La Casa Rosada confirmó que obedecerá el fallo de la Corte Suprema que habilita la extradición del empresario Federico “Fred” Machado a Estados Unidos, acusado por delitos federales vinculados al lavado de dinero y al narcotráfico. En medio de crecientes sospechas por los nexos políticos del detenido con figuras cercanas a La Libertad Avanza, el Ejecutivo intenta mostrar disciplina institucional y compromiso con la cooperación internacional.
Tras días de silencio y versiones cruzadas, el Gobierno de Javier Milei anunció que cumplirá con la decisión judicial que ordena la entrega de Fred Machado a las autoridades estadounidenses. La medida busca cerrar un frente incómodo que salpica a dirigentes aliados y deja al descubierto las contradicciones del discurso libertario sobre el combate al narcotráfico y la transparencia institucional.
El Gobierno nacional confirmó que acatará el fallo de la Corte Suprema que autoriza la extradición del empresario Federico Andrés “Fred” Machado a los Estados Unidos, donde enfrenta una investigación por delitos federales relacionados con lavado de activos y narcotráfico. La decisión fue comunicada por la Oficina del Presidente mediante un texto cuidadosamente redactado, que intenta proyectar imagen de institucionalidad en medio de un escándalo que amenaza con salpicar a figuras cercanas al oficialismo.
Según el comunicado, Javier Milei instruyó a la Cancillería, a la Secretaría Legal y Técnica y a la Jefatura de Gabinete a ejecutar “de inmediato” los pasos administrativos y diplomáticos necesarios para concretar la medida judicial. Con tono burocrático, el texto oficial subraya que se actuará “conforme a lo previsto por la ley” y que el Gobierno “reafirma su compromiso con la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos, el narcotráfico y el crimen organizado”.
El mensaje intenta ser contundente, pero no disimula el trasfondo político. El caso de Fred Machado —empresario argentino con conexiones en el negocio aeronáutico y acusado por Estados Unidos de encabezar una red de lavado vinculada al tráfico de cocaína— se convirtió en una piedra en el zapato para el Gobierno. No sólo por la gravedad de los cargos, sino porque su nombre aparece ligado a dirigentes y candidatos del espacio libertario que hoy ocupan cargos públicos o buscan renovar su protagonismo.
Machado fue detenido en Neuquén en 2021 a pedido de la justicia norteamericana. Desde entonces, su extradición estuvo en disputa judicial. El fallo de la Corte Suprema, que ahora el Ejecutivo se dispone a cumplir, pone fin a una larga batalla legal. Sin embargo, el contexto político actual vuelve la medida mucho más significativa. En las últimas semanas, el tema volvió al centro de la escena tras las denuncias que involucran a Lorena Villaverde, excandidata a senadora por La Libertad Avanza en Río Negro, quien fue detenida por tráfico de cocaína y aparece patrimonialmente vinculada con Claudio Ciccarelli, señalado como testaferro del propio Machado.
El Gobierno intenta desactivar la bomba con un discurso institucional. Habla de “reforzar la cooperación internacional” y de “desbaratar las mafias”. Pero el tono aséptico de la comunicación oficial contrasta con la falta de respuestas sobre los vínculos políticos del detenido y la opacidad de algunos sectores del oficialismo que lo rodeaban. En lugar de marcar distancia real con los implicados, el Ejecutivo parece más preocupado por controlar el daño mediático que por aclarar los hechos.
La insistencia en el concepto de “cooperación internacional” tiene, además, un evidente trasfondo geopolítico. Milei busca consolidar su alineamiento con Washington en todos los frentes: desde la política exterior hasta la economía, pasando por la seguridad. Cumplir sin titubeos un fallo de la Corte que beneficia los intereses judiciales de Estados Unidos se inscribe en esa lógica. La Casa Rosada no sólo acata, sino que exhibe obediencia.
Resulta llamativo que un gobierno que suele despreciar los organismos internacionales y cuestionar la soberanía de la Justicia cuando se trata de sus propios intereses, ahora se presente como modelo de legalismo y cooperación global. El doble estándar es evidente. Cuando se trata de perseguir a los pobres o reprimir la protesta social, la consigna es “no hay plata” y “cada uno se salva solo”. Pero frente a un pedido de extradición que compromete a un empresario con vínculos incómodos, el aparato estatal se pone en marcha con eficiencia quirúrgica.
El comunicado oficial, carente de toda autocrítica, intenta mostrar fortaleza donde hay debilidad. Habla de “fortalecer la seguridad nacional y transnacional”, como si el cumplimiento de un fallo judicial pudiera borrar de un plumazo la connivencia política que rodea a buena parte de los protagonistas del caso. Nadie ignora que Fred Machado no era un desconocido en los círculos de poder. Su nombre circulaba en ámbitos empresariales y políticos, protegido por una red de contactos que excede las fronteras del país.
En ese contexto, la actitud del Gobierno parece más una maniobra de contención que una demostración de principios. La extradición no es sólo un acto judicial: es también un intento desesperado por cerrar un capítulo que expone las grietas internas del oficialismo. Las declaraciones altisonantes sobre la “lucha contra las mafias” suenan vacías cuando el propio espacio político ha tolerado o incluso promovido la cercanía con personajes de dudosa procedencia.
La narrativa libertaria, basada en la supuesta pureza moral de su líder y la demonización del resto de la clase política, se resquebraja cada vez que un caso como este sale a la luz. La idea de que el Estado debe retirarse para que “los privados se autorregulen” se vuelve grotesca cuando esos privados terminan envueltos en redes de lavado y narcotráfico. Y, como en este caso, cuando quienes deberían marcar distancia optan por mirar hacia otro lado hasta que la Justicia impone un desenlace ineludible.
La decisión de Milei de cumplir con la Corte podría presentarse como un gesto de respeto institucional. Pero a la luz de los hechos, parece más un intento de salvar la propia imagen y de sostener una relación funcional con Estados Unidos. En un momento en que su gestión atraviesa un fuerte desgaste por las consecuencias del ajuste y la caída del poder adquisitivo, cualquier signo de descontrol político podría acelerar el deterioro de su autoridad.
Por eso, el caso Machado trasciende lo judicial. Es un espejo que devuelve una imagen incómoda del poder: la de un gobierno que predica la libertad de mercado pero que convive con los negocios turbios que el mercado genera cuando no hay control. Y que sólo actúa cuando el escándalo amenaza con devorarlo.
El silencio previo del Ejecutivo, antes de emitir el comunicado, no fue casual. Durante días, los voceros oficiales evitaron pronunciarse, mientras se multiplicaban las versiones sobre presiones diplomáticas y discusiones internas. Finalmente, cuando el costo político de callar se volvió más alto que el de hablar, llegó la decisión de “acatar” la orden judicial. Pero lo que el comunicado llama “cumplimiento de la ley” no es más que la consecuencia inevitable de un proceso que el Gobierno no pudo —o no quiso— frenar.
El desenlace es, entonces, una mezcla de cálculo político y supervivencia. El Gobierno busca cerrar el capítulo, pero la historia recién empieza. La extradición de Fred Machado no borrará las conexiones, los negocios ni las complicidades que lo rodearon. Tampoco resolverá la contradicción de un poder que habla de libertad pero se hunde en su propio barro.
Y aunque el discurso oficial insista en los eufemismos de la “cooperación internacional”, la verdadera pregunta sigue flotando: ¿por qué se actuó recién cuando ya no había otra salida?
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