El país enfrenta un escenario sanitario alarmante: la reaparición de enfermedades que se creían erradicadas revela las consecuencias de la desinversión en salud pública bajo el gobierno de Javier Milei.
Viruela, tuberculosis y lepra ya no son nombres del pasado. Brotes confirmados en distintas provincias exponen la fragilidad de un sistema de salud que se desmorona entre recortes presupuestarios, falta de vacunas y precarización hospitalaria. En nombre del “ajuste”, el gobierno libertario empuja al país hacia una crisis sanitaria sin precedentes.
Argentina está atravesando una situación sanitaria tan grave como silenciosa. Enfermedades que durante décadas habían sido controladas o erradicadas vuelven a aparecer con fuerza. La viruela, la tuberculosis y hasta la lepra resurgen en un contexto de desfinanciamiento público, deterioro hospitalario y abandono estatal. No se trata de un caso aislado ni de una “alerta técnica”: es el síntoma más visible de una política sanitaria devastada por el ajuste fiscal y la desprotección social.
La decisión del gobierno de Javier Milei de recortar el presupuesto en salud pública y reducir programas de prevención impacta directamente en la capacidad del Estado para responder ante emergencias epidemiológicas. Desde principios de año, hospitales públicos denuncian falta de insumos, suspensión de campañas de vacunación y despidos de personal técnico. La consigna del “Estado mínimo” aplicada a la salud significa, en los hechos, un Estado ausente ante la enfermedad y la pobreza.
Los brotes de viruela, tuberculosis y lepra no son solo indicadores médicos, sino sociales. Reflejan el retroceso de las condiciones básicas de vida: la falta de agua potable en barrios populares, la malnutrición infantil, el hacinamiento, la caída del poder adquisitivo y la crisis habitacional. Cada factor contribuye a expandir enfermedades que deberían ser parte de los libros de historia, no de los partes sanitarios semanales. Es como si el país estuviera retrocediendo siglos: sin políticas de prevención, sin red asistencial sólida, sin campañas de vacunación sostenidas.
La tuberculosis, por ejemplo, ha vuelto a tener presencia significativa en zonas urbanas y rurales. La falta de diagnóstico temprano, los tratamientos interrumpidos y el deterioro de los centros de atención primaria multiplican los contagios. Lo mismo ocurre con la lepra, una enfermedad estigmatizante que requería seguimiento médico y control epidemiológico que hoy no se garantiza. Y la mención de la viruela, aun en brotes reducidos, resulta alarmante en sí misma: demuestra el grado de vulnerabilidad sanitaria de la población.
Mientras tanto, el discurso oficial insiste en reducir el gasto público y culpar al “desorden heredado”. Pero no hay herencia posible que justifique la desaparición de programas esenciales ni el cierre de laboratorios estatales de producción de vacunas. El Instituto Malbrán, el Hospital Posadas y los sistemas de vigilancia epidemiológica sufren el mismo abandono que las escuelas y universidades públicas: una política deliberada de desmantelamiento.
El resultado es un país donde el derecho a la salud se convierte en privilegio. Los sectores medios recurren a la medicina privada con costos exorbitantes, mientras las clases populares enfrentan colas interminables, falta de medicamentos y hospitales sin insumos. Las muertes “por goteo”, como describen los médicos, son la consecuencia directa de una política que mide la vida en función de la rentabilidad. No es casualidad que los mismos que celebran el fin del “Estado elefantiásico” callen ante el regreso de enfermedades medievales.
A esto se suma el impacto del desempleo, el hambre y la falta de cobertura social. El aumento de la indigencia no solo expone a millones de argentinos a la desnutrición, sino que debilita sus defensas ante cualquier brote infeccioso. La combinación de ajuste económico y desprotección sanitaria es explosiva. Y aunque el gobierno intenta minimizar las cifras, los profesionales de la salud advierten que el número real de casos podría ser mucho mayor que el reportado oficialmente.
El panorama actual recuerda los peores momentos del siglo XIX, cuando las epidemias se llevaban miles de vidas en barrios enteros sin que el Estado llegara con respuestas. Hoy, en pleno siglo XXI, el país revive esa pesadilla. No por falta de ciencia ni de conocimiento, sino por una decisión política de desmantelar el sistema público en nombre de la austeridad. Argentina, que supo tener un modelo sanitario ejemplar en la región, se desliza peligrosamente hacia un escenario de colapso.
Lo más grave es la naturalización del desastre. Cada recorte se justifica con el mantra del “déficit cero”, mientras las muertes se acumulan silenciosamente. El gobierno libertario, que prometía “eficiencia”, entrega hospitales vacíos, médicos agotados y pacientes sin atención. No hay mercado que pueda reemplazar un sistema de salud integral. Lo que se está destruyendo no es burocracia, sino la red que protege la vida.
En este contexto, la expresión “estamos en la Edad Media” deja de ser una metáfora exagerada. Es una descripción cruda de una realidad donde la ciencia retrocede y la pobreza avanza. Las enfermedades que creíamos superadas regresan, no por fatalidad biológica, sino por negligencia política. Y mientras el gobierno celebra sus supuestos logros macroeconómicos, el país enferma. Literalmente.
La historia enseña que ningún ajuste sanitario termina bien. Las epidemias no respetan ideologías ni fronteras, y el costo humano del abandono estatal es incalculable. Argentina necesita recuperar una política de salud pública seria, con financiamiento, prevención y presencia territorial. Porque si algo demuestra este brote, es que la indiferencia también mata.
El ajuste sanitario de Milei: Brotes de viruela y tuberculosis, el regreso de enfermedades erradicada:
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