía. Lo que aparece es un proyecto millonario cuya fisonomía final todavía no está completamente definida.

El argumento de la “co-creación” con vecinos, incorporado en los pliegos, funciona más como legitimación discursiva que como garantía efectiva. Sin mecanismos vinculantes ni acceso público a los planos ejecutivos, la participación queda reducida a un gesto. Se escucha, pero no necesariamente se decide.

Y en el centro de todo, como siempre, están las firmas. El acto administrativo que da origen a la licitación no es anónimo: lleva la responsabilidad política del jefe de Gobierno Jorge Macri y de los funcionarios que refrendan el llamado desde el área de Espacio Público. Son ellos quienes avalan no solo la existencia del proyecto, sino también su forma: su fragmentación, sus ambigüedades y sus márgenes de discrecionalidad.

Porque eso es, en definitiva, lo que está en juego. No si el barrio necesita o no más verde —una discusión saldada— sino bajo qué condiciones se produce ese verde. Si como ampliación genuina del espacio público o como plataforma para una nueva ronda de valorización urbana donde lo colectivo funciona como excusa.

El Parque Ferroviario Urquiza no es solo un parque en construcción. Es un caso testigo de cómo se gestionan hoy los bordes entre lo público y lo privado en la Ciudad de Buenos Aires. Y como en todo caso testigo, lo importante no es lo que se dice en los anuncios, sino lo que se escribe —y lo que se omite— en los pliegos.

Fuentes:

Publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires del 10 de abril de 2026 (sección Licitaciones Públicas). Llamado formal de la Licitación Pública N° 11/MEPHUGC/26.

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