Un pedido inédito desde el Ministerio de Seguridad expone el avance del gobierno de Javier Milei contra el periodismo crítico
El gobierno de Javier Milei, a través de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, dio un paso que parece sacado de los manuales de la censura: solicitar el allanamiento de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico por haber difundido los audios filtrados de Karina Milei. Un hecho insólito, tan brutal como simbólico, que marca la ofensiva de un poder político contra quienes cumplen la tarea de informar y poner bajo la lupa lo que el poder quiere mantener oculto. El escrito fue presentado por el abogado Fernando Soto, representante legal del Ministerio de Seguridad, ante la justicia federal de Comodoro Py, específicamente en el Juzgado Federal 12, actualmente subrogado por Julián Ercolini y con intervención del fiscal Carlos Stornelli.
El trasfondo no es menor: los audios filtrados involucran directamente a Karina Milei y a su entorno en la causa por coimas y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad, donde se investiga un entramado de corrupción que golpea al corazón mismo del gobierno libertario. Sin embargo, en lugar de dar explicaciones públicas sobre este escándalo que salpica a la hermana del presidente y a figuras cercanas como Lule Menem, el oficialismo eligió cargar contra los mensajeros. Así, el foco se corre de la corrupción estatal hacia la criminalización del periodismo.
El pedido de Bullrich no es un gesto aislado, sino parte de una estrategia calculada para sembrar miedo. Mauro Federico ya se presentó ante la justicia en otra causa vinculada al mismo escándalo, aportando información sin violar el secreto profesional ni revelar sus fuentes, tal como establece la ley y el derecho constitucional que protege a la prensa. Aun así, el Ministerio de Seguridad exige allanar domicilios, una medida extrema que ni siquiera en los momentos más duros de la democracia se había planteado de manera tan explícita contra periodistas. Se trata de un intento de disciplinamiento: un mensaje directo de “no investigues, porque te puede costar caro”.
La ofensiva del gobierno se da en simultáneo con otro hecho que roza lo siniestro. Jorge Rial denunció que durante el fin de semana un Falcon verde —símbolo de la represión y de los crímenes de la dictadura— apareció estacionado frente a su casa, con un hombre en su interior que lo observaba fijamente y enviaba mensajes desde su celular. Una imagen que despierta la memoria más oscura de la Argentina y que no puede interpretarse como una simple coincidencia. Rial lo contó en Radio 10 con crudeza: ese Falcon no era un auto cualquiera, era un recordatorio del miedo como herramienta política. El mensaje fue claro: la democracia se erosiona cuando el periodismo es vigilado y amedrentado.
El gobierno intenta justificar el pedido de allanamiento en el marco de la denuncia por “violación a la ley de inteligencia”, alegando espionaje ilegal contra Karina Milei. Pero resulta llamativo que mientras se avanza a toda velocidad en este expediente, las causas que investigan los sobreprecios millonarios en medicamentos y las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad queden en un segundo plano. La indignación se multiplica cuando se observa que la ministra Bullrich parece más preocupada por perseguir periodistas que por esclarecer los manejos turbios dentro de su propia gestión y de la familia presidencial.
El pedido judicial expone también la complicidad de sectores de Comodoro Py. No es un detalle menor que el fiscal a cargo sea Carlos Stornelli, de estrecha vinculación política con figuras del mismo arco ideológico al que hoy responde el oficialismo. La pregunta es inevitable: ¿qué margen de independencia puede esperarse de una justicia que tantas veces se mostró permeable a los intereses del poder? Este entramado de política y tribunales, tan habitual en la Argentina, ahora se combina con un embate directo contra la libertad de prensa.
La gravedad del caso es múltiple. Por un lado, porque se busca responsabilizar a periodistas por la difusión de información de interés público, cuando el verdadero foco debería estar puesto en el origen de la corrupción denunciada. Por otro, porque se erosiona un principio fundamental: el secreto de las fuentes. Nadie puede obligar a un periodista a revelar el origen de la información, del mismo modo en que no se puede criminalizar a quien cumple con su rol de informar. Comparar esta situación con el caso Watergate resulta inevitable: en Estados Unidos nadie se atrevió a allanar la casa de los reporteros que destaparon el escándalo. En la Argentina de Milei, en cambio, esa posibilidad se transforma en realidad.
El ataque a la prensa no se puede desligar de un contexto más amplio de persecución y represión. Lo vimos en las calles con la criminalización de las manifestaciones pacíficas, lo vimos en el hostigamiento a dirigentes sindicales y sociales, y ahora lo vemos en el intento de callar a los periodistas que ponen en evidencia las miserias del poder. Se trata de un modelo autoritario que pretende disciplinar a la sociedad por la vía del miedo. Como dijo un periodista en C5N, “allanar a un periodista es una barbaridad”. Y lo es, porque no solo vulnera derechos individuales, sino que ataca directamente a la democracia.
No se trata únicamente de la libertad de Jorge Rial o de Mauro Federico. Se trata del derecho de toda la ciudadanía a estar informada sin que el poder decida qué se puede difundir y qué no. El gobierno quiere instalar la idea de que investigar a la familia Milei es un acto peligroso, casi un sacrilegio, y que quienes se animen a hacerlo deberán enfrentar consecuencias. La democracia argentina ya vivió épocas en las que un Falcon verde en la puerta era la antesala del terror. Pretender reinstalar ese clima desde el propio Estado es un retroceso inadmisible.
La conclusión es clara: mientras el país atraviesa un escándalo de corrupción por sobreprecios y coimas en discapacidad, el gobierno desvía la atención persiguiendo a los periodistas que se atreven a contar lo que incomoda. Patricia Bullrich, desde el Ministerio de Seguridad, se convierte en la cara visible de esta avanzada, con la firma de su hombre de confianza, Fernando Soto, y la connivencia de un sector del poder judicial. Pero el tiro puede salir por la culata: cuanto más se intente silenciar a la prensa, más evidente quedará que detrás del show de los allanamientos se esconde la incapacidad del gobierno de Milei para dar explicaciones sobre los verdaderos escándalos que lo rodean.
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