El abogado Maximiliano Rusconi calificó de ilegítima la decisión de la Corte Suprema que habilita la ejecución de la condena contra el exministro, advirtiendo que el fallo ignora la prescripción de la acción penal y vulnera garantías fundamentales.
El comunicado de la defensa técnica del arquitecto Julio De Vido, fechado el 12 de noviembre de 2025, cuestiona duramente la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, acusándola de actuar con “velocidad sospechosa” y “oportunismo evidente”. Según el letrado Maximiliano Rusconi, el máximo tribunal rechazó sin tratamiento un recurso clave que denunciaba la ilegitimidad de la pena impuesta en la causa conocida como “tragedia de Once”.
La defensa técnica del arquitecto y exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, denunció públicamente una nueva violación a los derechos humanos y una “decisión arbitraria” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de que el máximo tribunal desestimara un recurso de queja presentado por su equipo jurídico.
El comunicado, firmado por su abogado Dr. Maximiliano Rusconi, sostiene que la Corte actuó sin jurisdicción y en absoluto exceso de sus facultades, al rechazar el planteo que cuestionaba la legitimidad de la condena dictada por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal en la causa de la “tragedia de Once”.
Rusconi afirma que el tribunal ignoró un hecho determinante: la prescripción de la acción penal, que según la defensa operó de pleno derecho desde el 10 de diciembre de 2018, fecha de la última sentencia del Tribunal Oral Federal N°4. De acuerdo al comunicado, transcurrieron siete años sin que existiera una sentencia completa, integrada con la determinación final de la responsabilidad penal y la imposición de una pena, motivo por el cual el proceso habría perdido toda validez legal.
El abogado calificó la resolución de la Corte como “injustificada y arbitraria”, al omitir que el planteo de prescripción constituye una cuestión de orden público que “debe ser declarada aun de oficio” y, por ende, resuelta antes de cualquier trámite o pronunciamiento de fondo.
“Cualquier decisión de privación de libertad en este caso, cuya acción se encuentra extinguida, es una nueva manifestación de ilegitimidad y violación de las garantías fundamentales”, señala el texto con firmeza.
La defensa presentó este mismo martes un recurso de reposición y revocatoria ante la Corte Suprema, exigiendo que el máximo tribunal revise su accionar y considere la gravedad institucional que implica sostener una condena vencida. Además, Rusconi anticipó que acudirán al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (WGAD) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, para denunciar el caso como una detención arbitraria.
El comunicado subraya la preocupación por la “inminente privación de libertad arbitraria” de Julio De Vido y solicita la intervención urgente de organismos internacionales. “Instaremos al gobierno argentino y a las autoridades judiciales a adoptar las medidas necesarias para evitar que esa privación de libertad ilegal se materialice”, advierte Rusconi.
En el mismo documento, el abogado también apuntó contra algunos sectores mediáticos que, según afirma, desinforman sobre la situación judicial del exministro. “Julio De Vido nunca fue condenado por el choque de Once —remarca el comunicado—. Fue absuelto respecto de ese hecho, dado que el Tribunal consideró que el siniestro obedeció a la temeridad del conductor”.
La condena, explica, recayó sobre otra imputación, pero esa causa “quedó prescripta”, ya que el plazo máximo de seis años de la pena por el delito atribuido expiró el 10 de diciembre de 2024.
De este modo, la defensa insiste en que la Corte Suprema actuó en contra de sus propios antecedentes y en un contexto de evidente oportunismo político, desoyendo el principio básico de legalidad.
Para Rusconi, el fallo no sólo viola el derecho a la defensa, sino que “pone en riesgo el futuro del Estado de derecho en la Argentina”, al consolidar una jurisprudencia que permite ejecutar condenas aun cuando la acción penal se encuentre extinguida.
El tono del comunicado es inequívocamente político y jurídico: advierte sobre un deterioro institucional profundo, denuncia la falta de independencia judicial y anticipa una internacionalización del reclamo.
“Estamos frente a una situación de enorme gravedad institucional —sostiene la defensa—. La Corte Suprema ignoró que no podía pronunciarse sobre el fondo sin antes resolver la cuestión de la prescripción, lo que constituye una vulneración flagrante de las garantías constitucionales.”
A la espera de una respuesta del máximo tribunal, el abogado de Julio De Vido anunció que agotará todas las instancias judiciales nacionales e internacionales. “No descartamos acudir ante la ONU para visibilizar lo que consideramos un atropello al debido proceso y una detención arbitraria”, concluye Rusconi, quien remarcó que la Corte “ha habilitado la ejecución de una pena ilegítima e inexigible”.
El documento, difundido el 12 de noviembre de 2025 desde la Ciudad de Buenos Aires, representa una nueva escalada en la larga batalla judicial del exministro kirchnerista, condenado en el marco de la causa “tragedia de Once”, aunque —según su defensa— nunca por el hecho del choque, sino por una figura derivada que hoy estaría prescripta.
La presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU podría abrir un nuevo capítulo en el caso, trasladando la discusión sobre la legalidad del fallo a un terreno internacional, donde la defensa buscará demostrar que la decisión de la Corte Suprema vulnera derechos humanos fundamentales y contradice el principio de legalidad consagrado en los tratados internacionales suscriptos por la Argentina.
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