La oposición en Diputados impuso la designación de Maximiliano Ferraro al frente de la comisión investigadora de la causa Libra. El oficialismo se retiró antes de la votación y dejó vacante la vicepresidencia, en un nuevo capítulo de tensiones que revelan la fragilidad del poder político de Javier Milei.
Después de cuatro meses de parálisis, idas y vueltas y un silencio que parecía funcional al Gobierno, la Cámara de Diputados finalmente destrabó la comisión investigadora de la causa Libra, el escándalo que pone contra las cuerdas al oficialismo libertario. La oposición logró reunir los votos suficientes para designar como presidente al diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, con respaldo unánime de todos los bloques no oficialistas. El gesto fue contundente: frente a la retirada de La Libertad Avanza, que abandonó el recinto antes de la votación, el Congreso decidió avanzar sin el Gobierno en una investigación que amenaza con destapar más de lo que el propio Milei quiere admitir.
La situación fue tan tensa como reveladora. La vicepresidencia, que correspondía al oficialismo, quedó vacante debido a la ausencia deliberada de sus representantes, mientras que la secretaría recayó en Juan Marino, de Unión por la Patria. La foto de la jornada es la de un oficialismo en fuga, incapaz de dar la cara y defender sus posiciones, y de una oposición heterogénea pero cohesionada por un objetivo común: desnudar las inconsistencias y posibles responsabilidades políticas detrás del entramado Libra.
Lo cierto es que el nombre de Karina Milei, la hermana y principal operadora política del Presidente, aparece mencionado con insistencia en los pasillos del Congreso. Legisladores opositores reconocen lo obvio: resulta casi imposible no citar a la secretaria General de la Presidencia en una investigación donde la trama digital y financiera ya la tiene en el radar público. Pero, como señaló un diputado provincialista, el desafío es avanzar en serio y no caer en la caricatura de ver “una foto de Karina Milei en un patrullero”. La investigación pretende ser más que una anécdota judicial: se trata de poner en juego la responsabilidad política de quienes hoy concentran el poder en la Casa Rosada.
El oficialismo, por supuesto, reaccionó con acusaciones. Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, anunció que impugnará la conformación de la comisión, denunciando supuestas violaciones a los derechos de las mayorías y minorías parlamentarias. El argumento libertario es que la resolución original establecía un plazo de tres meses para emitir un informe final, período que, según sostienen, ya venció en julio. La oposición, con un razonamiento mucho más sólido, sostiene que el reloj recién empieza a correr una vez que la comisión tiene presidente, lo cual hasta ahora no había ocurrido. En otras palabras, el oficialismo quiso matar el expediente en la cuna y se quedó sin excusas cuando el Congreso volvió a ponerlo en marcha.
La decisión de que Ferraro encabece la comisión no fue casual. La oposición buscó un perfil que no contamine la investigación con la disputa electoral, y el hecho de que el diputado no tenga una candidatura vigente permitió bajar el nivel de confrontación partidaria. Sin embargo, sería ingenuo pensar que el clima político se apaciguará: lo que está en juego no es una interna menor, sino una trama de estafa digital que ya sacude los cimientos del oficialismo.
El cronograma de la comisión es claro: se reunirá cada martes a las 16 horas hasta el 10 de noviembre. Y, más allá de Libra, la oposición se entusiasma con extender esta dinámica a otros escándalos que salpican al Gobierno, como el tráfico de fentanilo y las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Se trata, en definitiva, de una ofensiva legislativa que busca abrir grietas en la narrativa oficialista del “cambio” y dejar expuesta la contradicción entre el discurso moralizador y la realidad de un Gobierno que convive con denuncias de corrupción en su círculo íntimo.
La nueva comisión cuenta con una representación diversa, que abarca desde Unión por la Patria hasta el Frente de Izquierda, pasando por la Coalición Cívica, el PRO, la UCR, Encuentro Federal, Innovación Federal, Democracia para Siempre, la Liga del Interior y representantes provinciales. Incluso La Libertad Avanza mantiene a sus propios legisladores en la nómina formal —Bornoroni, Nadia Márquez, Nicolás Mayoraz y Paula Omodeo—, aunque en los hechos hayan decidido retirarse de la dinámica de trabajo. Este dato es quizás el más revelador: el oficialismo aparece en la lista, pero no en la discusión.
El trasfondo político es evidente. En medio de una campaña marcada por el ajuste, la caída del poder adquisitivo y las crecientes tensiones sociales, la causa Libra amenaza con convertirse en un boomerang para Javier Milei. El Presidente, que se presenta como abanderado de la “honestidad brutal” y la “transparencia sin compromisos”, enfrenta ahora el costo político de un caso que, aunque no lo involucre directamente, arrastra a su círculo de máxima confianza. Y si el Congreso logra avanzar con seriedad, el discurso de la pureza libertaria quedará herido de muerte.
Lo que sucedió en Diputados marca un punto de inflexión. La oposición demostró que, cuando se articula con inteligencia, puede poner en aprietos a un Gobierno que se sostiene más en la retórica de los gritos que en la fortaleza institucional. La retirada del oficialismo de la votación fue un síntoma inequívoco: Milei y su bloque prefieren abandonar el juego antes que enfrentar las preguntas incómodas que esta comisión traerá. Pero la política, como la vida, no se detiene porque alguien dé un portazo. La maquinaria parlamentaria está en marcha y, con ella, la posibilidad de iluminar los rincones oscuros de un Gobierno que se creía intocable.
En definitiva, lo que está en juego no es solo el futuro de la causa Libra, sino la credibilidad de un oficialismo que ya no puede seguir escondiéndose detrás del relato de la victimización. La oposición, con todos sus matices, encontró un punto de unidad para abrir esta caja de Pandora. Y si algo quedó claro después de la jornada en Diputados es que el Congreso no está dispuesto a dejar pasar una oportunidad histórica para desenmascarar las contradicciones del mileísmo en el poder.
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