Irlanda se planta: Prohíbe el comercio con asentamientos israelíes en Cisjordania y desafía a la Unión Europea

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Mientras Europa mira hacia otro lado, Irlanda avanza como el primer país de la UE en vetar importaciones desde territorios ocupados por Israel. Detrás de la decisión, se encienden tensiones diplomáticas y un grito contra lo que el gobierno irlandés califica de “actividad genocida”.

Irlanda ha decidido alzar la voz, aunque a más de uno en Bruselas se le ericen los pelos de la nuca. En una jugada sin precedentes dentro de la Unión Europea, el gobierno irlandés prohíbe oficialmente el comercio de bienes procedentes de los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este, territorios que, según la Corte Internacional de Justicia, Israel ocupa de forma ilegal. La decisión no es un globo de ensayo ni una mera declaración de intenciones: es ley en camino de plena vigencia, con consecuencias penales y aduaneras para quienes la incumplan.

El paso que ha dado Dublín es, para muchos, una bofetada al statu quo europeo, siempre tan hábil para emitir comunicados ambiguos pero tan reticente a mancharse las manos con sanciones reales. Simon Harris, el Primer Ministro irlandés (Taoiseach) y titular de Exteriores, lo expresó con palabras que retumban: “Estamos hablando en contra de la actividad genocida en Gaza”. Un término durísimo, cargado de implicancias, que deja poco margen para la tibieza diplomática.

El Primer ministro irlandés Simón Harris

La raíz jurídica de esta decisión es clara: en 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinó que los asentamientos israelíes violan el derecho internacional, en concreto el sexto párrafo del Artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra. Dicho artículo prohíbe a una potencia ocupante trasladar parte de su población civil al territorio que ocupa. En otras palabras, para la CIJ —y ahora para Irlanda— esos asentamientos son ilegales, y comerciar con bienes que de allí provengan es, en la práctica, legitimar una ocupación ilícita.

Irlanda, pues, decidió no mirar para otro lado. Harris ha sido categórico: “El Gobierno acordó impulsar una legislación que prohíba el comercio de bienes con los asentamientos ilegales en los territorios palestinos ocupados. El Gobierno considera que se trata de una obligación en virtud del derecho internacional”. La ley irlandesa alcanza bienes como frutas, verduras o madera, pero no incluye, por ahora, servicios como turismo o tecnologías informáticas, aunque hay presión política —y legal— para que la prohibición se amplíe.

El nuevo marco legal no es un simple papel mojado. Una vez implementado, cualquier importación proveniente de esos territorios será considerada infracción a la Ley Aduanera de 2015, lo que habilitará a las autoridades a buscar, incautar y confiscar la mercadería. Y la forma de identificar esos productos será mediante el sistema de códigos postales de los asentamientos israelíes, herramienta que la propia Unión Europea ya utiliza para distinguir entre productos israelíes legítimos y los procedentes de territorios ocupados.

Pero Irlanda no actúa en un vacío. Es imposible separar esta decisión del contexto político más amplio: la cruenta guerra en Gaza, que ya dejó miles de muertos y heridos, y que mantiene al planeta entero en vilo. La escalada bélica ha colocado bajo una lupa el comercio y los acuerdos con Israel, y ha abierto grietas dentro de la UE. España, por ejemplo, pidió un embargo de armas contra Tel Aviv, e incluso la suspensión del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y el Gobierno israelí. Sin embargo, hasta ahora, las palabras españolas no se han transformado en medidas concretas.

En contraste, Irlanda ha optado por la vía de los hechos. Y lo ha hecho sin disimular su intención de que otros países europeos se sumen a la movida. Harris ha declarado que el “verdadero beneficio” de esta legislación será inspirar a otros estados miembros a tomar medidas semejantes. “Cada país debe usar todas las herramientas a su disposición”, insistió.

No es, sin embargo, un terreno libre de controversias. Alan Shatter, ex Ministro de Justicia y Defensa de Irlanda y de origen judío, estalló en críticas contra el gobierno de Harris, acusándolo de antisemitismo por promover lo que califica como un boicot a productos “producidos por judíos”. Incluso ironizó sobre las siglas en inglés de la ley (PIGS, por Prohibition of Importation of Goods from Settlements), tachando al gobierno irlandés de “tonto” y asegurando que la normativa es ilegal bajo el derecho comunitario europeo. Shatter sostuvo que es la primera vez desde la derrota del nazismo que un país europeo impulsa una ley que “criminaliza la importación de bienes producidos por judíos”.

Pero Harris y su gobierno no parecen amilanarse. Para ellos, la medida es una cuestión de coherencia moral y de respeto al derecho internacional. Irlanda, Noruega y España ya reconocieron formalmente al Estado de Palestina en mayo de 2024, y un mes después lo hizo Eslovenia. La legislación irlandesa se inscribe, pues, en una estrategia política más amplia que pretende enviar un mensaje potente: no se puede mantener relaciones comerciales normales con un país que viola sistemáticamente el derecho internacional.

Aunque todavía se está discutiendo en comités parlamentarios, Harris ha dejado en claro que Irlanda está dispuesta a incluir incluso los servicios en el veto comercial, siempre y cuando los detalles legales sean solventes. La senadora Frances Black, impulsora del proyecto original en 2018, no se cansa de repetirlo: “Necesitamos acciones urgentes ya”. Para ella, no basta con discursos solidarios o tuits indignados.

Mientras tanto, en Bruselas, reina el silencio. Harris ha lamentado públicamente que la Unión Europea aún no haya dado “una respuesta adecuada” tras la Opinión Consultiva de la CIJ de 2024. Junto a ministros de otros ocho países —Bélgica, Finlandia, Luxemburgo, Polonia, Portugal, Eslovenia, España y Suecia—, Irlanda presiona a la Comisión Europea para que proponga un plan concreto para interrumpir el comercio con los asentamientos israelíes. Hasta ahora, la Comisión no ha mostrado voluntad de mover ficha.

Pero, ¿qué consecuencias podría tener esta ley irlandesa? A corto plazo, es probable que genere roces diplomáticos con Israel, que ya ha calificado de “lamentable” que Irlanda impulse medidas mientras “Israel está luchando contra una amenaza existencial”. Además, la normativa podría abrir un frente legal con Bruselas si la Comisión Europea decide que el veto viola las reglas del mercado único europeo. Pero Irlanda parece dispuesta a enfrentar el costo político.

En definitiva, Irlanda ha dejado de lado la cómoda hipocresía europea. Mientras la Unión Europea se consume en declaraciones retóricas sobre derechos humanos, Dublín ha convertido en ley lo que otros solo susurran en pasillos diplomáticos: comerciar con asentamientos ilegales es ser cómplice de la ocupación. Es una medida arriesgada, sí. Puede costarle caro en el terreno político y económico, sin duda. Pero también es, a ojos de muchos, un acto de dignidad que obliga al resto de Europa a definirse.

Porque, al final, la pregunta es incómoda pero inevitable: ¿cuánto más se puede comerciar con quien perpetúa la ocupación y la violencia? Irlanda, al menos, ha dado su respuesta. Y ha puesto a Europa en la encrucijada.

Fuentes: