El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil dictó este jueves una condena histórica contra el expresidente Jair Bolsonaro, sentenciándolo a 27 años y tres meses de prisión por intentar dar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva. La decisión, tomada por la Primera Sala del tribunal por 4 votos a 1, alcanza también a siete excolaboradores cercanos del ultraderechista, incluyendo exministros y jefes de las Fuerzas Armadas.
El fallo del STF marca un hito en la historia política brasileña, al responsabilizar a Bolsonaro como “jefe” de una organización criminal que buscaba perpetuarlo en el poder y quebrar el estado democrático de derecho. La trama, según la Fiscalía General, se gestó desde junio de 2021 y combinó campañas de desprestigio contra las instituciones, atentados frustrados, protestas violentas y la presión directa sobre los cuarteles del Ejército para impedir la investidura de Lula, que finalmente asumió el 1 de enero de 2023.
Entre los condenados se encuentran Alexandre Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia; Almir Garnier, excomandante de la Marina; Anderson Torres, exministro de Justicia; Augusto Heleno, exministro de Seguridad Institucional; Mauro Cid, exasesor presidencial; Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa; y Walter Souza Braga Netto, exjefe del Estado Mayor. Los jueces aún definirán la duración exacta de sus penas.
Cristiano Zanin, presidente de la Primera Sala y exabogado de Lula, subrayó en su voto que “las pruebas permiten concluir que los acusados pretendían romper el estado democrático de derecho”, y su posición fue respaldada por Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia y Flávio Dino. Solo Luiz Fux se pronunció en contra de continuar el proceso. La condena, inapelable ante el pleno del STF, sella la responsabilidad directa de Bolsonaro en un intento de golpe que sacudió a Brasil y redefinirá el futuro de la ultraderecha en el país.
La sentencia llega tras un largo proceso de investigación que documentó la escalada de violencia y conspiración que rodeó los últimos meses de la presidencia de Bolsonaro, incluyendo la ocupación violenta del Palacio de Planalto y del Congreso por seguidores radicales. La Justicia brasileña apunta así a establecer un límite claro frente a intentos de socavar la democracia, dejando en evidencia que la impunidad no será tolerada para quienes busquen desestabilizar el orden constitucional.
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