Un nuevo capítulo de corrupción sacude a La Libertad Avanza y expone las entrañas de un armado político que, mientras se presenta como adalid de la transparencia, repite los mismos vicios del sistema que dice combatir. La diputada libertaria Emilia Orozco, junto al empresario y referente salteño Alfredo Olmedo, aparece implicada en un presunto esquema de retornos en la ANSES. La denuncia, radicada por el titular del organismo en Metán, Cristian David Achaval, detalla cómo se exigía a los funcionarios entregar un 10% de sus ingresos para sostener la estructura partidaria. El mecanismo incluía aportes en efectivo y hasta un insólito argumento: el dinero se usaba “para pagar la luz y el gas” de la sede libertaria.
La acusación no se limita a rumores: un audio difundido por el asesor Ricardo Ortega, señalado como recaudador, confirma la maniobra y pone en evidencia que la extorsión era sistemática. El mensaje es claro: quien no aportaba quedaba fuera del cargo, como ya ocurrió con un funcionario que se negó a pagar. Así, la fuerza de Javier Milei, que enarbola la bandera de la libertad individual, termina aplicando un mecanismo de peaje político similar al que tantas veces denunció en otros partidos.
Mientras tanto, Orozco, lejos de dar explicaciones, se ausentó del Congreso en un debate clave sobre los audios que comprometen a la Casa Rosada. Desde Iruya, en plena campaña para convertirse en senadora, justificó su ausencia hablando de “pureza” y desconexión de la política nacional con los problemas reales de la gente. La escena, más que mostrar compromiso, expone la impunidad de quienes creen que los cargos legislativos son una plataforma electoral y no una responsabilidad institucional.
Lo grave es que este no es un hecho aislado. Apenas días atrás se conoció otro escándalo en la ANDIS, donde funcionarios denunciaron un sistema de coimas vinculado a la compra de medicamentos y a la intermediación de droguerías. En ese caso también se reveló una red de retornos y favores políticos que beneficiaba a sectores ligados a La Libertad Avanza. El patrón se repite: la utilización de áreas sensibles del Estado, como la seguridad social o la asistencia a personas con discapacidad, para armar cajas negras que alimenten las estructuras partidarias.
La contradicción es brutal: Milei y los suyos construyeron su relato sobre la crítica a la “casta”, pero en Salta y en Buenos Aires se replican las peores prácticas del clientelismo político. La política del látigo y la billetera, maquillada con discursos libertarios, desnuda que detrás del slogan de “defender la libertad” se esconde un mecanismo de recaudación compulsiva que perpetúa los privilegios de unos pocos a costa de los trabajadores del Estado y de los sectores más vulnerables.
Este nuevo escándalo no es un hecho aislado, sino parte de una trama que cada vez resulta más difícil de ocultar. En un país que sufre un ajuste feroz, con salarios pulverizados y servicios impagables, que desde el corazón del poder político se exija a funcionarios que entreguen parte de su sueldo o se direccionen compras millonarias hacia empresas amigas, no es solo inmoral: es una estafa a la sociedad que creyó en la promesa de una política distinta.
Fuente:
.https://noticiasargentinas.com/politica/denuncian-que-la-diputada-libertaria-emilia-orozco-pide-10–de–retornos–en-anses-y–para-la-luz-y-el-gas-_a68bc55b55f287692d72b68f4
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