Mientras ministros y secretarios del gobierno libertario exponen sus fortunas ante la Oficina Anticorrupción, Santiago Caputo —pieza central del “triángulo de hierro” junto a Milei y Karina— se mantiene al margen. La Coalición Cívica exige que rinda cuentas.
Todos los años, cuando la Oficina Anticorrupción publica las declaraciones juradas de los funcionarios, se abre una ventana mínima de transparencia sobre quiénes son y cuánto poseen quienes administran el Estado. En este 2025, el desfile de números volvió a revelar las diferencias abismales entre la élite política libertaria. Gerardo Werthein, ministro de Relaciones Exteriores, encabeza el ranking con un patrimonio declarado de 92 mil millones de pesos, seguido por Mariano Cúneo Libarona con 18 mil millones y Luis “Toto” Caputo con casi 12 mil millones. Javier Milei, por su parte, declaró 206 millones, y su hermana Karina apenas 11 millones, poco más que un salario de senador.
Pero en la lista oficial hay un gran ausente: Santiago Caputo, el operador más influyente del presidente. No aparece porque, según los papeles, no es un funcionario público formal sino un “contratado” bajo la figura de prestación de servicios profesionales autónomos. Este artilugio administrativo, perfectamente legal pero éticamente cuestionable, le permite evadir la obligación de exponer su patrimonio. La maniobra no es menor: Caputo no ocupa un escritorio cualquiera, sino que administra varias de las cajas más sensibles del Estado, desde la SIDE y sus fondos reservados hasta la ARCA (ex AFIP), el Ministerio de Salud y el gigantesco presupuesto publicitario de YPF.
En YPF, por ejemplo, ubicó a su socio Guillermo Garat como encargado de la pauta oficial. El gobierno jura que esa pauta “no existe”, pero en 2024 la petrolera estatal distribuyó 97 mil millones de pesos entre medios aliados. El contraste es brutal: un hombre con semejante poder de asignar recursos públicos no está obligado a mostrar de dónde proviene ni cuánto crece su fortuna personal.
Las sombras sobre su figura no son nuevas. Está involucrado indirectamente en episodios como el del empresario Leonardo Scatturice y el “avión valijero” de Aeroparque —contratado por la SIDE bajo su órbita— y en el régimen impositivo de Tierra del Fuego que benefició a Mirgor, empresa vinculada a su tío Nicolás “Nicky” Caputo, el íntimo amigo de Mauricio Macri. La tensión con el expresidente, de hecho, tuvo capítulos subterráneos: Macri llegó a amenazar con “hablar de sus negocios” si continuaba interfiriendo en su territorio político.
El contrato oficial de Caputo está registrado en la Secretaría General de la Presidencia, comandada por su rival interna Karina Milei. Durante 2024, percibió honorarios mensuales de 2,3 millones de pesos. Sin embargo, figura como monotributista categoría B, la segunda más baja del régimen. Un contraste que roza lo grotesco: un operador que decide políticas, designa funcionarios y maneja presupuestos millonarios, tributando como un pequeño prestador de servicios.
La opacidad de su situación llevó al legislador porteño de la Coalición Cívica, Hernán Reyes, a presentar un reclamo formal ante la Oficina Anticorrupción. Reyes no ahorró calificativos: aseguró que no es “tolerable” tener “funcionarios en las sombras” que concentran poder real sin someterse a controles, y definió el caso como “incompatible con una democracia republicana”. Para el diputado, la maniobra de pasarlo por monotributo es directamente “una chantada”.
Reyes también denunció que en los últimos días salieron a la luz “situaciones extrañas” relacionadas con personas designadas por Caputo y que, según el periodismo, le responden directamente. “No podemos dejar que nos tomen el pelo de esta forma”, advirtió, reclamando un cambio de estándar que hoy considera “ridículamente ajeno a la realidad”. Y fue más allá: “Los argentinos no podemos tolerar otro gobierno de opacidad. Tenemos que fortalecer las instituciones y hacer valer las leyes, si no, reina el caos”.
El caso Caputo no es un detalle menor. No se trata de un asesor técnico ni de un funcionario de segunda línea, sino de uno de los vértices del poder real en la Argentina de Milei. Un hombre que, sin asumir el costo político y legal de un cargo formal, decide en la sombra cuestiones estratégicas del Estado. El blindaje que lo protege no es casualidad: es el diseño perfecto para que el núcleo duro del gobierno maneje recursos y decisiones sin dar explicaciones.
En cualquier sistema democrático serio, la rendición de cuentas es una obligación, no una concesión. Y sin embargo, en el corazón del “triángulo de hierro” libertario, el operador más poderoso sigue siendo invisible para los mecanismos de control. Lo que está en juego no es solo la transparencia patrimonial de un individuo, sino la credibilidad de un gobierno que prometió barrer con la “casta” y terminar reproduciendo sus peores prácticas.
Mientras tanto, la ciudadanía observa —o se resigna— ante la consolidación de un poder paralelo que no firma decretos ni aparece en el Boletín Oficial, pero que incide directamente en la vida política y económica del país. Que un hombre con semejante injerencia siga protegido detrás de una categoría de monotributo y una contratación simulada es un síntoma de algo más profundo: la institucionalidad debilitada, la transparencia como slogan vacío y la opacidad como método de gobierno.
El reclamo para que Santiago Caputo presente su declaración jurada no es un capricho opositor, sino un mínimo acto de higiene democrática. Y si el gobierno de Javier Milei no lo entiende, o no quiere entenderlo, entonces el mensaje que envía es claro: la transparencia es solo para los que no importan.
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