La Comisión Investigadora del caso $Libra acusa al juez De Giorgi, al fiscal Taiano y a funcionarios del Ejecutivo por obstaculizar la causa. Exigen que la Corte Suprema garantice la comparecencia de testigos clave, entre ellos Karina Milei.
Mientras el informe final promete revelar transacciones millonarias y presuntos vínculos políticos, los diputados advierten sobre una red de encubrimiento judicial y político que busca frenar el avance de la investigación sobre el escándalo financiero más opaco del actual gobierno.
La trama del caso $Libra se agrava con nuevas denuncias que alcanzan no solo al sistema financiero, sino también a los poderes judicial y político. La Comisión Investigadora, encabezada por el diputado Maximiliano Ferraro, anunció la presentación de un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para exigir el auxilio judicial que permita la comparecencia obligatoria de testigos clave, entre ellos Karina Milei, hermana del presidente y actual secretaria general de la Presidencia.
Según informaron fuentes parlamentarias, el pedido a la Corte busca que se ordene a las fuerzas de seguridad proceder con la citación compulsiva de aquellos testigos que, hasta el momento, han eludido las convocatorias judiciales. La decisión se da en medio de un clima de creciente tensión institucional, luego de que los legisladores denunciaran falta de colaboración por parte de organismos del Ejecutivo y el evidente estancamiento de las investigaciones en el fuero federal.
En paralelo, la comisión prepara presentaciones por mal desempeño contra el juez Marcelo Martínez De Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano, a quienes acusan de obstaculizar el avance de la causa. Según los diputados, ambos funcionarios “incumplieron sus deberes procesales” al desatender requerimientos de la comisión y omitir medidas de prueba fundamentales para rastrear los flujos de dinero y las operaciones sospechosas vinculadas al esquema de estafa.
El presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), declaró que “la verdad sobre $Libra y sobre quienes intervinieron en su organización y ejecución va a conocerse”, subrayando que el trabajo legislativo “ha dado pasos concretos para evitar que el caso se diluya o se cierre sin explicación”. En esa línea, insistió en que el derecho ciudadano a saber debe estar garantizado frente a los intentos de sectores de poder por blindar a los responsables.
El informe final, cuya presentación está prevista para el 18 de noviembre, promete arrojar luz sobre transacciones millonarias, presuntos vínculos políticos y el rol de intermediarios financieros que habrían actuado como pantalla de operaciones ilícitas. Los investigadores sostienen que la documentación recabada muestra movimientos de fondos a través de cuentas en el exterior y la participación de empresas fantasma, con conexiones directas a funcionarios del actual gobierno.
Dentro del Congreso, la causa $Libra ya se convirtió en un símbolo de la disputa por la transparencia institucional. Lo que comenzó como una denuncia sobre maniobras de especulación con criptoactivos terminó derivando en un escándalo que salpica a funcionarios de primera línea. La falta de colaboración judicial y la resistencia a entregar documentación alimentan las sospechas de que detrás de la inacción hay intereses políticos de peso.
Desde la comisión subrayan que la investigación no busca criminalizar instrumentos financieros sino desentrañar el modo en que se montó un esquema fraudulento con complicidades estatales. La presentación ante la Corte busca precisamente romper el bloqueo institucional que impide avanzar en la obtención de pruebas y testimonios.
La expectativa ahora se centra en el fallo del máximo tribunal. Si la Corte da curso al pedido, el escenario judicial podría cambiar drásticamente y obligar a varios funcionarios a rendir cuentas. De lo contrario, el caso $Libra corre el riesgo de transformarse en otro expediente emblemático de impunidad, archivado entre los laberintos de Comodoro Py.
En un contexto político marcado por denuncias cruzadas y operaciones mediáticas, el desafío para la comisión es sostener la independencia de su investigación y evitar presiones del Ejecutivo. Ferraro remarcó que “la sociedad tiene derecho a conocer qué pasó con $Libra, quiénes participaron y cómo se utilizó el sistema financiero para estafar a miles de personas”.
La advertencia no es menor: el caso $Libra amenaza con exponer una red de relaciones entre el poder político, el aparato judicial y el mercado financiero. En tiempos de crisis económica y desconfianza institucional, el reclamo de verdad y justicia no solo interpela al Congreso, sino al propio corazón del gobierno.
Diputados denuncian a jueces y funcionarios por encubrir la estafa $LIBRA
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