El diputado Maximiliano Ferraro anunció el cierre de la etapa investigativa sobre la criptomoneda LIBRA y adelantó nuevas denuncias contra funcionarios del gobierno de Javier Milei, acusados de incumplimiento de deberes públicos y encubrimiento. El informe final se presentará el 18 de noviembre en el Congreso.
Tras tres meses de trabajo y once reuniones, la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda LIBRA concluyó la primera fase de su labor con un expediente de más de diez cuerpos que será remitido al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y al fiscal Eduardo Taiano. Ferraro anticipó que presentarán un recurso extraordinario ante la Corte Suprema y denuncias formales contra funcionarios libertarios por obstaculizar la investigación.
La investigación parlamentaria sobre la criptomoneda LIBRA se convirtió en uno de los capítulos más incómodos para el gobierno de Javier Milei. Lo que comenzó como una comisión de rutina terminó exponiendo tensiones dentro del oficialismo y serios cuestionamientos al accionar de la Justicia y del Poder Ejecutivo. Maximiliano Ferraro, presidente de la Comisión Investigadora, confirmó que el 18 de noviembre se presentará el informe final con conclusiones y recomendaciones tras tres meses de trabajo intenso y un bloqueo inicial por parte del oficialismo libertario.
Durante la etapa investigativa, la Comisión mantuvo once reuniones, recabó documentación de exchanges, organismos públicos y expertos en criptoactivos, consolidando un voluminoso expediente de diez cuerpos que revela la complejidad y la magnitud del caso. Según Ferraro, las pruebas reunidas serán remitidas al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y al fiscal Eduardo Taiano, aunque ambos se encuentran también bajo la lupa del Congreso por presunto mal desempeño y falta de colaboración.
“Esta comisión dio pasos concretos para evitar que el caso se diluya o se cierre sin explicación”, señaló Ferraro en un mensaje público. La advertencia no es menor: en los últimos meses, el gobierno de Milei mostró escaso interés en colaborar con las investigaciones que podrían comprometer a funcionarios cercanos al Ministerio de Justicia. Entre los señalados por la Comisión figuran Mariano Cúneo Libarona, Alejandro Melik, Florencia Zicavo, Roberto Silva, Paulo Starc y Sergio Morales, todos acusados de incumplimiento de deberes y obstaculización deliberada del proceso.
La gravedad institucional del caso se amplifica con la decisión de la Comisión de interponer un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, luego de que la Sala I de la Cámara de Apelaciones rechazara el uso de la fuerza pública solicitado para obtener documentación clave. Esta maniobra judicial, según Ferraro, “busca garantizar el derecho a la verdad y evitar que el caso LIBRA se transforme en otro expediente perdido en los cajones del poder”.
El escándalo también salpica al ámbito digital. En las últimas horas, la Comisión libró un oficio a Google para identificar la titularidad de la cuenta que creó el formulario utilizado para registrar a supuestas PyMEs beneficiarias del proyecto LIBRA, una maniobra que podría haber sido usada para simular operaciones y desviar fondos. La trazabilidad de esos formularios, así como los datos de acceso, se transformaron en piezas clave para reconstruir la ruta del dinero.
Detrás de este caso emerge una cuestión política más profunda: el modo en que el gobierno libertario gestiona las investigaciones que lo involucran. La falta de cooperación institucional, el bloqueo de medidas judiciales y la demora en la entrega de información pública son síntomas de una administración que, mientras predica transparencia, acumula denuncias por opacidad y encubrimiento. LIBRA se convierte así en una metáfora dolorosa —no literaria, sino real— de un modelo de gestión que promete libertad pero cultiva el secretismo.
Ferraro insistió en que el Congreso tiene la responsabilidad de evitar que el caso se cierre en silencio: “El derecho a saber de las sociedades debe estar garantizado, y vamos a sostenerlo hasta el final”. Sin embargo, la incertidumbre domina el horizonte. El vínculo entre la política, las criptomonedas y la falta de controles estatales abre una caja de Pandora donde se mezclan intereses económicos, negligencia institucional y complicidades judiciales.
El informe final que se presentará el 18 de noviembre promete ser explosivo. No sólo revelará los hallazgos de la investigación, sino también los nombres de quienes, desde el poder, intentaron desviar o entorpecer el curso de la verdad. En un contexto donde el gobierno de Milei acumula denuncias por desmantelar organismos de control y silenciar voces críticas, el caso LIBRA puede transformarse en un test de fuego para medir hasta dónde llega su tolerancia al escrutinio público.
Si el oficialismo apuesta al desgaste o al olvido, la Comisión LIBRA parece decidida a resistir. En un país donde la corrupción suele camuflarse bajo discursos de eficiencia y austeridad, la verdad todavía tiene precio, y alguien deberá pagarlo.
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