El Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal contra el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, acusándolo de “amenazar” al Gobierno tras sus críticas a la reforma laboral. La ofensiva judicial se enmarca en un clima de creciente confrontación con el sindicalismo.
La cartera de Patricia Bullrich, a través del abogado Fernando Soto, formalizó una acusación basada en los artículos 226 y 226 bis del Código Penal. El Gobierno interpreta declaraciones del dirigente estatal como un intento de “provocar la crisis del Gobierno”. La reacción oficial profundiza el choque entre la gestión de Javier Milei y los gremios en medio de la discusión por una reforma laboral sin consensos.
El Gobierno de Javier Milei volvió a tensar la relación con el movimiento sindical. Esta vez, la ofensiva llegó en forma de denuncia penal contra el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar. El Ministerio de Seguridad Nacional, conducido por Patricia Bullrich, acusó al dirigente de “atentar contra el orden constitucional y la vida democrática”, una figura penal de extrema gravedad que expone el clima político en el que intenta avanzar la administración libertaria con su reforma laboral.
El documento, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, fue presentado por el abogado Fernando Oscar Soto, quien afirmó que actuó por “orden expresa” de Bullrich. Allí asegura que Aguiar incurrió en un delito al afirmar públicamente: “Mi trabajo, nuestro trabajo, es provocar la crisis de este gobierno”. La frase fue pronunciada en el marco de un reportaje sobre el inminente envío al Congreso del proyecto de reforma laboral que impulsa Milei, un texto todavía rodeado de borradores, trascendidos y contradicciones internas.
Para el Gobierno, esas declaraciones constituyen una “amenaza pública e idónea” dirigida a impedir que el Presidente pueda ejercer sus facultades constitucionales. Según Soto, Aguiar habría instado a “poner en crisis” al Gobierno, afectando el mandato popular. Se trata de una interpretación rígida, casi forzada, que transforma una frase política —dura, sin duda— en un supuesto ataque contra las instituciones.
Resulta imposible ignorar la carga emocional que atraviesa la denuncia. El escrito no se limita a describir hechos ni a ofrecer un análisis jurídico: construye una imputación que busca mostrar al sindicalismo estatal como una amenaza y no como un actor político legítimo. La estrategia coincide con la narrativa oficial que desde el inicio del gobierno intenta presentar a sindicatos, universidades, movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos como obstáculos para “el cambio”.
Pero la situación es más compleja. No existe un proyecto final de reforma laboral circulando formalmente; lo que hay, como señaló el dirigente de la CGT Jorge Sola en otro tramo de la cobertura de Agencia NA, son versiones cruzadas, rumores y borradores que el propio Ejecutivo filtra y desmiente. La denuncia contra Aguiar ocurre, entonces, en un marco de incertidumbre institucional donde las reglas del juego no están claras.
La administración Milei parece apostar por una mezcla peligrosa: disciplinamiento judicial y presión mediática. Al acusar penalmente a un dirigente gremial por declaraciones políticas, el Gobierno introduce un precedente alarmante. La democracia argentina sostiene hace décadas que la protesta, la crítica y la confrontación discursiva forman parte del debate público. Sin embargo, el Ministerio de Seguridad pretende convertir ese ejercicio en un delito equiparable a un atentado contra el orden constitucional.
Es difícil no leer esta denuncia como un intento de intimidación y un mensaje hacia todo el sindicalismo. La frase de Aguiar puede resultar explosiva, exagerada o incluso imprudente, pero la respuesta del Gobierno es desproporcionada y revela un enfoque punitivista que prioriza la persecución sobre el debate democrático. En un contexto donde la conflictividad social crece y las medidas de ajuste impactan sobre salarios, empleo, sectores vulnerables y servicios públicos, abrir una causa penal contra un dirigente gremial no parece destinado a resolver nada, sino a escalar la tensión.
El propio escrito firmado por Soto reconoce la gravedad de la figura penal que se intenta aplicar: los artículos 226 y 226 bis del Código Penal están diseñados para delitos gravísimos, vinculados a intentos reales de subvertir el orden constitucional. Equiparar esa figura a una declaración en un reportaje resulta, cuanto menos, un salto jurídico arriesgado. El Gobierno, en lugar de buscar canales de diálogo o espacios institucionales para discutir la reforma laboral, opta por judicializar las tensiones y convertir a los líderes sindicales en enemigos del Estado.
La denuncia cierra con un pedido formal: iniciar un sumario penal contra el titular de ATE. Es un paso que, de avanzar, configuraría una escalada institucional sin precedentes en la era Milei. Porque una cosa es discutir política, confrontar ideas o negociar reformas; otra muy distinta es considerar delito cualquier expresión sindical que incomode al poder.
Lo que está en juego no es solo la figura de Aguiar. Se discute el alcance real del derecho a la protesta y el tipo de democracia que el Gobierno pretende consolidar. ¿Una donde la palabra crítica se judicializa? ¿Una donde los sindicatos pueden ser llevados a tribunales por cuestionar una reforma laboral? ¿Una donde el debate público es reemplazado por denuncias penales? La respuesta, aunque incierta, asoma inquietante.
En este punto, la denuncia también expone la lógica de la ministra Bullrich, quien desde su llegada al gabinete ha promovido un enfoque de seguridad interior que no distingue entre conflicto social y delito penal. Bajo esta visión, la protesta se equipara a la amenaza, y la oposición sindical a un intento de desestabilización. Una lectura peligrosa en un país que ha construido su sistema democrático sobre la base del pluralismo y la negociación.
La ofensiva judicial contra Aguiar se suma a un clima general donde el Gobierno avanza con una reforma laboral sin consensos, donde ni empleadores ni trabajadores conocen los detalles y donde la propia CGT denuncia improvisación y falta de diálogo. En ese escenario, la denuncia aparece como un movimiento político más que jurídico: un intento de disciplinar y advertir.
La democracia requiere debates incómodos, pero libres. Y requiere sindicatos fuertes, no amedrentados. El Gobierno debería recordar que la historia argentina demuestra que criminalizar la protesta nunca resolvió una crisis, pero sí abrió otras más profundas.
Fuente
.https://noticiasargentinas.com/politica/el-ministerio-de-seguridad-denuncio-al-secretario-general-de-ate-por–atentar-contra-el-orden-constitucional-_a691b30f45a069656dafeac70?output=amp
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