La trampa del «orden» libertario: el hambre como disciplina y la erosión sistemática del salario. El espejismo de la desinflación se edifica sobre el sacrificio innegociable de la clase trabajadora, consolidando un modelo de exclusión donde las planillas de Excel cierran con la gente afuera.
La frialdad de los números oficiales ha dictado su sentencia de enero: el modelo de Javier Milei no es más que una maquinaria de transferencia de recursos desde los bolsillos populares hacia el capital concentrado. Bajo el pomposo rótulo de «libertad», lo que se ha liberado en realidad es la capacidad de los precios para devorar la existencia de las familias argentinas. Los ingresos registrados, aquellos que en teoría gozan de la protección de paritarias y marcos legales, volvieron a morder el polvo frente a una inflación que no da tregua, consolidando una pérdida estrepitosa del 7,9% del poder adquisitivo en apenas dos años de gestión. No es un error de cálculo ni una herencia maldita; es el diseño deliberado de un esquema que utiliza el hambre como herramienta de disciplina social.
En este enero de 2026, mientras el discurso oficial intenta vender un «amesetamiento» como si fuera un éxito rotundo, la realidad es que los salarios apenas subieron un 2% promedio. En la otra vereda, los precios —esos que el gobierno dejó correr al quitar subsidios y desregular hasta el aire— treparon casi un 3%. El desfasaje es una herida abierta que sangra por quinto mes consecutivo. Es indignante ver cómo el sector público, el blanco predilecto del odio libertario, es el más castigado con ajustes que apenas rozan el 1,7% o 1,8%. Estamos ante «salarios de hambre» que condenan a profesionales de la salud, docentes y administrativos a una supervivencia precaria, mientras se les exige eficiencia en un Estado que el propio presidente se jacta de querer destruir desde adentro.
La crueldad del modelo se manifiesta en una doble velocidad perversa. Por un lado, una inflación interanual que roza el 32,4% y, por el otro, salarios que con suerte llegan al 29%. Esa brecha de más de tres puntos porcentuales no es solo estadística: es la carne que falta en la mesa, es el medicamento que no se compra, es el alquiler que se vuelve impagable. Y si esto sucede en el mundo del trabajo registrado, el panorama para los informales es directamente dantesco. Aquellos que sobreviven en la «negritud» laboral, sin el paraguas de un sindicato, han visto retrocesos de doble dígito, sumergiéndose en una pobreza estructural de la que el mercado, ese dios sordo y ciego, no los va a rescatar.
Este «sinceramiento» de precios del que tanto hablan los tecnócratas de la Casa Rosada no ha sido otra cosa que un saqueo organizado. Al reventar los subsidios en tarifas y transporte, el gobierno ha confiscado el ingreso disponible de los hogares para pagar deudas y garantizar el superávit fiscal. Es una paz de cementerio. El consumo masivo se desplomó un 6,3% en febrero porque, simplemente, no hay con qué. La gente ya no solo no ahorra, sino que se está endeudando para comer: la morosidad en créditos familiares ha llegado a niveles récord, superando el 27% en entidades no financieras. Es el naufragio de la clase media y el hundimiento definitivo de los sectores más vulnerables.
Como si el hambre no fuera suficiente, el modelo se complementa con la amenaza del desempleo, que ya trepó al 7,5%. En dos años de experimento libertario, se han destruido cerca de 290.000 puestos de trabajo registrados. Cada persiana que baja —unas 30 pymes por día— es un sueño que se apaga y una familia que queda a la deriva. La respuesta oficial ante este desastre es una reforma laboral que huele a siglo XIX: extender periodos de prueba, facilitar despidos sin indemnización y limitar el derecho a huelga. Quieren trabajadores sumisos, baratos y sin derechos, bajo la falsa promesa de que la «flexibilidad» generará empleo. La historia ya nos enseñó que estas recetas solo generan miseria y exclusión.
La Argentina de Milei se ha vuelto un país prohibitivo. El costo de vida en dólares ha subido de tal manera que hoy somos una nación cara para vivir pero con salarios de miseria. La capacidad de compra de bienes esenciales ha caído un 17,4% respecto a años anteriores. Antes, un salario promedio permitía comprar seis canastas básicas; hoy, con suerte, llega a cinco. Esa diferencia es la medida exacta del fracaso de un modelo que desprecia la justicia social y la solidaridad. Mientras el 84% de la población siente que sus ingresos pierden la carrera contra los precios, el gobierno sigue festejando números macroeconómicos que se escriben con la tinta del sufrimiento popular. Es hora de decir basta a esta lógica de mercado que trata a los seres humanos como variables de ajuste.
