Juan Grabois expuso en redes una serie de vínculos entre funcionarios del gobierno de Javier Milei, abogados cercanos al Presidente y el empresario narcotraficante Fred Machado, cuya extradición a Estados Unidos lleva años demorada.
El referente social acusó a la Corte Suprema y al gobierno nacional de obstaculizar deliberadamente la entrega del capo narco a la justicia norteamericana. Según Grabois, si Machado declara en Texas podría revelar una trama de financiamiento político y complicidades judiciales que comprometen al oficialismo.
Juan Grabois volvió a encender las alarmas en la política argentina con una denuncia que combina poder, dinero y narcotráfico. En una publicación en su cuenta de X, el dirigente del Frente Patria Grande apuntó directamente contra el gobierno de Javier Milei y la Corte Suprema por la escandalosa demora en la extradición del empresario Fred Machado, detenido hace más de tres años por vínculos con el narcotráfico internacional y el lavado de dinero.
Según Grabois, el Juzgado Federal de Neuquén, a cargo del juez Gustavo Villanueva, ya cumplió todos los pasos procesales necesarios y respondió de manera correcta los requerimientos judiciales. Sin embargo, la Corte, “tal como solicitó Oneto —el abogado que comparten el narco Fred Machado y el presidente Javier Milei—”, continúa dilatando una decisión que, a esta altura, parece más política que jurídica.
El dirigente fue aún más lejos: sostuvo que existe una “desesperación evidente” dentro del gobierno porque Machado podría viajar a Texas y declarar en el marco de un plea agreement (acuerdo con el fiscal) que dejaría al descubierto “la totalidad de la trama narcopolítica” que hasta ahora sólo se conoce parcialmente. Las palabras son graves y resonaron fuerte en las redes, sobre todo porque involucran a figuras clave del gabinete nacional.
Grabois señaló que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habría llamado al fiscal Diego Iglesias, titular de la PROCUNAR, para obtener información directa sobre el proceso de extradición. Si eso se confirma, sería un hecho de extrema gravedad institucional: una funcionaria política interfiriendo en una causa judicial que podría salpicar a su propio gobierno.
El hilo de conexiones que el dirigente describe no termina ahí. Cúneo Libarona, ministro de Justicia, figura entre los abogados que representaron a José Luis Espert —actual diputado oficialista— y a Lorena Villaverde, apodada “la narcodiputada”, pareja de Lechuga Ciccarelli, señalado como testaferro de Fred Machado. Una red que, según Grabois, muestra la profundidad de los vínculos entre la estructura narco y sectores del poder político que hoy administran el Estado.
La causa por la extradición de Machado, que ya cumplió todos los requisitos legales, se convirtió en un nuevo emblema del doble estándar judicial argentino. Mientras la Corte Suprema logró proscribir electoralmente a Cristina Fernández de Kirchner en apenas 70 días, lleva más de tres años y cuatro meses sin resolver el pedido de Estados Unidos para que el empresario enfrente a la justicia norteamericana.
No se trata sólo de un expediente demorado: es un síntoma del deterioro institucional que atraviesa el país. Un Poder Judicial que actúa con celeridad cuando se trata de perseguir opositores, pero se vuelve inerte cuando debe investigar o extraditar a quienes podrían revelar los nexos oscuros entre el narcotráfico y el poder político.
Grabois cerró su denuncia con una frase que condensa el clima de sospecha: “Todos los requisitos legales para proceder a la extradición están sobradamente cumplidos. Si esto no sucede en las próximas horas, es porque la Corte lo protege. No hay alternativas”.
La contundencia del mensaje dejó expuesta una realidad incómoda para el gobierno de Javier Milei. Entre el discurso de “moralidad y orden” que proclama y las sombras que rodean a varios de sus aliados, se abre una grieta profunda. Y en esa grieta asoma una pregunta inevitable: ¿cuánta verdad puede soportar el poder antes de caer en su propio laberinto de complicidades?
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