La UCR debate si sostener o no su pliego, mientras un sector del peronismo impulsa una impugnación formal. La propia bancada libertaria duda de la defensas de Villaverde, golpeada por una causa judicial en Estados Unidos y cuestionada por su cercanía con la red narco de Machado. En el marco del gobierno de Javier Milei, este nuevo episodio exhibe —otra vez— la fragilidad política, la falta de transparencia y los alarmantes vínculos con personajes del crimen organizado.
Lorena Villaverde está a un solo voto de convertirse en el último síntoma de un gobierno que hace equilibrio entre la improvisación y la falta total de controles. La legisladora libertaria, envuelta en una polémica que crece como una bola de nieve, enfrenta una impugnación formal impulsada por el PJ de Río Negro y una resistencia inesperada dentro de la propia oposición, que ya huele el desastre político que sería habilitar su ingreso al Senado.
La situación llegó a un punto crítico luego de que el senador radical Pablo Blanco confirmara públicamente que no apoyará su pliego. Lo hizo sin rodeos y en una entrevista radial en la que sentenció que Villaverde “no está en condiciones de ser senadora”. Esa frase, en boca de un referente opositor tradicionalmente moderado, fue suficiente para dinamitar el tablero y encender las alarmas en el oficialismo.
El problema no es nuevo: los cuestionamientos sobre Villaverde vienen atados al escándalo por sus vínculos con Claudio Ciccarelli, primo y testaferro del narco Fred Machado. A ese entramado delictivo se suma un antecedente judicial en Estados Unidos que la persigue como una sombra —y que, según su propio entorno, le generó conflictos incluso dentro de su bloque libertario—. Que semejante prontuario pueda formar parte del Senado de la Nación, lejos de tratarse de una exageración, es un espejo brutal del desorden institucional que atraviesa al gobierno de Javier Milei.
La comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Alejandra Vigo, será el escenario donde se defina el futuro inmediato de Villaverde. El peronismo aporta ocho votos sólidos en contra, a los que ahora se suma Blanco. Con ese número, la oposición queda a un solo voto de bloquear definitivamente la asunción. Ese pequeño margen —tan estrecho como determinante— revela el grado de tensión que se respira puertas adentro de la Cámara alta.
Pero lo más explosivo del caso es que, ni siquiera dentro del mundo libertario, Villaverde encuentra una defensa convincente. Según reveló LPO, un senador del propio espacio le pidió explicaciones directas para saber “cómo habría que defenderla” ante los señalamientos por sus vínculos con la red de Machado. La respuesta de la diputada no sólo no aportó claridad sino que multiplicó las dudas. “Nadie le cree”, admitió un colega suyo, cansado de escuchar la misma frase: que la ministra Patricia Bullrich estaba “al tanto” y que “no había inconvenientes”.
El trasfondo es aún más inquietante: este gobierno, que prometió una cruzada moral contra “la casta”, parece acumular un prontuario de amistades peligrosas que lo empantana cada vez más. Desde la causa ANDIS hasta los escándalos provinciales y las alianzas empresarias poco transparentes, el patrón se repite. La designación de Villaverde no es una excepción: es parte de una lógica estructural donde la ética queda relegada a un segundo plano y la política se gestiona como si fuera un club privado para los propios.
Para salvar su pliego, Villaverde necesita arañar el apoyo de nueve senadores que hoy miran con creciente incomodidad su situación. Entre ellos aparecen Juan Carlos Romero, Luis Juez, Guadalupe Tagliaferri, Juan Carlos Pagotto y un puñado de radicales. La rionegrina Mónica Silva —aliada del gobernador Weretilneck— es una pieza clave: el mandatario provincial también quedó salpicado por el nexo con Machado tras haber concesionado explotaciones de arenas silíceas al primo del narco.
Si su respaldo llegara a materializarse, la votación quedaría en empate y la encargada de desempatar sería la propia Vigo, esposa de Juan Schiaretti. El escenario es tan ajustado como incómodo. Y aunque nadie lo diga abiertamente, muchos dentro del Senado temen que, en este clima, el gobierno de Milei se aferre a cualquier pacto político —o a cualquier presión— para evitar el papelón de ver caer a una legisladora propia antes de asumir.
Lo cierto es que la disputa por Villaverde no es simplemente un trámite administrativo ni un pulso interno de poder. Es un síntoma profundo de lo que ocurre cuando un gobierno pierde la brújula ética y queda rehén de sus propias contradicciones. Que una figura asociada a una causa narco federal y a un entramado de testaferros esté a un voto de convertirse en senadora no es sólo escandaloso. Es un recordatorio urgente de que la democracia argentina necesita mecanismos de control mucho más firmes, especialmente frente a un gobierno que parece dispuesto a cruzar todos los límites con tal de sostener lo insostenible.
En este contexto, la oposición tiene en sus manos la posibilidad de marcar un límite institucional. Que lo hagan o no será una señal para todo el país: o se frena el avance de figuras opacas impulsadas por el gobierno de Javier Milei, o se permite que los vínculos con el narcotráfico sigan avanzando sin resistencia sobre lugares clave del Estado. No es una cuestión menor. Es, ni más ni menos, el tipo de decisiones que definen la salud de una república.
Fuente
.https://www.lapoliticaonline.com/congreso/la-ucr-define-en-reunion-de-bloque-si-rechaza-la-asuncion-de-villaverde-como-senadora-por-sus-vinculos-con-el-narco-2609/
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