Bullrich, Milei y el ejército invisible: El plan para formar infiltrados y espiar la protesta social

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Patricia Bullrich avanza en la creación de una red de agentes encubiertos mientras el gobierno de Javier Milei institucionaliza la formación académica de infiltrados. Una trama que revive fantasmas, despierta temores y plantea serios interrogantes sobre democracia y libertades en la Argentina actual. Entre decretos, resoluciones y la audacia política de Patricia Bullrich, el gobierno libertario impulsa un aparato de espionaje interno que promete “profesionalismo” pero amenaza con recortar derechos, perseguir disidencias y sembrar un clima asfixiante. ¿Hasta dónde llega el verdadero plan detrás de esta maquinaria secreta?

Patricia Bullrich, ministra que nunca se resigna al bajo perfil, vuelve a moverse con su impronta de halcón y cierta fascinación por los métodos duros. Esta vez, su obsesión lleva nombre y apellido: la creación de un ejército de agentes encubiertos dispuesto a mezclarse entre manifestantes, organizaciones sociales, sindicales o cualquier espacio donde detecten “peligros a la seguridad”. Mientras tanto, el gobierno de Javier Milei le da sustento institucional a esta deriva, aprobando la formación de un Consejo Académico orientado a profesionalizar las técnicas de infiltración. Es un engranaje que suena a vieja película de espionaje, pero con actores bien de carne y hueso que pisan las calles argentinas de 2025.

Bullrich no se anda con vueltas. Ya blanqueó públicamente su plan: “Necesitamos que no se sepa quién es quién”, dijo, casi con un dejo de orgullo, mientras anunciaba cursos específicos en la Escuela de Inteligencia Criminal de Gendarmería Nacional, un espacio que hasta ahora solo entrenaba a personal estrictamente policial. Lo nuevo es que, bajo la administración libertaria, este esquema se amplía y se reviste de un halo académico, casi como si se tratara de una carrera universitaria. Un Consejo integrado por especialistas será el responsable de diseñar programas educativos para enseñar a los futuros infiltrados no solo a pasar desapercibidos, sino a construir identidades falsas, generar vínculos y recolectar datos sin dejar huellas.

Por si hiciera falta confirmación de lo que se cocina en las sombras, el Boletín Oficial publicó la resolución 391/2024 que detalla la creación de este Consejo Académico bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. Allí se estipula que la función central será “el asesoramiento en contenidos curriculares y formación técnica” para “la formación y capacitación de recursos humanos en técnicas de operaciones encubiertas e inteligencia criminal”. Es decir, el Estado argentino invierte tiempo, dinero y estructura burocrática en perfeccionar espías para tareas internas. Así, lo que bajo gobiernos democráticos se entendía como herramienta excepcional, bajo Milei amenaza con institucionalizarse como una política permanente.

El discurso de Bullrich gira en torno a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, argumentos que suenan razonables a primera vista. Sin embargo, la historia argentina está repleta de ejemplos donde la excusa de “defender la seguridad” terminó derivando en persecuciones políticas y espionaje sobre opositores, periodistas, sindicalistas y movimientos sociales. Bullrich asegura que “los infiltrados estarán sometidos a control judicial”, pero la letra chica de las resoluciones habla de “reservas” y “confidencialidad”, términos que, en la práctica, pueden cubrir cualquier maniobra bajo el manto del secreto.

La ministra no oculta su entusiasmo: reveló que sus agentes encubiertos deberán entrenar en habilidades sociales, en psicología de grupos, en manejo de redes sociales y hasta en técnicas de infiltración digital. “Tienen que estar en el lugar donde se genera el delito”, repite Bullrich, y deja flotando la idea de que todo espacio de disidencia o protesta podría, eventualmente, ser considerado un foco de crimen. Porque la frontera entre delito y protesta, en su retórica, aparece cada vez más difusa.

En paralelo, el gobierno de Javier Milei se muestra decidido a convertir en norma lo que antes se hacía en las sombras. Con el nuevo Consejo Académico, pretenden dotar de “mayor profesionalismo y eficiencia” a las operaciones encubiertas. Detrás de ese lenguaje tecnocrático se esconde un debate más profundo: ¿quién define cuáles son las amenazas que justifican infiltrar un grupo social? ¿Quién controla los límites éticos y legales de esos agentes? En una Argentina que atraviesa fuertes tensiones sociales por los brutales ajustes económicos y las protestas crecientes contra el Gobierno, la preocupación no es menor. Porque la tentación de espiar opositores o movimientos sociales no es un riesgo abstracto: tiene nombres, víctimas y antecedentes dolorosos.

Bullrich, que ya fue ministra durante el macrismo, profundiza ahora un proyecto que venía acariciando desde entonces. En su momento, creó el Registro de Agentes Reveladores y de Agentes Encubiertos, pero ahora lo impulsa con más recursos y con la bendición política de Milei. El mensaje oficial es que se busca “combatir el narcotráfico y las mafias”. Pero en voz baja, fuentes de seguridad reconocen que también se espera utilizar estos cuadros para “prevenir desbordes” en protestas sociales, cortes de ruta o tomas de universidades. No es casualidad: mientras se masifican las movilizaciones en defensa de la universidad pública, Bullrich declara que “no se puede tolerar el caos ni la toma de espacios públicos”. Todo cuadra peligrosamente.

La jugada no es menor. Al institucionalizar un aparato de espías domésticos, el Gobierno está corriendo la línea roja de lo permitido en democracia. Desde organismos de derechos humanos hasta sectores judiciales ya se alzan voces de alerta. Nadie discute que hay delitos complejos que requieren inteligencia encubierta. Pero el riesgo es gigantesco cuando el poder político se obsesiona con el control social y empieza a mirar con recelo cualquier forma de protesta.

Bullrich se muestra convencida de que la seguridad es la prioridad absoluta. Milei, por su parte, ve en este esquema un modo de blindarse ante la creciente conflictividad social que sus propias políticas están generando. Así, la Argentina se asoma a un nuevo capítulo donde el Estado se equipa para espiar a su propia sociedad, mientras las libertades civiles se ven asediadas bajo la bandera de la seguridad. Los infiltrados ya están alistándose y, lo inquietante, es que podrían estar entre nosotros, sin que lo sepamos.

Tal vez la pregunta más escalofriante sea la más simple: ¿quién nos vigila mientras ellos nos vigilan?

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