El fiscal federal Carlos Stornelli reapareció en televisión celebrando la llegada de la causa Cuadernos a juicio oral y terminó protagonizando una nueva controversia al enviarle un mensaje desafiante a Wado de Pedro. Las reacciones políticas y el silencio del gobierno de Javier Milei exponen una vez más el poder impune del aparato judicial alineado con la persecución política del kirchnerismo.
La entrevista en A24 del fiscal Carlos Stornelli reavivó el debate sobre el lawfare en Argentina. Con tono burlón, le sugirió a Wado de Pedro “guardar silencio”, despertando la indignación de figuras del peronismo y recordando su oscuro historial en la causa D’Alessio, donde fue acusado de espionaje y extorsión. Mientras el gobierno libertario calla, la sociedad vuelve a presenciar cómo la justicia se usa como arma política.
Carlos Stornelli volvió a escena y lo hizo con la soberbia intacta. En una entrevista exclusiva en A24, el fiscal federal celebró con euforia que la causa Cuadernos, símbolo del lawfare argentino, finalmente llegara a juicio oral tras siete años de irregularidades, filtraciones y operaciones mediáticas. Pero lo que más resonó no fue el anuncio judicial, sino su respuesta cargada de desprecio hacia el senador y exministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. Ante una consulta sobre las recientes declaraciones del dirigente kirchnerista, Stornelli lanzó con una sonrisa irónica: “Hay un funcionario por ahí que anda hablando… no sé ni cómo se llama el muchacho… yo le sugeriría que guarde un poquito más de silencio. Todos sabemos quién es quién”. La frase cayó como una bomba política.
El tono socarrón del fiscal, lejos de transmitir neutralidad institucional, reveló una vez más la matriz de poder que domina la justicia federal argentina. Ese gesto —una sonrisa apenas contenida mientras descalificaba a un senador electo— condensó el desprecio de un sector judicial blindado por la impunidad. En menos de 24 horas, el video del momento superó las 38.000 reproducciones en la red X, amplificado tanto por medios opositores como por cuentas libertarias y anti-kirchneristas que lo celebraron como un “golpe” simbólico al peronismo.
Pero la reacción política fue inmediata. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, publicó: “Total normalidad que un fiscal amenace en vivo a un senador nacional. No existe el Estado de derecho… hay una mafia judicial”. La frase sintetiza la sensación de hartazgo de buena parte del electorado que ve cómo los fiscales actúan como actores partidarios más que como servidores públicos. Otros usuarios replicaron la denuncia con dureza. “Stornelli estuvo calladito unos años porque estaba todo cagado con la causa por espionaje ilegal y extorsión… ahora se agrandó de nuevo”, escribió un usuario en la red social X, recordando el expediente D’Alessio que lo tuvo procesado por ocho delitos y prófugo durante ocho meses.
En ese contexto, que un fiscal federal aparezca en televisión para “sugerir silencio” a un senador nacional no es un hecho menor: es una demostración de poder, un mensaje político envuelto en cinismo judicial. Lo que hace años se conocía como “lawfare” —la utilización del sistema judicial como herramienta de persecución política— parece haber mutado, ahora, en una versión más cruda y desinhibida, legitimada por la pasividad del gobierno de Javier Milei. Ningún funcionario de La Libertad Avanza, ni siquiera la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, salió a respaldar o condenar las palabras del fiscal. El silencio fue absoluto.
Esa omisión no es casual. Milei necesita mantener aceitado su vínculo con los sectores judiciales que hoy le garantizan impunidad a figuras clave de su gobierno y cobertura mediática para la persecución a dirigentes opositores. El fiscal Stornelli, históricamente vinculado a operaciones mediático-judiciales contra el kirchnerismo, simboliza ese entramado de poder entre Comodoro Py, las corporaciones comunicacionales y la política de derecha. Su figura encarna la continuidad de un sistema que opera por encima de los gobiernos, blindado ante cualquier intento de rendición de cuentas.
El trasfondo que explica la reaparición mediática del fiscal está directamente vinculado con su reciente absolución en la causa D’Alessio. Hace apenas dos semanas, la Corte Suprema decidió dejarlo impune en la investigación que lo señalaba por espionaje ilegal y extorsión, una resolución que indignó a juristas y organismos de derechos humanos. Esa absolución funcionó como un gesto de impunidad institucional: el mensaje fue claro, Stornelli puede volver a hablar. Y habló.
Wado de Pedro, uno de los dirigentes más cercanos a Cristina Fernández de Kirchner, había calificado la causa Cuadernos como “otra causa trucha”, denunciando que los arrepentidos fueron extorsionados y que todo el proceso judicial respondió a un armado mediático para proscribir a la vicepresidenta. Sus declaraciones no fueron una novedad: hace años que distintos referentes políticos y judiciales —incluso exfuncionarios que participaron del expediente— han denunciado la manipulación de pruebas, la pérdida de la cadena de custodia y la presión sobre imputados para declarar contra Cristina. Sin embargo, que un fiscal responda públicamente con una amenaza indirecta y un “callate” televisado, representa un punto de inflexión peligroso.
La entrevista de A24, presentada como un espacio de “descubrimiento de la verdad”, sirvió en realidad como plataforma de revancha para Stornelli. Detrás de la retórica de la justicia independiente se esconde una maquinaria de disciplinamiento político. El fiscal se mostró exultante, casi provocador, insistiendo en que “ya pasamos por todas las chicanas posibles”. En su discurso, el enemigo no es la corrupción ni el crimen organizado, sino la política misma, especialmente aquella que se anima a cuestionar el funcionamiento del sistema judicial.
La pregunta que sobrevuela es por qué la justicia argentina sigue tolerando este tipo de actitudes sin consecuencias. Un fiscal que estuvo procesado por espionaje ilegal, que se negó durante meses a presentarse a declarar y que fue finalmente exonerado por sus propios pares, hoy se permite dar lecciones morales desde un canal de televisión. La escena sintetiza un poder sin control: una casta judicial que no responde a los ciudadanos, sino a sus propios intereses corporativos y a los gobiernos que la protegen.
En este punto, la figura de Javier Milei resulta clave. Su discurso de “casta política” omite deliberadamente a los jueces y fiscales que operan como poder real. La falta de reacción ante el exabrupto de Stornelli demuestra que su gobierno no busca confrontar con ese sistema, sino servirse de él. El silencio oficialista es, en los hechos, una forma de consentimiento.
Mientras tanto, la sociedad asiste a una paradoja: un presidente que promete terminar con los privilegios del Estado, pero respalda a un fiscal que representa lo peor de la impunidad institucional. Stornelli no es un funcionario cualquiera: es el mismo que durante la gestión de Mauricio Macri coordinaba filtraciones selectivas con medios hegemónicos, el que fue acusado de extorsionar empresarios mediante el falso abogado Marcelo D’Alessio y el que hoy vuelve a los estudios de televisión como si nada hubiera pasado. Su regreso mediático no es un acto aislado, sino parte de una ofensiva política y judicial para reinstalar el relato de la “corrupción K” justo cuando el gobierno libertario atraviesa su peor momento económico y social.
Las redes sociales, como termómetro político, amplificaron esa lectura. En cuestión de horas, el tuit de @elcancillercom alcanzó miles de reproducciones y se transformó en uno de los temas más comentados del día. La polarización volvió a dividir el debate: para unos, Stornelli “defiende la justicia frente a los corruptos”; para otros, exhibe una peligrosa arrogancia que degrada el Estado de derecho. Pero lo que resulta innegable es que cada vez que un fiscal actúa como operador político, la confianza pública en las instituciones se erosiona un poco más.
En definitiva, el caso Stornelli funciona como espejo de un sistema judicial que no se reforma ni se autocrítica. Un sistema donde un fiscal puede ser acusado de delitos graves, quedar impune, y luego aparecer en televisión para amenazar a un senador sin que nadie del gobierno lo cuestione. La justicia, convertida en espectáculo, deja de ser un poder del Estado y pasa a ser un arma política.
Frente a este panorama, la pregunta es qué lugar queda para la democracia cuando el lawfare se normaliza. ¿Cuánto más se puede tensar la cuerda sin romper el equilibrio institucional? La provocación de Stornelli no es sólo un episodio mediático: es un síntoma de la crisis estructural de un país donde la justicia parece servir al poder y no a la ley. Y mientras Milei calla, los fiscales hablan.
Fuentes
El Canciller – “El fiscal Carlos Stornelli dio una entrevista exclusiva en A24 y amenazó a Wado de Pedro”
https://x.com/elcancillercom/status/1986546463154061413
A24 – “Carlos Stornelli: ‘Avanzamos en el descubrimiento de la verdad’”
https://www.a24.com/politica/carlos-stornelli-exclusivo-a24-avanzamos-el-descubrimiento-la-verdad-n1495373
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