El referente social y candidato a diputado Juan Grabois detalla conexiones entre figuras políticas de La Libertad Avanza y operadores del narcotráfico, mientras denuncia la desprotección del Estado hacia los sectores más vulnerables y cuestiona las decisiones del gobierno de Javier Milei.
Grabois advierte sobre un entramado de complicidades políticas, negocios ilícitos y manipulación judicial que, según él, compromete la institucionalidad y el futuro de miles de jóvenes y familias en Argentina, poniendo en evidencia la precarización social impulsada por las políticas de Milei.
Juan Grabois no oculta su indignación. Desde el comienzo de la entrevista con Alejandro Bercovich, el dirigente social y candidato a diputado nacional se muestra crítico, directo y sin concesiones hacia el gobierno de Javier Milei, a quien describe como un actor que ha traicionado a los sectores más vulnerables de la sociedad argentina. “No es un sentimiento de alegría lo que me mueve, sino un poco de justicia en un mar de injusticias”, señala Grabois, aludiendo a la renuncia de José Luis Espert a la candidatura para la provincia de Buenos Aires. Para él, Espert representa la cara de una ultraderecha libertaria que ha capitalizado la deshumanización, la discriminación y la impunidad como parte de su estrategia política.
El eje de su crítica se centra en los vínculos que, según Grabois, conectan a Milei, Espert y figuras del narcotráfico, entre ellos el empresario minero Fred Machado. Grabois denuncia que la primera candidata a diputada de La Libertad Avanza en Río Negro, Lorena Villaverde, también está involucrada en estas redes, habiendo sido detenida con medio kilo de drogas, no para consumo personal, sino en el marco de operaciones de narcotráfico. “Te agarran un pibe con un faso y lo destrozan, y esta mina va a ser diputada de la Nación. Es indignante”, afirma Grabois, evidenciando la doble vara con la que el sistema judicial y político trata los casos vinculados a sectores de poder.
La entrevista no se limita a hechos aislados. Grabois describe un entramado complejo en el que la narcopolítica y la corrupción se entrelazan con decisiones estratégicas de funcionarios y operadores legales. Señala que el abogado de Fred Machado es el mismo que representa a Javier Milei, lo que genera, según él, un claro conflicto de intereses. “Hay una situación que tiene una enorme gravedad institucional”, afirma, y cuestiona que la Corte Suprema no haya avanzado con la extradición de Machado, a pesar de las evidencias y los dictámenes previos. “La protección política es evidente. Esto no se ve en el vacío”, subraya, haciendo referencia a la influencia de Milei sobre la justicia.
Grabois también denuncia la complicidad de Espert en estos entramados, describiéndolo como un político que recibió apoyo económico y político de operadores del narcotráfico, lo que permitió que ascendiera rápidamente hasta presidir la Comisión de Presupuesto. “Nadie financia gratis con tanta guita, tanto avión, tanto camión blindado, auto blindado, a un tipo porque le cae simpática su idea”, explica. La narrativa de Grabois apunta a un sistema en el que la política se convierte en moneda de cambio para grupos ilícitos, mientras el Estado abandona a los sectores más vulnerables.
Este abandono se refleja, según Grabois, en la política social del gobierno. Denuncia que miles de jóvenes perdieron las becas Progresar, fundamentales para continuar sus estudios universitarios. En un ejemplo concreto, menciona que en la Escuela de José León Suárez, dependiente de la Universidad de San Martín, se redujeron o eliminaron becas para estudiantes de sectores humildes, afectando directamente la educación y la subsistencia de las familias más vulnerables. “Es como si fuera la miseria planificada. Ahí le están entregando mano de obra a los mercaderes de la muerte”, advierte.
Grabois contextualiza estas medidas dentro de un marco más amplio de desregulación y debilitamiento institucional promovido por Milei. Critica la relajación de controles del ANMAT y la desregulación de los precintos de importación y exportación, prácticas que, según él, pueden beneficiar indirectamente a redes ilegales y narcotraficantes. “Hay una lógica libertaria detrás de esto. En algunos casos por complicidad, en otros por esta idea de Milei de que prefiere una mafia al Estado”, señala, estableciendo un vínculo entre ideología y negligencia institucional.
Más allá de la denuncia política, Grabois profundiza en las consecuencias sociales de estas políticas. Describe cómo los jóvenes que antes apoyaban a Milei ahora sienten traición y desesperanza: “Me contaban chicos que hace un año y medio les caía bárbaro Milei, y ahora dicen ‘me sacó lo que tenía, mi primo no va más a la escuela, no me puedo comprar un sándwich’. Nadie lo quiere, lo traicionó”. Para él, la prioridad del Estado debería ser proteger a los “rotos y excluidos”, aquellos que históricamente han sido marginados del sistema y que ahora sufren directamente las consecuencias de estas decisiones.
En términos políticos, Grabois sostiene que enfrentar esta narrativa de ultraderecha requiere acción en todos los planos: judicial, social, gremial y electoral. Destaca el rol de Fuerza Patria y del peronismo como fuerzas capaces de contrarrestar la influencia de Milei y sus aliados, con un enfoque que priorice los derechos sociales sobre los intereses económicos de una élite concentrada. Señala la importancia de visibilizar la relación entre Espert, Milei y el narcotráfico, así como los vacíos de control y protección social que facilitan la expansión de estas redes.
Finalmente, Grabois reflexiona sobre la reconstrucción social y política que sería necesaria tras este periodo de destrucción. La deuda externa, el debilitamiento institucional y la precarización de la educación y la salud son algunos de los desafíos que identifica, al tiempo que enfatiza que cualquier intento de restaurar justicia social debe centrarse en quienes históricamente han quedado al margen: los jóvenes, las familias humildes y los sectores más golpeados por la desigualdad estructural. Su mensaje es claro: la lucha no es solo por la política, sino por la dignidad de los ciudadanos que enfrentan diariamente la violencia, la injusticia y la desprotección de un Estado que prioriza intereses económicos y políticos por encima de la vida y el futuro de la población.
Grabois cierra con un llamado a la acción, a enfrentar la ultraderecha y sus consecuencias con herramientas institucionales, conciencia social y compromiso electoral. Para él, detener a Milei no es un acto partidario, sino un imperativo moral: garantizar que los más vulnerables no queden nuevamente a merced de un sistema que deshumaniza, discrimina y vulnera derechos fundamentales.
Deja una respuesta