El gobierno de Javier Milei volvió a quedar expuesto en una de sus contradicciones más groseras. Después de un año y tres meses de silencio, el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello reconoció que nunca existió la famosa auditoría con la que se justificó el recorte brutal de asistencia alimentaria a los comedores populares. La confesión se conoció a partir de un pedido de acceso a la información pública presentado por la diputada Natalia Zaracho, que exigía ver el informe en el que supuestamente se apoyó el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, cuando afirmó ante el Congreso que la mitad de los comedores “no existían”.
La revelación desnuda la manipulación deliberada de un gobierno que, bajo el pretexto de irregularidades jamás comprobadas, dejó millones de kilos de comida en galpones hasta que se vencieran, mientras miles de familias en los barrios más pobres sufrían hambre. Los supuestos datos que circularon en medios afines al oficialismo no eran otra cosa que una construcción discursiva para encubrir el ajuste sobre los sectores más vulnerables.
En la respuesta oficial a Zaracho, el ministerio intentó disfrazar la mentira con tecnicismos burocráticos: aseguró que la “referencia a auditoría” era solo una “interpretación gramatical” de Posse, y que en realidad se habían hecho “supervisiones” que no cumplen con los estándares legales de una auditoría. En otras palabras, el gobierno reconoció que jamás existió un relevamiento serio que avalara el cierre de la ayuda alimentaria.
El cinismo de esta maniobra es doble: no solo se dejó sin comida a miles de personas, sino que además se instaló en la opinión pública la idea de un sistema plagado de comedores fantasmas, una narrativa útil para estigmatizar a las organizaciones sociales y criminalizar la asistencia comunitaria. Hoy se sabe que aquella afirmación fue una mentira montada desde el propio Estado.
El escándalo recuerda otros episodios recientes, como las trabas denunciadas en la Agencia Nacional de Discapacidad para frenar el acceso a pensiones, y consolida un patrón de gestión: primero la acusación, luego el recorte, finalmente la admisión de que todo se apoyaba en excusas sin pruebas. La política del hambre se disfraza con tecnicismos, pero la consecuencia es concreta: miles de comedores sin alimentos, barrios enteros abandonados y un Estado que se desentiende de sus responsabilidades mientras se protege detrás de eufemismos legales.
Lo que queda a la vista es que el gobierno de Milei eligió el camino de la crueldad planificada. Nunca hubo auditoría, nunca hubo control real: hubo una decisión política de ajustar sobre los más pobres y, cuando la mentira quedó al desnudo, la respuesta fue otro acto de desprecio institucional. Una demostración más de que el ajuste libertario no es solo económico: también es moral.
Fuente:
.https://www.tiempoar.com.ar/ta_article/el-gobierno-admitio-que-nunca-audito-comedores-populares-a-los-que-corto-asistencia-alimentaria-por-presuntas-irregularidades/amp/
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