D’Alessio: El falso abogado y ladero de Patricia Bullrich sentenciado a 13 años de prisión por extorsión, espionaje ilegal y asociación ilícita

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La Justicia cerró un capítulo escandaloso al condenar a Marcelo D’Alessio, el falso abogado que tejió operaciones de inteligencia, extorsiones y montaje mediático. Sin embargo, la trama sigue viva en el entramado judicial, político y mediático que se gestó bajo el gobierno de Mauricio Macri, con Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad, en un contexto donde los servicios de inteligencia operaron como poder fáctico y donde la transparencia pregonada se chocó contra el muro de intereses ocultos.

Marcelo Sebastián D’Alessio, ese nombre que retumbó en las redacciones y en los pasillos de Comodoro Py durante años, finalmente carga sobre sus hombros una condena contundente: 13 años y seis meses de prisión, dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín. Su expediente se ha convertido en una radiografía inquietante de lo que ocurre cuando el poder, la justicia y los servicios de inteligencia se mezclan en la misma coctelera. Y, sin embargo, a pesar de la magnitud del fallo, sobrevuela una incómoda certeza: el gobierno de Javier Milei, tan amante de la épica anticorrupción y la verborragia contra la “casta”, parece mirar hacia otro lado cuando se trata de hurgar en estas cloacas del Estado.

Porque D’Alessio no era apenas un fabulador con delirios de espía. Su condena, plasmada en más de 400 páginas, lo encontró culpable de asociación ilícita, tentativa de extorsión, lavado de activos, uso de documento público falso y tenencia ilegal de arma de guerra. El relato judicial reconstruyó con lujo de detalles cómo operaba este personaje que, en realidad, encarna algo mucho más grave que un caso individual: la existencia de estructuras paralelas de espionaje y aprietes que usan información sensible para manipular causas judiciales, horadar reputaciones y condicionar procesos políticos.

Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso lo dejaron claro en la sentencia: D’Alessio no actuaba solo. Ni en sus maniobras extorsivas, ni en sus montajes mediáticos, ni en su vínculo con figuras políticas y judiciales. Su metodología incluía documentos adulterados, escuchas ilegales, cámaras ocultas y presiones feroces sobre empresarios y abogados. Entre sus blancos figuraron el exdirectivo de PDVSA en Argentina, Gonzalo Brusa Dovat, y hasta el empresario aduanero Gabriel Traficante, a quien llegó a exigirle 600.000 dólares a cambio de evitarle problemas judiciales.

¿Quién lo cubría? ¿Para quién trabajaba? ¿Por qué pudo moverse tanto tiempo en círculos de poder, frecuentar tribunales federales, aparecer como “experto en narcotráfico” en medios masivos y ofrecer informes de inteligencia como si fueran caramelos? Esas preguntas siguen sin respuesta definitiva, aunque las pistas llevan a sectores de la AFI (ex SIDE), a periodistas, a fiscales, a jueces y, por qué no decirlo, a políticos que encontraron útil su repertorio de aprietes para saldar internas o acomodar fichas en el tablero.

En este contexto, resulta imposible no poner la lupa sobre el gobierno de Javier Milei. Mientras el libertario se ufana de batallar contra la “casta” y promete transparencia institucional, no hay un solo gesto oficial de interés por profundizar estas investigaciones ni por impulsar una limpieza real en el aparato de inteligencia. Ni siquiera se ha mencionado el caso D’Alessio en las declaraciones de los funcionarios más rutilantes del Ejecutivo, aunque se trata de la causa de espionaje ilegal más resonante de los últimos años.

El contraste es feroz. Milei se despacha contra periodistas críticos, arremete contra universidades públicas y judicializa protestas sociales, pero guarda silencio absoluto ante un mecanismo criminal que usó la inteligencia ilegal como arma política. Tal vez no quiera remover esas aguas turbias, porque nadie ignora que, para gobernar, los gobiernos necesitan a veces tener a mano esos sótanos del poder. Y ahí D’Alessio es apenas la parte visible de un iceberg gigante.

El hombre al que la Justicia acaba de condenar se vendía como “jurista” de prestigio, con contactos en embajadas, en agencias de seguridad de Estados Unidos y en altos despachos argentinos. Su discurso encantaba a quienes buscaban alguien que “consiguiera datos” o que pudiera embarrar a adversarios en la arena mediática. Su condena incluye 750.000 pesos de multa, la inhabilitación para ejercer cargos públicos y el decomiso de armas, autos de alta gama y otros bienes obtenidos por vías turbias.

Nada de eso borra el daño provocado. Sus operaciones sirvieron para construir expedientes judiciales con información trucha, filtrada luego a medios de comunicación ávidos de titulares impactantes. Muchos periodistas se prestaron a ese juego sin pudor. Otros, quizá, lo hicieron engañados. Pero el periodismo en Argentina arrastra también una deuda: la de reconocer su participación en estas redes de inteligencia paralela, algo que, en el universo Milei, es aún más incómodo de señalar porque choca contra su relato de pureza libertaria.

La causa D’Alessio es, en última instancia, un espejo donde se reflejan las miserias de la política, la justicia y la prensa. Y también expone la tibieza —o directamente la complicidad— de un gobierno que se erige en paladín de la transparencia mientras guarda un silencio ensordecedor sobre los sótanos del espionaje. No es casual que el fiscal Juan Pablo Curi haya advertido en su alegato que este caso revela “la existencia de estructuras criminales con poder para lesionar instituciones republicanas”. Si eso no preocupa a Milei, cabe preguntarse qué clase de república está dispuesto a defender.

Hoy, D’Alessio dormirá en una celda. Pero sus contactos, sus métodos y sus socios siguen ahí, respirando en las sombras del poder. Y mientras tanto, Milei sigue con su cruzada de motosierra contra todo lo que huela a Estado, excepto cuando se trata de los sótanos más sucios del poder, esos que, curiosamente, el Presidente prefiere no destapar. Porque ahí, las aguas están demasiado turbias, incluso para el autoproclamado libertario que dice haber venido a barrer con la “casta”.

Fuentes: