La trayectoria de Miguel Ángel Calvete expone cómo un operador político sin cargo formal logró influencia directa en la Agencia Nacional de Discapacidad durante el gobierno de Javier Milei, convirtiéndose en el protagonista central de un esquema de coimas, desvío de fondos y manejo paraestatal.
Vinculado durante años al comercio minorista, al PRO y a los supermercados chinos, Calvete terminó consolidándose como un engranaje clave del “Coimagate” que golpea al gobierno de Javier Milei. Su biografía revela un patrón persistente de prácticas opacas, condenas previas por explotación sexual, amistades políticas estratégicas y un ascenso informal en el Estado que hoy lo tiene en el centro de una investigación judicial que compromete al presidente a través de su círculo más cercano.
Miguel Ángel Calvete no es un recién llegado al universo de los operadores políticos que se mueven en los bordes del poder. Tampoco es un desconocido para los gobiernos que, desde hace más de dos décadas, han visto en él a un intermediario útil, pragmático, extremadamente hábil para caminar entre el sector empresarial, el político y el judicial sin dejar jamás de aparecer como un “gestor”, un “referente” o un “enlace”. Nunca como un funcionario tradicional. Siempre como un actor que opera desde afuera, pero influye desde adentro.
Ese estilo ambiguo lo convirtió, con el correr de los años, en un personaje incómodo pero funcional, con vínculos que van desde los supermercados chinos hasta Cambiemos, pasando por alguna agrupación residual y llegando, finalmente, al corazón del gobierno de Javier Milei. Y es justamente en esta última etapa donde su figura estalla en el centro de un escándalo que expone no solo sus movimientos, sino un patrón de precariedad institucional consolidado en apenas un año de gestión libertaria.
Calvete nació alrededor de 1965 y en 2025 ronda los sesenta años. A simple vista, su recorrido parece el de un empresario habilidoso que conectó mundos que tradicionalmente no se hablaban entre sí: comerciantes de origen asiático, funcionarios municipales, sindicatos duros como Camioneros y dirigentes de centroderecha. Pero detrás de esa superficie hay una historia que revela mucho más que el perfil de un gestor comercial. Revela a un operador político que supo aprovechar cada coyuntura para posicionarse como una pieza clave en territorios donde confluyen dinero, influencia y zonas grises legales.
Su salto inicial al primer plano mediático se dio en la década de 2000 como la voz principal de la Federación de Supermercados y Asociaciones Chinas. En un contexto de tensiones gremiales, representó a cientos de comerciantes que buscaban sobrevivir a conflictos permanentes, y lo hizo con una soltura política que le permitió viajar a China, gestionar inversiones y convertirse en una referencia obligada del sector. Ese rol lo proyectó hacia la política partidaria, donde comenzó a definirse —al menos formalmente— como peronista, aunque sus alianzas posteriores lo acercaron de lleno al PRO y a Cambiemos.
En 2015 integró la boleta de Cambiemos en La Matanza y se sentó como concejal en el Honorable Concejo Deliberante bajo el sello Nueva Dirigencia. Mucho más comentada que su actuación legislativa fue su manera de moverse: la exhibición de autos de alta gama, invitaciones ostentosas a periodistas, reuniones de corte empresarial y vínculos tan heterogéneos como polémicos. Entre ellos, su encuentro en 1994 con Jorge Pacífico, un suboficial luego implicado en la causa AMIA, o su testimonio en el juicio a los carapintadas en 2010, que volvió a ubicarlo cerca de episodios sensibles de la historia reciente.
Su vida familiar también se entrelaza con la política de forma directa. Está casado con Guadalupe Muñoz y es padre de Ornella Calvete, una joven funcionaria que ocupó un cargo estratégico en la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, bajo la gestión de Luis “Toto” Caputo. Ornella dejó su puesto en noviembre de 2025 tras un allanamiento en su domicilio donde se secuestraron cerca de 700.000 dólares. No se trató de un operativo aislado ni un simple episodio patrimonial: fue una pata más del entramado que empezaba a desenredarse alrededor de su padre.
Porque si algo caracteriza a la trayectoria de Miguel Ángel Calvete es la acumulación de episodios judiciales tan graves como persistentes. En 2019 fue condenado a cuatro años de prisión por explotación económica de la prostitución ajena. La sentencia describía una maniobra donde mujeres eran obligadas —bajo alquileres incrementados y condiciones abusivas— a trabajar en departamentos de su propiedad. El tribunal ordenó decomisos de inmuebles y le prohibió salir del país, confirmando que la operación no era marginal: formaba parte de un negocio consolidado y sostenido en el tiempo.
Ese antecedente, que habría destruido la carrera pública de cualquier dirigente tradicional, no lo apartó del escenario político. Por el contrario, lo mantuvo activo en los márgenes desde donde construyó nuevos vínculos. Fue ese circuito informal el que lo acercó, en 2023, al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, abogado personal del entonces candidato y luego presidente Javier Milei. El encuentro se produjo en un acto de campaña en Parque Norte. Desde entonces, según múltiples testimonios y pruebas judiciales, se fraguó una relación que colocó a Calvete como un actor con poder real dentro de la ANDIS, aunque jamás ocupó un cargo formal.
Y es ahí donde el escándalo llamado “Coimagate” encuentra su origen. Según la investigación del fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello, Calvete actuaba como “jefe paraestatal”: impartía órdenes a funcionarios de la agencia, gestionaba pagos ilegales, articulaba con droguerías y laboratorios, y administraba un sistema de desvío de fondos destinados al programa PACBI, el plan que financia medicamentos de alto costo para personas con discapacidad. No era un asesor externo. No era un operador ocasional. Era, en los hechos, quien definía parte del funcionamiento interno de la institución.
El esquema incluía sobornos de laboratorios como Génesis S.A., New Farma S.A., Expotrauma, Artrobone e IMNOVA. Chats de WhatsApp, anotaciones manuscritas, cuadernos con distribución de “diferencias” entre los valores reales y los facturados —que llegaban a representar hasta dos tercios de ganancias ilegales— conforman el corazón de la prueba. A eso se suman entregas en efectivo, como un pago de cinco millones de pesos destinado a financiar un viaje a Israel. La causa también revela la existencia de informantes internos, entre ellos Lorena Di Giorno y Eduardo Nelio González, que cumplían tareas de coordinación, alerta y encubrimiento.
La ANDIS, un organismo que debería estar orientado a garantizar derechos y recursos para personas en situación de vulnerabilidad extrema, se transformó en un espacio donde los fondos públicos circularon según las necesidades y acuerdos de un grupo de operadores que actuaban en la impunidad. El propio Calvete ordenaba “operativos de limpieza” para encubrir irregularidades, borrar evidencias y reorganizar circuitos cuando la situación comenzaba a ajustar. Todo esto, según la causa, con conocimiento e intervención directa de Spagnuolo, quien llegó al cargo con aval político de Javier Milei y que, según los testimonios recopilados, atendía y ejecutaba órdenes derivadas de su relación con Calvete.
El 18 de noviembre de 2025, tras negarse a declarar ante Casanello y Picardi, Calvete fue trasladado al Centro de Detención Federal N.º 28. Su caída fue ruidosa, pero no improvisada: era el resultado de un patrón de conducta reiterado que combinaba poder político informal, redes de contactos, negocios desregulados, prácticas ilegales y un vínculo directo con el gobierno libertario que, pese a prometer transparencia total, terminó habilitando —por acción u omisión— un sistema de corrupción en uno de los organismos más sensibles del Estado.
La historia de Miguel Ángel Calvete es también la historia de cómo el gobierno de Javier Milei permitió que operadores externos, sin legitimidad institucional, manejaran áreas estratégicas y administraran recursos millonarios destinados a la población más vulnerable. Lejos de la retórica del “fin de la casta”, este caso exhibe la consolidación de una maquinaria político-empresarial que reproduce los peores vicios del Estado argentino y, en ocasiones, los profundiza. No se trata de un desvío aislado ni de un hecho desafortunado, sino de la demostración palpable de que el gobierno libertario, lejos de romper con la tradición de negociados, terminó por potenciar figuras como Calvete, que encontraron en el caos administrativo el escenario ideal para operar.
Condenado por delitos sexuales, operador político de baja visibilidad, enlace entre comercios asiáticos y dirigentes de derecha, padre de una funcionaria investigada por dinero no declarado y, finalmente, jefe de una red de coimas en la ANDIS, Calvete se transformó en un símbolo de todo aquello que el gobierno de Milei prometió erradicar. La pregunta que resta por responder es cuántos otros operadores como él siguen funcionando en la estructura estatal y cuánta responsabilidad política está dispuesto a asumir un presidente que se presenta como ajeno a los manejos de sus propios colaboradores.
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