Mientras la región pampeana se inunda y el Estado recauda cifras récord por cada litro de nafta, los recursos del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica se acumulan en silencio, sin control ni destino claro.
Un documento oficial revelado por Bichos de Campo deja al descubierto cómo el gobierno nacional retiene más de 37.000 millones de pesos recaudados para obras hídricas sin ejecutar un solo proyecto. En medio de un contexto de lluvias intensas y anegamientos en zonas productivas, el dinero no fluye donde debería. El resultado es una bomba climática con temporizador, mientras el Ejecutivo hace caja sin rendición de cuentas.
Hay estafas que se cometen con trajes, decretos y sellos. Otras, más sutiles, se amparan en el silencio del Estado. Y una de las más peligrosas, porque combina abandono, impunidad y cinismo, es la que el gobierno de Javier Milei está perpetrando con el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica.
¿Sabía usted que cada vez que carga nafta está pagando un 5% adicional —y un 9% si utiliza GNC— que debería destinarse a obras para evitar inundaciones? Ese fondo, creado en 2001 bajo el pretexto de mitigar los desastres hídricos que azotaron a la provincia de Buenos Aires, se alimenta de los bolsillos de todos los argentinos que usan transporte. Sin embargo, en 2025, mientras el agua rebalsa en los campos y pueblos de la región pampeana, ese dinero duerme en alguna cuenta estatal. Intacto. Intocable. Injustificable.
El documento oficial revelado por Bichos de Campo muestra un dato tan demoledor como revelador: durante el primer trimestre del año, el Fondo registró ingresos por más de 41.000 millones de pesos. No es un error. Es una cifra que, corregida por inflación, representa un 304% más respecto a igual período anterior. ¿La razón? El combo explosivo que supone la liberalización del precio de los combustibles sumado al repunte del consumo. La recaudación está, los fondos entran, pero las obras no existen.
Y lo que debería ser una inversión estratégica para el país, se transforma en una obscena ganancia fiscal sin destino visible. Porque de esos más de 41.000 millones recaudados, el gobierno de Milei utilizó… casi nada. Apenas unos millones en movimientos irrelevantes. El resultado: una “ganancia” neta de 37.948 millones de pesos acumulada por el Fondo. ¿Qué hizo el Estado con ese dinero? Nadie lo sabe. Nadie lo explica. Nadie lo controla.
Este mecanismo tiene un agravante alarmante: los recursos del fideicomiso no están auditados. En términos crudos, el gobierno puede hacer con ellos lo que se le antoje. Usarlos para tapar agujeros fiscales, para alimentar algún fondo oscuro o, en el peor de los casos, para financiar discrecionalmente intereses ajenos al bien público. No hay trazabilidad, ni transparencia, ni obligación legal de rendir cuentas. Un cheque en blanco para un poder Ejecutivo que se jacta de la “austeridad” mientras exprime cada litro de combustible para financiar su caja negra.
El contraste con la realidad en el territorio es obsceno. Mientras en Buenos Aires, Córdoba o el Litoral los campos se inundan, los caminos rurales se tornan intransitables y los pequeños productores ven arruinadas sus cosechas por falta de obras de contención hídrica, el gobierno se limita a mirar para otro lado. A encerrarse en una narrativa libertaria que desprecia la inversión pública y reduce el rol del Estado a una entelequia ideológica.
Esta no es una omisión inocente. Es una decisión política. Porque durante el macrismo —al que Milei dice odiar pero imita con fruición cuando se trata de recortar derechos— se utilizó este mismo fondo para financiar avances concretos como el Plan Maestro de la Cuenca del Salado o el reacondicionamiento del Canal San Antonio-Arroyo de las Tortugas, vital para mitigar desbordes en zonas limítrofes entre Córdoba y Santa Fe. Obras que, con altibajos, continuaron durante el gobierno de Alberto Fernández. Pero con Milei, la canilla se cerró de golpe.
Y no solo se cerró: se soldó. No hay licitaciones, ni contratos, ni anuncios, ni siquiera excusas. Es el silencio como política. La desidia como doctrina. Y el ajuste como objetivo de máxima. Mientras tanto, cada ciudadano que carga combustible aporta compulsivamente a un fondo cuyo destino es más opaco que el discurso de Caputo cuando habla de la deuda.
Los daños son incalculables. Cada obra no realizada representa pérdidas millonarias para el agro, daños estructurales en pueblos enteros y retrocesos en términos de planificación territorial. Pero sobre todo, simboliza un desprecio absoluto por el sentido de lo público. No hay Nación posible sin infraestructura. No hay economía sólida sin previsión. No hay Estado digno si su única virtud es amontonar recursos que jamás se usan en favor de su gente.
Todo esto sucede mientras el gobierno instala la idea de que “no hay plata”. Y sin embargo, la hay. Mucha. Solo que está guardada, escondida, encapsulada en fideicomisos que no rinden cuentas, y cuyo uso queda a merced de un puñado de funcionarios que juegan a los libertarios con el bolsillo ajeno.
El Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica es hoy el símbolo de una estafa legalizada. Una trampa que se alimenta del esfuerzo cotidiano de millones de personas, y cuyo beneficio no se ve reflejado en absolutamente nada. ¿Hasta cuándo el pueblo argentino va a seguir tolerando este saqueo disfrazado de política económica?
Javier Milei podrá repetir hasta el hartazgo sus mantras contra “la casta”, pero sus actos lo acercan peligrosamente a lo peor de esa misma élite a la que dice combatir. Porque encanutar fondos recaudados para obras esenciales mientras el país se inunda no es solo una negligencia. Es un crimen político. Y como todo crimen, debería tener responsables.
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