Ciberpatrullaje sin control: la nueva doctrina Bullrich pone en jaque las libertades democráticas

Con la firma de Javier Milei, Patricia Bullrich avanzó con un decreto que habilita requisas sin orden judicial, vigilancia en redes sociales y detenciones arbitrarias. Un salto autoritario sin debate legislativo que reactiva el fantasma de la persecución política bajo ropajes de modernización.

El decreto 383/2025 autoriza a la Policía Federal a actuar como si fuera una agencia de inteligencia, sin control judicial ni parlamentario. Organismos de derechos humanos, especialistas en seguridad y hasta exautoridades del área advierten que la reforma no solo es regresiva, sino peligrosa. Bajo la retórica de imitar al FBI, el Gobierno de Milei legaliza prácticas dignas de un Estado policial.

La ministra Patricia Bullrich está de vuelta, más decidida que nunca a imponer su lógica del orden por encima de los derechos. Con el aval del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete Guillermo Francos, la funcionaria estampó su firma en el decreto 383/2025, que modifica de forma sustancial —y sin pasar por el Congreso— el rol de la Policía Federal Argentina. Lejos de ser un paso hacia la profesionalización, la norma se parece más a una legalización del espionaje interno, el patrullaje digital sin freno y las requisas arbitrarias. Una vuelta de tuerca autoritaria, disfrazada de reforma “moderna” con sello del FBI.

El texto del decreto es, en sí mismo, una bomba de tiempo jurídica. Autoriza sin rodeos a los efectivos de la Federal a realizar tareas de prevención en redes sociales, sitios web públicos y cualquier fuente digital abierta sin intervención de un juez. Es decir: ciberpatrullaje a discreción, sin garantías, ni control externo. Como si eso no bastara, también se habilitan las requisas personales y de vehículos sin orden judicial, siempre que existan «presunciones razonables» de que alguien puede estar ocultando algo vinculado a un delito. La ambigüedad es la regla. Y en ese vacío legal se cuela el peligro real de arbitrariedades, armado de causas y persecución por motivos ideológicos.

Para muchos, esta decisión tiene antecedentes inmediatos. Basta recordar el caso de Nicolás Lucero, aquel joven detenido en 2016 por citar en Twitter una canción de cancha contra Mauricio Macri. En ese entonces, Bullrich ya usaba la figura de “intimidación pública” para criminalizar la expresión política en redes. El expediente contra Lucero terminó archivado por falta de pruebas, pero el daño ya estaba hecho. Hoy, la historia amenaza con repetirse, aunque ahora legalizada.

Desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), la abogada María del Carmen Verdú fue tajante: “Murieron las libertades democráticas”. Para ella, el decreto representa un “cambio de régimen” que destruye derechos básicos. Y no es una exageración. El artículo habilita a detener personas hasta diez horas sin orden judicial si no pueden acreditar su identidad y hay sospechas vagas de que “pudieran” cometer un delito. Una regresión al modelo del “por las dudas”, al estilo de las dictaduras, pero con un decreto en mano.

Como era de esperarse, los organismos de derechos humanos encendieron todas las alarmas. Pero también lo hicieron exfuncionarios del área de Seguridad, como Sabina Frederic, quien ocupó el cargo durante el gobierno de Alberto Fernández. Para Frederic, el decreto de Bullrich es «pobre, discrecional y sin aval dentro de la fuerza». En diálogo con Página/12, la exministra advirtió que el texto confunde —deliberadamente— los conceptos de investigación criminal e inteligencia criminal, lo que allana el camino para tareas de espionaje interno camufladas de operativos preventivos.

“No esperar la orden judicial es una arbitrariedad pura”, afirmó Frederic. Y no solo eso: también criticó que se pretenda justificar toda esta avanzada en nombre de la modernización institucional, sin definir herramientas concretas, ni garantizar el financiamiento del proceso. De hecho, el programa se pagará con el ahorro que genere reducir el ingreso de suboficiales, una jugada que desfinancia la fuerza bajo la excusa de profesionalizarla. La reforma establece que el personal no incorporado será reemplazado por universitarios ya graduados, en línea —supuestamente— con el modelo del FBI. Pero en vez de sumar formación y capacidades, la medida genera malestar en la tropa. “Se lo están tirando por la cabeza”, graficó la exfuncionaria.

No es para menos. En el seno de la Policía Federal hay quejas salariales, falta de pago de adicionales y tensión con la conducción de Bullrich. En una reciente protesta interna, apareció un cartel reclamando recursos para la Superintendencia de Bienestar. A eso se suma el hartazgo de tener que reprimir todas las semanas las movilizaciones en la Ciudad de Buenos Aires. «Es un costo alto para los manifestantes, pero también para los policías», reconoció Frederic.

Otra perlita del decreto es su ambigüedad respecto de la intervención “espontánea” de la Policía en delitos flagrantes. En palabras llanas: el Ministerio de Seguridad podrá ordenar a la fuerza que actúe en cualquier contexto, incluso en marchas o locales partidarios, bajo la excusa de que “se está cometiendo un delito”. El pretexto de lo flagrante como cheque en blanco. Para Verdú, eso jamás estuvo estipulado de esa manera. «Ya no es un policía que interviene al ver un delito, sino que el Ministerio puede decirle que vaya y detenga a todos», alertó.

Con estas nuevas atribuciones, la Federal no solo hará tareas de prevención sino también de análisis e inteligencia criminal, bajo el arbitrio del Ministerio de Seguridad. A simple vista, el decreto funciona como un atajo para esquivar al Congreso y concentrar en manos del Ejecutivo las decisiones sobre el accionar policial. No hay balances, ni rendición de cuentas. Solo una voluntad vertical que decide, ejecuta y controla sin rendir cuentas a nadie.

Lo más preocupante es que toda esta reforma se promueve en nombre de la “seguridad del Estado Nacional”, una categoría vaga que históricamente ha servido para justificar el control social, la censura y la criminalización de la protesta. En vez de fortalecer los mecanismos democráticos de control civil sobre las fuerzas de seguridad, el Gobierno los debilita aún más, legalizando prácticas invasivas y discrecionales.

A esta altura, no queda claro si el objetivo de Bullrich es reformar la Federal o simplemente utilizarla como brazo armado de un gobierno que no tolera la disidencia. Lo cierto es que, al eliminar el control judicial, instalar la vigilancia sin límites y permitir requisas arbitrarias, el decreto allana el camino hacia un modelo policial más cercano al autoritarismo que al republicanismo.

Desde ya, no hay que subestimar la gravedad de este avance. El ciberpatrullaje sin autorización judicial puede sonar inocuo para quienes “no tienen nada que ocultar”, pero en manos de un poder dispuesto a criminalizar la opinión crítica se convierte en una herramienta de persecución política. El antecedente de Lucero, los operativos durante la reforma previsional en 2017 y los procedimientos tras las marchas contra el Presupuesto en 2018 lo demuestran: cuando el Ministerio de Seguridad tiene carta blanca, no hay derecho que quede a salvo.

Mientras el oficialismo celebra el decreto como una conquista institucional, lo que realmente se impone es una lógica de control. Bajo el discurso de profesionalizar la fuerza, lo que se está legalizando es la excepcionalidad permanente: patrullaje sin juez, requisas sin orden, detenciones sin delito. Un modelo policial que responde más a los fantasmas de un Estado persecutorio que a los principios de una democracia madura.

La pregunta que queda flotando es inquietante: ¿cuánto más puede tolerar una sociedad la erosión sistemática de sus derechos antes de reaccionar? Porque si no hay freno legislativo, si el Poder Judicial mira para otro lado y si las fuerzas de seguridad se convierten en herramientas de amedrentamiento, entonces no se trata solo de un decreto: se trata de un cambio de régimen. Y eso, en cualquier país con memoria, debería sonar a alarma.

Fuentes: