El gobierno desplegó un operativo desproporcionado con cuatro fuerzas federales y la Policía de la Ciudad para contener una protesta pacífica de jubilados que reclamaban por sus haberes y medicamentos.
La violencia institucional volvió a instalarse en el corazón de la democracia. Casi mil uniformados, camiones hidrantes y gases lacrimógenos fueron la respuesta oficial frente a apenas 200 jubilados que exigían lo mínimo: poder vivir con dignidad. El saldo: 12 heridos, dos hospitalizados y una sociedad cada vez más cercada por el protocolo represivo de Patricia Bullrich bajo el aval de Javier Milei.
La postal frente al Congreso de la Nación no deja margen de dudas: la política de seguridad del gobierno de Javier Milei es una política de amedrentamiento. Casi mil efectivos, entre las cuatro fuerzas federales y la Policía de la Ciudad, fueron enviados para contener a un grupo reducido de jubilados que cada miércoles repite la misma acción: reclamar por sus derechos básicos. El resultado fue un operativo desproporcionado, violento y cargado de cinismo.
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad lo calificó como un uso ilegítimo, desmedido y sin justificación de la fuerza. Lo cierto es que el saldo fue de 12 personas heridas por los gases y dos internadas en el Hospital Ramos Mejía: un reportero digital golpeado en la cabeza y una jubilada que cayó al suelo tras recibir un palo. La represión no discriminó entre adultos mayores, manifestantes o trabajadores de prensa: todos fueron blanco de la violencia.
“Cuando nos despedimos los miércoles no sabemos en qué condiciones volvemos o si volvemos”, relató con crudeza Ana Tapia, una de las jubiladas que participa semana tras semana. Esa frase sintetiza el nivel de hostigamiento que enfrenta un sector históricamente vulnerable y hoy convertido en enemigo interno de un gobierno que prefiere gastar recursos en gases lacrimógenos antes que en medicamentos.
El despliegue fue grotesco: 700 agentes federales y 200 de la Policía porteña, con camiones hidrantes y motos apostadas en las calles aledañas. La Comisión Provincial por la Memoria denunció que se trata de una represión sistemática, cruel y con intención de dañar. Un dato no menor: no hubo agresiones hacia las fuerzas, por lo que la violencia estatal carece de cualquier justificación.
En este clima de brutalidad, los jubilados se mantienen firmes. “No nos queda otra que estar en la calle y espero que el gobierno tenga sensibilidad”, sostuvo Walter Piriz, cansado de la saña oficial. La respuesta, hasta ahora, es la misma: palos, gases y más efectivos.
Lo que ocurrió ayer frente al Congreso no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia política que coloca la represión como método de gestión. La narrativa oficial insiste en el orden, pero los hechos demuestran que se trata de disciplinamiento social y castigo a quienes se animan a cuestionar al poder. La democracia se erosiona cada vez que un jubilado termina en el hospital por reclamar lo que le corresponde.
A pesar de la violencia, los manifestantes aseguran que no retrocederán. “Podemos tener cualquier sensación menos miedo porque lo que defendemos son derechos”, subrayó Ana. Y ese mensaje, simple y contundente, revela una verdad incómoda para el oficialismo: mientras Milei y Bullrich invierten en represión, los jubilados siguen invirtiendo lo único que les queda, su propio cuerpo, en la lucha por la dignidad.
Fuente
.https://www.pagina12.com.ar/860569-volvio-el-protocolo-represivo-de-bullrich
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