El fiscal federal Franco Picardi sostiene que la Agencia Nacional de Discapacidad funcionó como una “caja paralela” donde se desviaron entre $37.000 y $48.000 millones destinados a personas con discapacidad. La causa compromete a Diego Spagnuolo, exdirector de ANDIS y abogado del Presidente, y a Miguel Ángel Calvete, señalado como jefe para-estatal de la estructura. Un chat entre Calvete y su hija Ornella menciona un “3% para KM”, en referencia a Karina Milei, lo que coloca a la cúpula del Gobierno en el centro del escándalo.
La causa ANDIS es, sin vueltas, el mayor escándalo de corrupción que enfrenta el gobierno de Javier Milei a menos de un año de su llegada al poder. No se trata de un caso lateral, ni de un funcionario aislado, ni de una interna menor. Aquí lo que está bajo la lupa es el manejo de fondos destinados a uno de los sectores más vulnerables de la Argentina: las personas con discapacidad. Y es precisamente esa dimensión humana la que hace que cada revelación sume indignación, porque el desfalco no se montó sobre una obra pública, un contrato energético o una pauta publicitaria, sino sobre medicamentos oncológicos, prótesis, insumos vitales y tratamientos de alto costo.
Según la imputación del fiscal federal Franco Picardi, entre julio de 2024 y agosto de 2025 se desviaron más de $37.000 millones —y hasta $48.000 millones en estimaciones ampliadas— mediante sobreprecios extremos, direccionamiento de licitaciones cerradas y una red de coimas que beneficiaba a un grupo selecto de droguerías. El Juzgado Federal N.º 60, a cargo de Sebastián Casanello, avanza sobre una asociación ilícita que operó dentro y fuera del Estado, una estructura que no sólo robó recursos públicos, sino que vulneró a millones de personas que dependen del Programa Incluir Salud para sobrevivir.
La trama involucra nombres clave del oficialismo. En el centro aparece Diego Spagnuolo, exdirector de ANDIS, abogado personal de Javier Milei y hombre de confianza del Presidente. Las cámaras lo registran entrando con mochilas a la casa de Miguel Ángel Calvete, empresario, exconcejal del PRO y operador histórico de negocios turbios, hoy acusado de liderar la maniobra. Calvete, condenado en 2019 por explotación económica del ejercicio de la prostitución, era —según la fiscalía— un “jefe para-estatal”, sin cargo formal pero con poder real dentro de la agencia.
El escándalo estalla por los audios filtrados de Spagnuolo, donde menciona un “3% para la hermana del Presidente”. Esa frase, repetida con naturalidad, casi como quien comenta el clima, encendió las alarmas. Pero fue un chat el que terminó de dinamitar cualquier intento de minimizar el tema. Un intercambio entre Calvete y su hija Ornella —funcionaria del Ministerio de Economía de Luis Caputo hasta su renuncia el 18 de noviembre— dejó todo al desnudo. Ante la posibilidad de cerrar un negocio con un proveedor, Ornella ironizó: “Dale que te compro algo lindo si sale, algo con una lambo, una granja, lo que quieras”. Su padre respondió con la frase más grave del expediente: “No hace falta… con el 3% para KM está perfecto”. KM, por supuesto, es Karina Milei.
Ese chat es demoledor por dos motivos. Primero, porque confirma que el “3%” no era un comentario suelto de Spagnuolo sino parte del funcionamiento interno de la estructura. Segundo, porque involucra directamente a la Secretaría General de la Presidencia, el corazón político y administrativo del gobierno. La hermana del Presidente aparece mencionada no una, sino dos veces, por dos operadores distintos, en dos circunstancias diferentes, y siempre en el mismo rol: beneficiaria de retornos provenientes de contratos amañados de ANDIS.
La gravedad institucional es evidente. Y también lo es el cinismo político. Mientras el Gobierno recorta programas sociales, elimina subsidios, ajusta universidades y proclama una batalla moral contra “la casta”, una parte de su círculo íntimo tejía una caja paralela con plata diseñada para garantizar medicación oncológica y prótesis. El contraste es imposible de disimular. Hablar de “casta” mientras se embolsa un porcentaje de cada licitación es, como mínimo, una burla hacia la ciudadanía.
La causa revela además la existencia de un sistema aceitado de blanqueo de dinero. Los cuadernos incautados en la casa de Calvete registran columnas tituladas “Costos”, “Diferencia” y “2/3 Partes”, con repartos específicos. En el allanamiento al domicilio de su hija Ornella, se encontraron USD 700.000 en efectivo, dinero que ella intentó justificar como “un préstamo de alguien por si entran y me ven con la mossa”. La escena es casi caricaturesca, pero no por eso menos real. Esta mezcla de torpeza y corrupción estructural recuerda más a una organización mafiosa improvisada que a un gobierno que prometió transparencia absoluta.
La complejidad del caso obliga a reconocer que parte de esta red ya existía desde 2022, antes de la llegada de Milei. Sin embargo, la investigación muestra que la estructura se profundizó y se volvió más rentable para sus operadores durante 2024 y 2025, cuando el Gobierno libertario promovió un esquema de compras discrecionales y debilitó organismos de control. No es casualidad que muchas de las maniobras investigadas coincidan con la retirada del Estado que Milei defiende como dogma. La menor regulación no trajo eficiencia ni ahorro: facilitó negocios ilegales a espaldas de los más vulnerables.
También es llamativo el rol de los actores periféricos: Pablo Atchabahian, urólogo y otro “jefe para-estatal” que se negó a declarar; Daniel Garbellini, número dos de ANDIS; Lorena Di Giorno, encargada de Prestaciones de Alto Costo; y una serie de operadores que iban desde experimentados intermediarios hasta figuras ligadas al mileísmo mediático, como Alan Pocoví, exnovio de Zulemita Menem, acusado de blanquear dinero mediante vuelos privados.
Lo cierto es que la causa ya no puede ser presentada como un caso aislado. Hay chats, audios, cuadernos, videos y allanamientos que configuran un cuadro de corrupción sistémica, sostenida por vínculos directos con la estructura de poder del Gobierno. La renuncia de Ornella Calvete no alcanza para cerrar el capítulo. Tampoco las explicaciones evasivas de los voceros oficiales. La justicia deberá determinar responsabilidades penales, pero la responsabilidad política ya está a la vista.
En definitiva, el caso ANDIS golpea en el centro de la narrativa libertaria. No sólo porque compromete a la hermana del Presidente, sino porque expone un doble estándar insoportable: mientras el Gobierno pide “más sacrificios”, algunos de sus hombres de confianza llenaban mochilas con dinero proveniente de medicamentos que nunca llegaron a quienes más los necesitaban.
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