El Gobierno de Javier Milei volvió a mostrar su peor cara institucional y política al intervenir de manera directa para frenar el avance del amparo colectivo que reclamaba la aplicación plena de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La escena es tan elocuente como brutal: mientras desfilan por Comodoro Py los involucrados en el escándalo de coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), la administración libertaria no solo retacea los fondos necesarios para sostener los apoyos básicos que necesitan miles de niñas, niños y adultos con discapacidad, sino que además maniobra en los tribunales para impedir que la justicia obligue al Estado a cumplir con una norma votada por mayorías amplísimas en el Congreso. La contradicción entre el discurso oficial y los hechos reales nunca fue tan evidente. El gobierno que prometió “terminar con los privilegios” parece dispuesto a hacer cualquier cosa menos enfrentar la corrupción interna que brota en uno de los organismos más sensibles del Estado.
El Procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, presentó una recusación contra el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, justo cuando el magistrado estaba a punto de declarar la inconstitucionalidad del decreto con el que la Casa Rosada había vetado por segunda vez la ley. La secuencia deja un sabor amargo: cuando la justicia finalmente avanzaba en reconocer los derechos vulnerados de miles de familias, el Poder Ejecutivo se interpuso para evitar un fallo adverso que obligara al Gobierno a financiar aquello que no desea financiar. La jugada fue tan evidente que ni siquiera intentó ocultarse debajo de argumentos técnicos sólidos. Por el contrario, Castro Videla apeló a justificaciones que rozan el absurdo, como sostener que las partidas para aplicar la ley están supuestamente garantizadas en el Presupuesto 2026, no en el proyecto del Gobierno sino en el dictamen de minoría de la oposición. Es el mundo del revés: el oficialismo usa el trabajo de la oposición para excusarse de cumplir aquello que vetó y que pretende seguir vetando.
La presentación judicial que dio origen al amparo colectivo fue impulsada por dos familias que reclamaban la aplicación real de la ley, necesaria para garantizar apoyos indispensables para menores con Trastornos del Espectro Autista. El pedido de estas familias, lejos de quedar aislado, fue acompañado por un amplio espectro de organizaciones: escuelas especiales, centros de día, instituciones terapéuticas, transportistas especializados, además de organizaciones como REDI y ACIJ. Ninguna de ellas desconoce el impacto devastador que ha tenido el ajuste en discapacidad durante la actual gestión. Instituciones que venían luchando por sostenerse hoy están al borde de la quiebra, atrapadas entre aranceles congelados, inflación y un Estado que, lejos de reparar el daño, profundiza la crisis con vetos, recortes y maniobras legales.
En este contexto, el juez González Charvay había rechazado de manera sistemática los intentos del Gobierno de frenar la causa. Incluso había ordenado publicar en el Boletín Oficial un edicto convocando a más familias a sumarse al amparo, lo que señalaba claramente que el expediente había adquirido un peso institucional considerable. Llegó a desbaratar argumentos deleznables, como cuando el Gobierno intentó invalidar el amparo argumentando que una de las familias tenía cobertura de la obra social OSPJN. El juez explicó lo que cualquier funcionario mínimamente informado debería saber: esa obra social toma como referencia el Nomenclador Nacional fijado por Andis, por lo que el desfinanciamiento golpea directamente a los menores que dependen de dichas prestaciones.
Lo que estaba por venir era un fallo de fondo que ponía en peligro la estrategia del Gobierno de vaciar la ley sin asumir el costo político de derogarla abiertamente. Según trascendió, González Charvay estaba muy cerca de declarar la inconstitucionalidad del decreto que suspendió la ley con la firma del entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos. No se trataba de un capricho judicial: la maniobra del Gobierno había sido explícita. Francos había promulgado la ley, pero suspendiendo casi todos sus artículos y dejando sin fondos aquello que el Congreso había decidido financiar. Fue, en términos prácticos, un veto encubierto disfrazado de formalidad administrativa. La suspicacia institucional llegó a niveles insólitos cuando se reveló que el DNU afirmaba que la ley quedaba reglamentada pero “suspendida en su ejecución” hasta que aparecieran fondos que el propio Gobierno se ocupaba de negar.
En este escenario tenso, aparece la movida del Procurador del Tesoro acusando al juez de haber “prejuzgado” por citar textualmente que el decreto de Francos suspendió la ley. La acusación resulta tan artificial que solo puede ser interpretada como lo que realmente es: un intento desesperado de desactivar un expediente que había logrado sostenerse a pesar de la presión oficial. Lo que realmente juzgó el Gobierno no fue una supuesta parcialidad del magistrado, sino la posibilidad concreta de que la justicia obligara al Ejecutivo a financiar las prestaciones de discapacidad con montos acordes a lo que establece la Ley 27.793.
Expertos en derecho constitucional, como Diego Armesto —representante de varias de las organizaciones involucradas en el amparo—, señalan la gravedad institucional del accionar del Ejecutivo. Armesto describió con claridad la maniobra como “una suerte de veto del veto del veto”, resaltando el poco apego a la Constitución que viene demostrando el Gobierno desde que firmó el decreto 681/2025. Y ese es un punto central: el Gobierno utiliza la figura del veto y del decreto de necesidad y urgencia como herramientas políticas para doblegar decisiones del Congreso, a pesar de que la Constitución establece límites precisos para su uso. La herramienta de gobierno por decreto parece haberse convertido en el instrumento predilecto de una administración que se presenta como adalid del republicanismo, pero que actúa en los hechos como una estructura obsesionada con concentrar poder y controlar los tiempos judiciales.
En paralelo a estas maniobras, el Gobierno anunció a fines de octubre un aumento del 31 por ciento en los aranceles de las prestaciones, a pagar en tres tramos hasta enero de 2026. Las organizaciones rápidamente denunciaron que la medida era insuficiente y que, además, no cumplía con lo establecido por la ley de Emergencia en Discapacidad, que contemplaba aumentos mucho más altos y una compensación por la pérdida acumulada durante el último año. Este incremento parcial, que el Gobierno pretendió presentar como un gesto de buena voluntad, es apenas una estrategia de contención política para frenar el avance del amparo. Incluso el Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad explicó que el aumento representa apenas “la mitad —o incluso menos— del atraso arancelario acumulado durante esta gestión”.
La realidad en el territorio respalda estas afirmaciones. Muchas instituciones cerraron durante el año porque no pudieron sostener sus servicios. Centros de día con décadas de trayectoria apagaron sus luces por primera vez ante la imposibilidad de afrontar costos básicos. Empresas de transporte especializado se vieron obligadas a recortar personal y dejar recorridos esenciales por falta de pago. Lo que está en juego no es una discusión abstracta sobre partidas presupuestarias, sino la vida cotidiana de miles de personas que dependen de apoyos permanentes para poder estudiar, trabajar, desplazarse o recibir terapias esenciales.
Resulta especialmente indignante que, en esta situación, el Gobierno recurra al dictamen de minoría del Presupuesto 2026 —el elaborado por la oposición— para argumentar que el amparo no tiene sentido. La ironía es tan evidente que debería formar parte de un manual básico sobre cinismo político. El Gobierno no incluyó en su propio proyecto presupuestario los fondos necesarios para aplicar la ley, pero luego utiliza un dictamen que no avala para justificar que las partidas están “garantizadas”. El procurador Castro Videla incluso sostuvo que las asignaciones “ya están incorporadas”, cuando en realidad forman parte de un dictamen que el oficialismo no acompaña y que no tiene ninguna garantía de convertirse en ley.
Mientras el Gobierno despliega este entramado jurídico para ganar tiempo, las organizaciones del sector denuncian con fuerza la contradicción más dolorosa: mientras la justicia federal investiga cómo se desviaron miles de millones de pesos destinados a discapacidad —con empresarios detenidos y pruebas contundentes en Comodoro Py—, la administración de Javier Milei utiliza su aparato legal para bloquear el reclamo de las familias que exigen simplemente que se cumpla una ley votada por el Congreso.
La doble vara es evidente. La gestión que se muestra férrea para perseguir a quienes reclaman derechos, actúa con una tibieza pasmosa frente a los casos de corrupción que surgen desde adentro de su propio aparato estatal. Mientras las organizaciones marchan a Plaza de Mayo para denunciar el ajuste en discapacidad, el Gobierno prefiere esconder detrás de maniobras judiciales su decisión política de profundizar el recorte, incluso a costa de niños y niñas que dependen de la asistencia estatal para poder vivir dignamente.
Nada de esto es casual ni aislado. Responde a una lógica más amplia: reducir el gasto público sin evaluar el impacto real sobre las poblaciones más vulnerables. Achicar por achicar, aun cuando eso implique cerrar centros terapéuticos, desfinanciar prestaciones esenciales o empujar a la quiebra a instituciones que sostienen a miles de familias. El ajuste, cuando se ejerce sobre quienes no pueden defenderse solos, deja de ser un debate técnico y se convierte en un gesto político profundamente revelador. Es allí donde queda expuesta la verdadera esencia de un gobierno que se proclama libertario, pero que en los hechos reproduce las peores prácticas del neoliberalismo más crudo: recortar derechos, debilitar al Estado y blindarse judicialmente frente a cualquier intento de control institucional.
El destino del amparo ahora está en manos de la Cámara de San Martín, que deberá decidir si continúa la causa o convalida la maniobra oficial. Mientras tanto, las organizaciones y las familias siguen resistiendo, denunciando y visibilizando que el problema no es la falta de recursos sino la falta de voluntad política. Cuando el Gobierno decide vetar una ley que amplía derechos, recortar fondos esenciales y bloquear la acción judicial que podría revertir ese daño, queda claro que no se trata de un error administrativo ni de una cuestión técnica. Es una decisión deliberada, sostenida y coherente con una política de ajuste que, lejos de proteger a quienes más lo necesitan, los utiliza como variable de ajuste y como daño colateral de un proyecto económico que prioriza la austeridad por encima de la dignidad humana.
La discusión de fondo está abierta y es urgente. ¿Puede un gobierno vetar dos veces una ley que el Congreso insiste en aprobar? ¿Puede suspender su ejecución mediante un decreto mientras sostiene que no hay fondos para aplicarla, aun cuando la oposición los incorpora en su propio dictamen presupuestario? ¿Puede acusar de parcialidad a un juez por citar textualmente un DNU? ¿Puede un aparato estatal investigado por corrupción en la Andis bloquear el reclamo judicial de las familias afectadas por ese mismo vaciamiento? La respuesta jurídica está en debate, pero la respuesta ética es evidente. El gobierno de Javier Milei eligió colocar a las personas con discapacidad en el frente más vulnerable del ajuste, y lo está haciendo con total conciencia de las consecuencias.
Fuente:
Página/12 – “Mientras desfilan los acusados de cobrar coimas, el Gobierno va a los tribunales para no cumplir con la emergencia en discapacidad”
https://www.pagina12.com.ar/2025/11/20/mientras-desfilan-los-acusados-de-cobrar-coimas-el-gobierno-va-los-tribunales-para-no-cumplir-con-la-emergencia-en-discapacidad
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