Técnicos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado ingresaron al predio del INTA en Ituzaingó para iniciar las mediciones que anticipan un plan de venta de 27 mil hectáreas y el cierre de estaciones experimentales clave. Gremios y especialistas advierten un desmantelamiento sin precedentes.
La avanzada del Gobierno de Javier Milei sobre el INTA vuelve a encender alarmas políticas, judiciales y gremiales. ATE y APINTA denuncian que el Ejecutivo desoye fallos judiciales y prepara un mega-remate de tierras con impacto directo en la producción regional y en miles de trabajadores. El ajuste ya comenzó: recorte del 12% en personal, cierre de agencias y amenazas de despidos masivos.
El gobierno de Javier Milei decidió ir un paso más allá en su ofensiva contra los organismos científicos del país. Esta vez, la señal llegó al corazón del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), una institución histórica que sostiene la producción regional en prácticamente todo el territorio argentino. La presencia de personal de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) en el predio del INTA de Ituzaingó, realizando mediciones sin previo aviso y en medio de un clima de fuerte tensión, encendió todas las alarmas gremiales. Y no es para menos: la visita confirma que el Gobierno avanzó en su plan de desmantelamiento institucional y en la preparación del terreno para el remate de tierras públicas altamente cotizadas.
Las 34 hectáreas del INTA ubicadas en Parque Leloir, una de las zonas más caras del conurbano bonaerense, se transformaron en una pieza clave de lo que los gremios describen como “un gigantesco negocio inmobiliario”. Ese es el corazón del conflicto. No se trata solo de un recorte presupuestario, ni siquiera del ajuste clásico que los trabajadores del Estado conocen desde hace décadas. Esta vez, según APINTA y ATE, el Gobierno libertario se propone avanzar con un plan de privatización de tierras públicas diseñado para ejecutarse entre 2026 y 2027, con un objetivo final tan claro como inquietante: liquidar patrimonio estatal a precio de oportunidad.
Los gremios del INTA vienen advirtiendo desde hace meses que la administración Milei decidió ignorar la Justicia, los reclamos técnicos y las protestas de trabajadores e investigadores. La lógica libertaria, afirman, es simple y brutal: reducir el Estado a su mínima expresión sin evaluar costos sociales, productivos ni estratégicos. Por eso, cuando esta semana los técnicos de la AABE se presentaron en Ituzaingó a medir el terreno, lejos de sorprender, confirmaron el peor de los escenarios.
El plan del Gobierno apunta a la venta y concesión de más de 27 mil hectáreas, distribuidas en una veintena de estaciones experimentales de todo el país. No son tierras improductivas ni abandonadas; son áreas en pleno uso, donde se generan investigaciones esenciales para el sector agropecuario, donde funcionan programas de extensión, donde trabajan miles de técnicos, ingenieros y científicos que sostienen la competitividad del campo argentino. Hablar de “tierras ociosas” —como hace el discurso oficial— es desconocer por completo el rol y la función del INTA.
La ofensiva incluye también el remate de 24 inmuebles estratégicos del organismo antes de 2027, además del cierre de cientos de agencias territoriales que son indispensables para pequeños y medianos productores. No es una exageración: el Gobierno ya lo explicitó en documentos internos y en declaraciones públicas. La motosierra no es una metáfora. Es política concreta, ejecutada paso a paso.
Y mientras el discurso oficial habla de eficiencia y modernización, la realidad en el territorio es exactamente la opuesta. El cierre anunciado del INTA AMBA —el predio de Ituzaingó— generó rechazo incluso entre sectores rurales, algo muy poco frecuente. Las entidades del sector frutihortícola de la región saben que sin esa estación experimental será virtualmente imposible sostener la asistencia técnica a miles de productores.
La postura del gobernador Axel Kicillof y de su ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, expone otra dimensión del problema. Rodríguez advirtió que el desmantelamiento del INTA AMBA dejará a más de 10.000 productores sin acompañamiento técnico, un impacto directo que en tiempos de crisis económica podría resultar devastador. Perder esa red de contención es dejar a la producción regional librada al azar, en un mercado ya golpeado por los costos dolarizados, la caída del consumo interno y las dificultades para acceder a créditos.
Pero mientras gobernadores y gremios advierten el daño estructural que el Gobierno podría estar generando, desde la Casa Rosada la respuesta es silencio. O peor: avance sin explicaciones. La semana pasada, ATE y APINTA se movilizaron al Congreso para denunciar que el Gobierno ya ejecutó un ajuste del 12% en el personal del INTA, incluyendo técnicos e investigadores. No se trata de suposiciones. Son números concretos, despidos ya realizados, áreas vaciadas y proyectos suspendidos.
El relato oficial se escuda en la necesidad de achicar el gasto y reducir estructuras consideradas “ineficientes”. Sin embargo, la comunidad científica coincide en que el INTA no solo es eficiente: es una de las pocas instituciones del Estado con capacidad real de generar desarrollo económico. Destruirlo no es austeridad. Es desinversión deliberada.
El próximo miércoles, el Consejo Directivo Nacional del INTA se reunirá para tratar la situación. Sobre la mesa habrá denuncias formales de los gremios, informes sobre el avance del Gobierno y análisis de un escenario que ya se parece demasiado a lo ocurrido en los años 90, cuando la lógica privatizadora arrasó con sectores estratégicos del Estado. La diferencia es que hoy el contexto es más frágil y el margen de error es mínimo. En 2025, desmantelar un organismo como el INTA no solo afecta a trabajadores y productores: compromete la soberanía alimentaria, el desarrollo tecnológico y la capacidad del país de sostener cualquier proyecto económico a largo plazo.
Los gremios del INTA vienen repitiendo una frase que resume el clima actual: “Convirtieron la Casa Rosada en una inmobiliaria”. La denuncia, más allá de su tono provocador, apunta a algo real: el Gobierno libertario tomó la decisión política de transformar tierras públicas en activos de mercado. Lo hace sin debate público, sin estudios de impacto y sin transparencia. Y lo hace ignorando no solo a los trabajadores, sino también a los fallos judiciales que frenaron parte del ajuste.
A esta altura, quienes conocen el funcionamiento interno del organismo ya no hablan de “reformas” ni de “reestructuración”. Hablan de un desmantelamiento en toda regla. De un Estado que deja de cumplir su rol y renuncia a sostener la investigación aplicada, la extensión, la asistencia técnica y la innovación que sustentan buena parte del sistema agroproductivo nacional.
Hay incertidumbre sobre cómo seguirá este proceso. Algunos sectores creen que el Gobierno intentará avanzar rápidamente para evitar resistencia interna. Otros piensan que la respuesta judicial podría frenar temporalmente las ventas. Ninguno imagina que Milei dará marcha atrás por convicción. Su proyecto es claro: reducir el Estado a su mínima expresión, aun cuando eso signifique dejar a miles de productores sin apoyo, despedir a 1500 especialistas y entregar tierras estratégicas a desarrolladores inmobiliarios.
Lo que está ocurriendo en Ituzaingó es apenas la punta del iceberg. Es la evidencia concreta de un proyecto político que desoye al sistema científico, desprecia la producción regional y prioriza negocios privados por encima del interés público. El conflicto recién empieza, pero sus consecuencias podrían sentirse durante décadas.
En medio de ese panorama, la resistencia gremial se vuelve central. Porque el INTA no es un gasto: es una inversión. Y su desmantelamiento, lejos de solucionar problemas, los multiplica. Milei podrá insistir con su narrativa de austeridad y su idea de una Argentina sin Estado. Pero la realidad es que ningún país se desarrolla sobre ruinas científicas, sin territorio, sin trabajadores y sin instituciones capaces de producir conocimiento.
La pelea por las tierras del INTA no es administrativa. Es política, económica y estratégica. Y la sociedad tendrá que decidir si acepta que el patrimonio público se liquide para financiar un ajuste que, hasta ahora, solo generó pobreza, inestabilidad y negocios para unos pocos.
Fuente
.https://www.infogremiales.com.ar/el-gobierno-ordeno-medir-terrenos-del-inta-y-los-gremios-alertan-que-milei-reactiva-el-plan-de-desmantelamiento-y-el-remate-de-tierras-para-2026/
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