El “coaching del trencito” y el espejo roto del mileísmo: millones para unos pocos, vales para los de abajo. El caso de Bettina Angeletti, esposa del vocero presidencial, expone una tensión ética que atraviesa al gobierno: talleres millonarios, vínculos con empresas del ecosistema estatal y una realidad social donde trabajadores cobran en vales
Lo que empezó como una burla viral se transformó en un caso paradigmático. Los cursos de coaching vinculados al entorno de Manuel Adorni ya no generan solo ironía: revelan una contradicción profunda entre el discurso libertario contra los privilegios y las prácticas que emergen en el ejercicio del poder.
Hay historias que parecen menores hasta que dejan de serlo. El llamado “coaching del trencito” es una de ellas. Nació como un murmullo en redes sociales, una etiqueta cargada de ironía para describir dinámicas grupales que rozan lo lúdico, lo performático, incluso lo incómodo. Pero con el correr de los días, ese murmullo se transformó en algo más denso, más incómodo, más político. Porque detrás de la caricatura aparece un caso que interpela directamente al corazón del relato del gobierno de Javier Milei.
En el centro de la escena está Bettina Angeletti, coach ejecutiva, licenciada en administración de empresas y esposa de Manuel Adorni, vocero presidencial. Su figura, hasta hace poco circunscripta al ámbito privado, quedó bajo la lupa a partir de la difusión de sus talleres y, sobre todo, por el contexto en el que su actividad se expande.
Según la investigación publicada por Página/12, Angeletti lanzó su consultora en paralelo al ascenso político de su marido. No es un detalle menor. En cualquier sistema político, la simultaneidad entre el crecimiento de negocios privados y el acceso al poder genera, como mínimo, interrogantes. No porque implique automáticamente una ilegalidad, sino porque abre una zona gris donde la ética pública queda en tensión.
Los talleres que ofrece se inscriben dentro del universo del coaching organizacional. Dinámicas vivenciales, ejercicios grupales, consignas que buscan “alinear equipos” y trabajar sobre vínculos y liderazgo. El famoso “trencito de la confianza”, el armado de “barquitos”, ejercicios de interacción física entre participantes. Escenas que, vistas desde afuera, alimentan la caricatura, pero que forman parte de una metodología que se presenta como herramienta de transformación.
El problema, sin embargo, no está en la forma. Está en el contexto.
No hay evidencia de que organismos del Estado nacional hayan contratado directamente estos talleres. Ese es el principal argumento de defensa del oficialismo. Pero la discusión no se agota ahí. Porque lo que sí aparece documentado es la relación con empresas privadas que operan dentro del ecosistema estatal, proveedoras de áreas estratégicas como el sector energético.
En ese circuito, la consultora de Angeletti habría prestado servicios de coaching, configurando un esquema indirecto donde el dinero no proviene formalmente del Estado, pero sí de actores que dependen de él. Un mecanismo que, aunque no necesariamente ilegal, tensiona los principios básicos de la ética pública.
El dato económico termina de completar el cuadro. Según los registros citados, la consultora cobró 6.370.000 pesos por tres jornadas de capacitación. Más de dos millones por día. Una cifra que, en cualquier contexto, resulta significativa. Pero que en la Argentina actual, atravesada por el ajuste y la caída del salario real, adquiere una dimensión política inevitable.
Y es en ese punto donde la discusión deja de ser abstracta y se vuelve brutalmente concreta. Porque mientras se naturalizan estos montos en el entorno del poder, en municipios del interior del país hay trabajadores que están cobrando parte de sus salarios en vales, en cuotas o directamente fuera de término. Escenarios que remiten a formas de precarización que se creían superadas, donde el ingreso deja de ser un derecho garantizado para convertirse en una concesión fragmentada.
Ese contraste no es retórico. Es real. Es la misma Argentina.
De un lado, millones de pesos por jornadas de coaching vinculadas a empresas que orbitan el Estado. Del otro, trabajadores que no pueden disponer libremente de su salario. Y en el medio, un gobierno que construyó su legitimidad sobre la promesa de terminar con los privilegios.
Ahí es donde el problema se vuelve ético.
Porque no alcanza con afirmar que no hay ilegalidad. No alcanza con señalar que se trata de una actividad privada. La política —y más aún un gobierno que se presenta como refundacional— está obligada a responder también en términos de legitimidad. Y la legitimidad no se define únicamente en los tribunales. Se construye en la percepción social, en la coherencia entre discurso y práctica, en la capacidad de sostener reglas que sean no solo legales, sino también justas.
Javier Milei llegó al poder con una narrativa potente: terminar con la “casta”, desarmar las redes de privilegio, construir un Estado donde nadie se beneficiara de su cercanía al poder. Ese relato fue central para su triunfo. Y es precisamente ese relato el que hoy aparece tensionado por casos como este.
Porque lo que se observa no es un hecho aislado, sino una lógica que empieza a repetirse: negocios privados que crecen en paralelo al poder político, vínculos con empresas que dependen del Estado, oportunidades que parecen concentrarse en los entornos cercanos a los funcionarios. Nada de esto constituye, por sí solo, una prueba concluyente de irregularidad. Pero todo junto configura un problema político y ético difícil de ignorar.
La pregunta que surge desde abajo —desde ese trabajador que espera horas un colectivo, que encadena jornadas laborales de doce horas, que cobra en vales— es tan simple como devastadora: ¿es correcto pagar más de seis millones de pesos por talleres de coaching a la esposa de un funcionario, cuando esos ingresos provienen de empresas vinculadas al Estado?
No es una pregunta técnica. Es una interpelación moral.
Y es ahí donde el “coaching del trencito” deja de ser una burla para convertirse en una metáfora incómoda. Una imagen que sintetiza una dinámica más amplia: una cadena donde los roles se confunden, donde lo privado y lo público se entrelazan, donde el movimiento colectivo disimula las responsabilidades individuales.
También es cierto que el fenómeno no admite simplificaciones. El coaching es una actividad legítima, con un mercado en expansión y múltiples enfoques. No todo es impostura ni todo es negocio fácil. Pero precisamente por esa falta de regulación, por esa amplitud de criterios, se convierte en un terreno donde los precios, las metodologías y los resultados quedan librados a una lógica difícil de auditar.
Cuando ese terreno se cruza con el poder político, la exigencia de transparencia debería ser mayor. Y hasta ahora, las explicaciones no alcanzan.
El gobierno podría sostener que no hay ilegalidad, que se trata de una actividad independiente, que los precios responden al mercado. Pero el problema no es solo jurídico. Es ético. Y en política, la ética no es un detalle. Es el núcleo de la legitimidad.
El “trencito”, en definitiva, expone una fractura. Una distancia creciente entre el discurso y la realidad. Entre la promesa de terminar con los privilegios y la percepción de que esos privilegios no desaparecieron, sino que adoptaron nuevas formas.
En un país donde algunos trabajadores cobran en vales, pagar millones por talleres vinculados al entorno del poder no es solo cuestionable. Es, para amplios sectores de la sociedad, una situación reprochable e indignante.
Y esa indignación, cuando se acumula, no suele ser inocua.
Fuente:
https://www.pagina12.com.ar/2026/04/10/el-coaching-del-trencito-asi-son-los-talleres-que-da-la-esposa-de-adorni/
https://www.lanacion.com.ar/politica/quien-es-la-mujer-de-adorni-licenciada-en-administracion-de-empresas-y-especialista-en-coach-nid11032026/
https://www.instagram.com/p/DW_ggbnk2Ed/
https://www.facebook.com/Pagina12ok/photos/as%C3%AD-son-los-talleres-que-da-la-esposa-de-adorni-httpsbitly4voclkoarmar-un-barqui/1295632426118553/
