En medio de denuncias judiciales y pedidos de informes, el Banco Nación y el ministro de Economía salieron a defender una operatoria que ya acumula sospechas por posible tráfico de influencias y fallas en los controles de riesgo.
“No hubo irregularidades ni acomodos”. La frase, repetida casi como un mantra por las principales autoridades del Banco Nación, intenta clausurar un escándalo que, lejos de disiparse, parece agrandarse con cada explicación oficial. Lo que empezó como la revelación de créditos hipotecarios otorgados a funcionarios y legisladores cercanos al oficialismo se convirtió rápidamente en un caso incómodo para un Gobierno que hizo de la crítica al Estado una bandera, pero que ahora aparece beneficiándose de sus resortes.
El encargado de salir a poner la cara fue Mario Zagaglia, gerente zonal y responsable de Banca Personas del Banco de la Nación Argentina, quien defendió “la transparencia y accesibilidad” de los créditos otorgados por la entidad. En una entrevista radial, negó de plano la existencia de créditos VIP y aseguró que no hubo “trato preferencial o acomodo” para funcionarios libertarios. Según su versión, todos los préstamos se rigen por “procesos de aprobación estandarizados” y cumplen con requisitos de solvencia idénticos a los de cualquier ciudadano.
El argumento, sin embargo, no logra despejar las dudas. Porque el problema no radica únicamente en la existencia formal de normas, sino en cómo se aplican en la práctica. Y es allí donde la lista de beneficiarios empieza a hacer ruido. Nombres como Juan Pedro Inchauspe, del Banco Central; Felipe Núñez, asesor del Ministerio de Economía; y Federico Furiase, secretario de Finanzas, aparecen entre quienes accedieron a créditos por cifras millonarias. No se trata de casos aislados ni marginales: entre varios funcionarios acumulan montos cercanos a los mil millones de pesos.
Zagaglia intentó reforzar la defensa apelando a las características de la línea +Hogares, que ofrece tasas del 4,5% para quienes cobran sus haberes en el banco, con plazos de hasta 30 años y montos que pueden alcanzar aproximadamente los 390 millones de pesos, cubriendo hasta el 75% del valor de la propiedad. También mencionó líneas de hasta 50 millones para monotributistas y trabajadores en general. Sobre el papel, la oferta suena inclusiva. En los hechos, el acceso efectivo parece concentrarse en sectores con vínculos directos con el poder.
Más temprano, el presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, había salido en la misma línea. Negó cualquier irregularidad y aseguró que todos los créditos pasaron por los filtros habituales de evaluación crediticia y scoring. Intentó, además, relativizar el hecho de que haya tantos funcionarios beneficiados señalando que el banco gestiona cuentas sueldo del sector público, lo que naturalmente incrementa la cantidad de empleados estatales elegibles.
La explicación, sin embargo, deja una zona gris difícil de ignorar. Que los funcionarios cobren su salario en el Banco Nación no responde a una elección individual, sino a una decisión estructural del propio Estado. Esa condición, lejos de ser neutral, los coloca en una posición de ventaja frente a otros potenciales solicitantes que no cuentan con el mismo vínculo institucional. La supuesta igualdad de condiciones empieza a resquebrajarse cuando se observa el punto de partida.
Pero fue el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien terminó de encender la polémica. Lejos de tomar distancia, el funcionario decidió redoblar la apuesta. No solo defendió la legalidad de los créditos, sino que reconoció haber incentivado personalmente a otros miembros del Gobierno a tomarlos. “Yo le digo a todo el mundo: vayan a tomar créditos hipotecarios”, afirmó sin rodeos. Para Caputo, se trata de “una oportunidad única” que “le conviene al país”.
La frase, en apariencia inocente, condensa una lógica más profunda y problemática. Porque no es lo mismo recomendar un crédito en abstracto que hacerlo desde una posición de poder, sabiendo que quienes reciben ese consejo cuentan con información privilegiada, estabilidad relativa y acceso facilitado al sistema. Cuando el propio ministro admite haber “inducido” a funcionarios a tomar estos préstamos, la frontera entre recomendación y direccionamiento se vuelve difusa.
Caputo también buscó desactivar cualquier cuestionamiento moral. “No hay nada de ilegal ni mucho menos de inmoral”, sostuvo, insistiendo en que los funcionarios no tuvieron ventajas sobre el resto. Sin embargo, la insistencia en negar la evidencia termina generando el efecto contrario: en lugar de cerrar el debate, lo profundiza.
El contexto en el que estalla este escándalo tampoco es menor. Se produce en medio de un discurso oficial que ha cuestionado sistemáticamente el rol del Estado, promoviendo incluso la privatización de la banca pública. La contradicción es evidente: mientras se plantea que el Estado debe retirarse de la economía, sus principales funcionarios acceden a condiciones crediticias que difícilmente encontrarían en el mercado privado.
A esto se suma un dato que agrega tensión política: la salida de Leandro Massaccesi, jefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano, luego de que se conociera que había recibido un crédito hipotecario cercano a los 420 millones de pesos. Caputo intentó desvincular el episodio, asegurando que la ministra Sandra Pettovello no tuvo nada que ver. Pero la coincidencia temporal alimenta las sospechas.
El frente judicial ya empezó a moverse. La diputada Mónica Frade presentó una denuncia solicitando que se investigue si existieron irregularidades o delitos como tráfico de influencias. En su planteo, apuntó a un aspecto técnico que resulta clave: la evaluación de la capacidad de repago. Según explicó, las entidades financieras no solo deben considerar los ingresos actuales, sino también la estabilidad de esos ingresos.
En ese punto, los funcionarios públicos presentan una particularidad evidente. Sus cargos, especialmente en el ámbito político, tienen plazos definidos o dependen de decisiones discrecionales. No se trata de empleos permanentes ni necesariamente estables en el largo plazo. Otorgar créditos a 30 años bajo esas condiciones implica, según la denuncia, una “falla” en la evaluación de riesgo. Más aún, Frade advierte que el banco podría estar otorgando financiamiento que “de antemano sabe” que entrará en mora.
La acusación es grave y va al corazón del sistema financiero. No se trata solo de un posible privilegio, sino de una eventual mala administración de recursos públicos. Porque el Banco Nación no es una entidad privada: opera con fondos que, directa o indirectamente, pertenecen al conjunto de la sociedad.
En paralelo, el diputado Esteban Paulón presentó pedidos de informes dirigidos al Banco Nación, al Banco Central y al Poder Ejecutivo. El objetivo es determinar si hubo influencia de las posiciones institucionales o uso de información privilegiada en la aprobación de los créditos. La investigación, si avanza, podría arrojar luz sobre un mecanismo que, hasta ahora, se mueve en la penumbra.
El Gobierno, por su parte, parece apostar a una estrategia de desgaste. Repetir que no hubo irregularidades, insistir en la legalidad de los procedimientos y minimizar el impacto político. Pero el problema no desaparece por negarlo. Y menos aún cuando las explicaciones se apoyan en argumentos que, lejos de convencer, dejan más preguntas que respuestas.
¿Puede considerarse igualdad de condiciones cuando quienes acceden a los créditos forman parte del mismo entramado que los otorga? ¿Es razonable evaluar la capacidad de repago de un funcionario con mandato limitado bajo los mismos criterios que un trabajador con empleo estable? ¿Qué rol juega la información privilegiada en la toma de decisiones financieras de quienes gobiernan?
Son interrogantes incómodos que el discurso oficial evita responder de manera directa. En su lugar, se recurre a una defensa cerrada que, paradójicamente, termina reforzando la percepción de opacidad.
El escándalo de los créditos hipotecarios del Banco Nación expone, en definitiva, una tensión estructural del actual modelo de gobierno. Un discurso que demoniza al Estado mientras lo utiliza en beneficio propio. Una apelación constante a la meritocracia que convive con prácticas que parecen contradecirla. Y una narrativa de transparencia que se resquebraja ante la evidencia de relaciones de poder que condicionan el acceso a recursos.
Aquí no ha pasado nada, dicen. Pero todo indica que, en realidad, está pasando demasiado.
Fuentes:
