A pesar de nuevas denuncias de coacción, extorsiones y nulidades reclamadas por las defensas, el proceso judicial continúa sin atender los cuestionamientos de fondo sobre su origen y desarrollo. El juicio por la Causa Cuadernos entra en una fase decisiva mientras se acumulan relatos que describen un mecanismo de confesiones forzadas, amenazas de prisión preventiva y un uso abusivo de la figura del arrepentido. Un escenario que vuelve a interpelar al sistema judicial argentino y que hoy se profundiza bajo un gobierno que naturaliza el disciplinamiento como método.
El juicio oral de la denominada Causa Cuadernos avanza como una maquinaria pesada que parece no detenerse, aun cuando sus engranajes crujen cada vez más fuerte. En las audiencias preliminares, lejos de despejarse dudas, se multiplicaron los planteos de nulidad y las denuncias de empresarios que aseguran haber declarado bajo coacción. Sin embargo, el proceso sigue su curso, sostenido por una inercia judicial que se resiste a revisar los cimientos sobre los que se edificó una de las megacausas más resonantes de los últimos años.
No se trata de un expediente menor ni de una discusión técnica. En el banquillo hay 87 imputados, entre exfuncionarios y empresarios, incluida la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero lo que hoy vuelve a quedar en primer plano no es sólo la magnitud del juicio, sino el modo en que se construyó. Y ahí el cuadro se vuelve incómodo, espeso, difícil de ignorar.
Las defensas insisten en un punto central: muchas de las indagatorias que dieron sustento a la acusación fueron tomadas “a presión”. Declaraciones obtenidas en un contexto donde la amenaza de la prisión preventiva funcionó como herramienta de persuasión. No hace falta que alguien grite o levante la voz para intimidar; a veces alcanza con mostrar el destino que espera a quien decide callar. Esa lógica, repetida en varios relatos, vuelve a poner en cuestión el uso que se hizo de la figura del imputado colaborador.
El caso del empresario Mario Rovella se convirtió en uno de los ejemplos más elocuentes de esta dinámica. Titular de la constructora Rovella Carranza, fue señalado por la fiscalía como uno de los empresarios que habrían pagado coimas a través del financista Ernesto Clarens. Llamado a indagatoria en 2019, Rovella dejó constancia en una escribanía, incluso antes de declarar, de que lo que iba a decir no respondía a la verdad. Según su defensa, su confesión fue el resultado de un escenario claramente intimidante: el juez a cargo ya había informado al Servicio Penitenciario que se preparara para alojarlo en caso de que negara los cargos o guardara silencio.
Ese dato no es menor. Revela una práctica que, aunque naturalizada durante años, choca de frente con los principios básicos del Estado de Derecho. La confesión como moneda de cambio para evitar la cárcel. La libertad personal condicionada a validar una hipótesis judicial previa. Rovella no relató amenazas explícitas, pero sí describió un clima en el que el mensaje era evidente: decir lo que el juez esperaba escuchar o perder la libertad.
No es un relato aislado. En el juicio oral comenzaron a emerger otros planteos similares. Defensores que ahora buscan invalidar testimonios que fueron centrales en la etapa de instrucción. Empresarios que admiten haber colaborado con la Justicia bajo la presión de una detención inminente. Un esquema que, de confirmarse, no sólo debilitaría piezas clave del expediente, sino que obligaría a revisar de manera integral el proceso.
En ese marco, el Ministerio Público Fiscal se prepara para responder a la avalancha de planteos de nulidad. Todo indica que su estrategia será rechazar cada uno de ellos y acelerar el juicio, incluso reclamando más audiencias y el abandono del formato virtual. La prisa contrasta con la gravedad de las denuncias. Resolver rápido parece ser la consigna, aunque eso implique pasar por alto interrogantes que podrían afectar la validez misma del juicio.
Los jueces del Tribunal Oral Federal N° 7 deberán decidir si hacen lugar a los pedidos de nulidad. Las expectativas de las defensas son bajas. Aceptar uno de esos planteos podría generar un efecto dominó sobre otros testimonios, poniendo en riesgo la continuidad del proceso tal como está planteado. La lógica corporativa del sistema judicial vuelve a asomar: mejor seguir adelante, aun con dudas, que abrir una caja de Pandora que exponga responsabilidades más amplias.
El debate también alcanzó el origen mismo de la causa. Durante un análisis televisivo reciente, se volvió a recordar que el expediente se inició a partir de las anotaciones atribuidas al chofer Oscar Centeno, cuyos cuadernos originales nunca fueron incorporados al expediente, sino sólo sus fotocopias. Incluso la primera declaración de Centeno fue cuestionada, ya que habría sido realizada sin la asistencia adecuada de su abogado. Un detalle que, lejos de ser anecdótico, toca el corazón del debido proceso.
“Esto es un escándalo”, se dijo en ese análisis. Y no suena exagerado. Si el punto de partida de una megacausa está viciado y las declaraciones que la sostienen fueron obtenidas bajo presión, el problema ya no es político ni mediático: es institucional.
Aun así, el juicio avanza. Se acumulan recusaciones, como la presentada por el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime contra uno de los jueces del tribunal. Se repiten los cuestionamientos al rol del juez Claudio Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli en la etapa de instrucción. Se recuerda, una y otra vez, el vínculo de Stornelli con Marcelo D’Alessio, condenado por extorsión y espionaje ilegal. Todo eso está sobre la mesa. Pero la mesa no se da vuelta.
Este escenario adquiere un tono todavía más preocupante en el contexto político actual. Bajo el gobierno de Javier Milei, el discurso oficial desprecia garantías, demoniza derechos y celebra el castigo como forma de orden social. No es casual que un juicio construido sobre confesiones forzadas encuentre hoy un clima favorable para seguir adelante sin mayores sobresaltos. La lógica del “que se jodan” parece haberse filtrado también en la mirada sobre la Justicia.
La causa Cuadernos fue, desde su inicio, un expediente atravesado por el impulso mediático y la utilización política. Hoy, con nuevas revelaciones, vuelve a quedar en evidencia que su fortaleza nunca estuvo en la solidez probatoria, sino en la presión ejercida sobre los imputados para que encajaran en un relato predeterminado. Reconocer esa complejidad no implica negar la existencia de corrupción, sino exigir que su investigación se haga sin atropellar derechos básicos.
Lo que está en juego no es sólo el destino de los acusados, sino la credibilidad del sistema judicial. Avanzar a cualquier costo, ignorando denuncias de coacción, puede cerrar un juicio, pero abre una herida institucional difícil de cicatrizar. Y en un país donde el poder político actual promueve el ajuste brutal y la represión simbólica y material como método, mirar para otro lado no es una opción inocente.
Fuente:
https://www.tiempoar.com.ar/ta_article/a-pesar-de-los-nuevos-testimonios-que-revelan-extorsiones-a-los-arrepentidos-en-la-causa-cuadernos-el-juicio-sigue-adelnate/
https://www.perfil.com/noticias/canal-e/en-qr-analizaron-el-giro-en-la-causa-cuadernos-se-construyo-apretando-gente.phtml
https://grupolaprovincia.com/contenido/595010/causa-cuadernos-un-arrepentido-aseguro-que-fue-obligado-a-declarar
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