La presidenta de La Libertad Avanza en Río Negro enfrenta su tercer proceso en menos de dos años, acusada de vender tierras sin habilitación y de incumplir contratos en un loteo de Las Grutas.
El Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Familia N°9 de San Antonio Oeste dispuso un embargo preventivo de hasta 50 millones de pesos contra la diputada nacional Lorena Villaverde. Tres compradores aseguran haber sido estafados en el desarrollo “Tajamar”, que se promocionó como un proyecto turístico en regla, pero carece de escrituras, servicios y permisos básicos.
En el corazón de la Patagonia, donde el mar golpea las costas de Las Grutas y el turismo promete negocios millonarios, un nuevo capítulo judicial deja al descubierto el costado más opaco de la política argentina. Lorena Villaverde, diputada nacional y presidenta de La Libertad Avanza en Río Negro, vuelve a ocupar los titulares no por su labor legislativa, sino por una causa que la persigue como una sombra persistente: la venta irregular de terrenos. Esta vez, el golpe es contundente. La Justicia ordenó un embargo preventivo por hasta 50 millones de pesos sobre sus bienes, cuentas y activos financieros. La medida, dispuesta por el Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Familia N°9 de San Antonio Oeste, busca asegurar que, en caso de condena, las víctimas puedan cobrar lo que les corresponde.
El caso se enmarca en una demanda civil por daños y perjuicios presentada por tres personas que dicen haber sido engañadas en la compra de parcelas dentro del emprendimiento urbanístico “Tajamar”. Según sus testimonios, el loteo se presentó como un proyecto turístico legalmente impecable, con promesas de escrituras, servicios básicos y autorización para construir. La realidad, sin embargo, fue un muro de papeles que no existían. Los terrenos seguían inscriptos como “campo”, sin permisos municipales ni habilitaciones elementales.
Los compradores, oriundos de Bahía Blanca, confiaron en los contratos y en la publicidad del emprendimiento. Algunos llegaron incluso a iniciar obras, convencidos de que las promesas de Villaverde se concretarían. Pero el tiempo pasó, las obligaciones no se cumplieron y la ilusión de una vivienda o un espacio de descanso junto al mar se convirtió en una pesadilla legal y financiera.
El abogado Lucas Cerro, representante de los damnificados, lo expresó con crudeza: “El problema no es solo legal, es profundamente humano. Mis representados invirtieron sus ahorros para tener una casa propia o un lugar donde proyectar futuro”. Cerro detalló que Villaverde se comprometió por contrato a regularizar la situación en un año. Tres años después, el único avance es la paralización absoluta.
Este escándalo no surge de la nada. Villaverde ya había estado en el ojo de la tormenta por el mismo desarrollo inmobiliario. En 2024, para evitar un juicio, firmó un acuerdo extrajudicial con otros compradores afectados, comprometiéndose a pagar 12 millones de pesos en dos cuotas. Aquella maniobra le permitió ganar tiempo y evitar una condena judicial. Pero la estrategia no borró el problema de fondo: el loteo “Tajamar” continúa atado a irregularidades que lo vuelven inviable para quienes soñaban con construir allí.
Hoy, la historia parece repetirse, pero con una presión mucho mayor. El embargo preventivo busca resguardar el patrimonio de la diputada, quien hasta el momento no ha hecho declaraciones públicas sobre el caso. En los pasillos judiciales no se descarta que intente nuevamente un acuerdo extrajudicial para frenar la causa, aunque el desgaste de su imagen y la acumulación de denuncias vuelven esa salida cada vez más difícil de justificar.
Este episodio deja al desnudo una contradicción incómoda para el gobierno de Javier Milei, que construye su discurso sobre la “honestidad” y la “lucha contra la casta política” mientras sus propios representantes acumulan denuncias que destilan el mismo tufo que las viejas prácticas que dicen combatir. La situación de Villaverde no es un accidente aislado: es el síntoma de un espacio político que, lejos de ser la renovación moral que prometió, parece haber importado con rapidez lo peor de la política tradicional.
Más allá de la retórica incendiaria contra la “corrupción” ajena, la realidad muestra que el blindaje político no alcanza para tapar irregularidades cuando estas quedan plasmadas en expedientes judiciales. El caso “Tajamar” es un recordatorio de que el poder no otorga impunidad automática, aunque a veces la dilate con arreglos millonarios. También expone la fragilidad de un aparato político que prefiere callar antes que dar explicaciones claras, como si el silencio pudiera borrar los hechos.
En definitiva, lo que ocurre con Lorena Villaverde es más que una disputa contractual. Es un espejo incómodo de cómo la política argentina, en todos sus colores, sigue tolerando prácticas donde los intereses personales se imponen sobre la palabra empeñada y los derechos de los ciudadanos. Y mientras la Justicia avanza con embargos y medidas cautelares, las víctimas esperan algo mucho más básico: que se cumpla lo que se les prometió.
Fuente:
https://www.pagina12.com.ar/848321-embargan-a-la-diputada-de-la-libertad-avanza-por-la-venta-ir
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