La avanzada de los fiscales contra Cristina Kirchner reactiva el lawfare como herramienta de poder, mientras la Corte Suprema asume un rol que desborda lo judicial y se interna de lleno en la disputa política.
El pedido de decomiso de más de 140 bienes contra Cristina Fernández de Kirchner no es un hecho aislado ni una simple ejecución de una sentencia. Es un nuevo capítulo de una estrategia sistemática de persecución judicial que, lejos de buscar justicia, busca escarmiento político, disciplinamiento social y proscripción.
El nuevo pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola para decomisar más de 140 inmuebles, cuentas bancarias, vehículos y hasta una caja de seguridad vinculada a la familia de Cristina Fernández de Kirchner no puede leerse en clave técnica ni administrativa. Pretender eso es aceptar la ficción de una Justicia neutral que, en la Argentina real, hace tiempo dejó de existir. Lo que se despliega es una operación política con ropaje judicial, una puesta en escena diseñada para reforzar la idea de culpabilidad permanente y para sostener un relato que necesita a la ex presidenta condenada, humillada y económicamente aniquilada, aun cuando el país atraviesa una de las crisis sociales más profundas de su historia.
El lenguaje elegido por los fiscales no es inocente. Hablan de “defraudación colosal”, de “falta de arrepentimiento” y de “afrenta al principio de igualdad ante la ley”, como si el sistema judicial argentino fuera un templo de equidad y no un campo minado de selectividad, arbitrariedad y doble vara. En un país donde las grandes fugas de capitales, las estafas financieras, el endeudamiento externo fraudulento y los negociados empresariales rara vez pisan los tribunales, la obsesión persecutoria contra Cristina Kirchner desnuda el verdadero objetivo: castigar a quien se atrevió a disputar poder real.
El decomiso reclamado incluye incluso el departamento de San José 1111, donde la ex presidenta cumple prisión domiciliaria. No se trata solo de bienes: se trata de símbolos. Se busca despojar, arrasar, borrar. Es la lógica del enemigo interno trasladada al plano judicial. No alcanza con la condena ni con el encierro: hace falta el escarnio público permanente, la exhibición del castigo como advertencia. Que nadie se equivoque: el mensaje no es solo para Cristina, es para toda la dirigencia política que ose desafiar intereses concentrados.
En ese esquema, el rol de la Corte Suprema de Justicia resulta clave y profundamente preocupante. Que el máximo tribunal del país asuma la administración y subasta de los bienes decomisados no es un dato técnico menor: es la confirmación de que el Poder Judicial no solo juzga, sino que ejecuta, administra y capitaliza políticamente sus decisiones. La Corte no aparece como garante de derechos ni como último resguardo institucional, sino como engranaje central de un dispositivo de poder que excede largamente lo jurídico.
El monto actualizado del decomiso —casi 685 mil millones de pesos— refuerza esa lógica de desmesura. No se busca recuperar activos de manera razonable ni reparar un daño concreto: se busca construir un número monstruoso, imposible, que funcione como sentencia moral y económica. Mientras tanto, otras causas de corrupción estructural, mucho más evidentes y dañinas para el Estado, duermen en los cajones o prescriben sin estridencias ni tapas de diarios.
La inclusión permanente de Lázaro Báez como coartada narrativa completa el cuadro. Su figura funciona como comodín simbólico para justificar cualquier exceso, para amalgamar responsabilidades y para reforzar un relato lineal que evita cualquier análisis serio sobre el funcionamiento real del Estado, la obra pública o los mecanismos de control. Todo se reduce a una historia simplificada de villanos necesarios.
Lo que está en juego no es solo el patrimonio de una ex presidenta, ni siquiera su situación judicial particular. Lo que se juega es la vigencia misma del Estado de derecho. Una Justicia que actúa con saña selectiva, que acelera causas contra determinados actores y paraliza otras, que adopta el discurso mediático como prueba y la condena social como argumento, deja de ser Justicia para convertirse en herramienta de dominación.
En una Argentina donde la desigualdad crece, donde el ajuste recae siempre sobre los mismos y donde el poder económico sigue intacto, la persecución judicial contra Cristina Fernández de Kirchner funciona como una cortina de humo y como un mecanismo disciplinador. No es justicia: es política por otros medios. Y cuando la Justicia se convierte en partido político, lo que queda en riesgo no es una dirigente, sino la democracia misma.
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